La ciudad de Nueva York demandó a varias redes sociales por “alimentar la crisis de salud mental juvenil”

NUEVA YORK.– Los ímprobos esfuerzos de la ciudad de Nueva York por atajar la epidemia de sucesos protagonizados por personas con trastornos mentales –en el metro, en las calles, en los hogares; una oleada imparable después de la pandemia– han hallado una nueva vía para manifestarse. La Gran Manzana ha presentado ayer una denuncia contra TikTok, Meta, Snap y YouTube, de Google, “por alimentar la crisis nacional de salud mental juvenil”, ha anunciado el alcalde, Eric Adams.

La demanda, presentada en el Tribunal Superior de California por la ciudad de Nueva York, el Departamento de Educación y la Corporación de Salud y Hospitales de la Ciudad de Nueva York –de quien dependen los extenuados servicios de salud mental–, alega que estas compañías manipulan y crean adicción intencionadamente a los usuarios más jóvenes, manteniéndolos atentos a sus plataformas y provocando en sus comportamientos efectos no deseables y a la postre nocivos para el desarrollo de la personalidad y la propia convivencia con su entorno.

La acusación se basa en tres cargos, según las leyes del Estado de Nueva York: negligencia, negligencia grave y alteración del orden público. Los demandantes solicitan un juicio con jurado, cambios en la política de las empresas y una reparación económica. Según la demanda, los trastornos de conducta supuestamente provocados por la adicción a las citadas plataformas han generado una carga financiera y una crisis adicional para la ciudad, con repercusión en escuelas, hospitales y otras comunidades. En una rueda de prensa, el demócrata Adams describió a los adolescentes neoyorquinos como criaturas constantemente desesperadas por la ansiedad; pegadas a sus teléfonos y con mal rendimiento escolar, además de perder habilidades sociales y pautas para la convivencia como resultado de la adicción a las pantallas.

Atajar la crisis de salud mental de la ciudad ha supuesto para el alcalde Adams un quebradero de cabeza desde el minuto cero de su mandato. Lo ha intentado de todas las maneras posibles, con un refuerzo de patrullas policiales en el metro –un epicentro del fenómeno, al servir de amparo a muchos indigentes, especialmente afectados– o incluso con el internamiento forzoso en instituciones de las personas con síntomas claros de desequilibrio, una medida muy criticada por ONG, especialistas y grupos de familiares de afectados. Pero situar en la diana a las tecnológicas supone una novedad, sobre todo en una ciudad construida “sobre la innovación y la tecnología”, ha dicho Adams mediante un comunicado. No obstante, señala el regidor, “muchas plataformas de medios sociales terminan poniendo en peligro la salud mental de nuestros hijos, promoviendo la adicción y fomentando comportamientos inseguros”.

“Estamos tomando medidas audaces en nombre de millones de neoyorquinos para responsabilizar a estas empresas por su papel en esta crisis, y trabajando para hacer frente a este peligro para la salud pública”, una realidad especialmente maltrecha por los estragos de la pandemia. “Esta demanda y el plan de acción son parte de un ajuste más amplio que dará forma a las vidas de nuestros jóvenes, nuestra ciudad y nuestra sociedad en los próximos años.”

Inquietud tecnológica

Nueva York no es sin embargo la avanzadilla de la inquietud tecnológica. A falta de nuevas leyes federales que protejan a los niños en Internet, o al menos de normas que se adapten al ritmo vertiginoso de las innovaciones, cada vez son más frecuentes en todo el país las demandas para exigir responsabilidades a las empresas, interpuestas por distritos escolares (la red de escuelas públicas de Seattle y un par de condados de California, entre otros, lo hicieron hace tiempo), grupos de padres que afirman que sus hijos se han visto perjudicados por las redes sociales e incluso algunos fiscales, como los de 41 Estados que en octubre denunciaron de manera conjunta a Meta. Uno de los argumentos en los que se basan esas demandas es la intencionalidad expresa de las tecnológicas, para crear adicción a propósito como en su día hiciera la industria del tabaco con la incorporación de aditivos.

“Queremos que los adolescentes tengan experiencias seguras y adecuadas a su edad en Internet, y tenemos más de 30 herramientas y funciones para ayudarles a ellos y a sus padres. Llevamos una década trabajando en estos temas y contratando a personas que han dedicado sus carreras a mantener a los jóvenes seguros y amparados en Internet”, ha dicho Andy Stone, portavoz de Meta, en respuesta a la demanda, cuyos términos considera infundados. “En colaboración con expertos en juventud, salud mental y crianza, hemos creado servicios y políticas para ofrecer a los jóvenes experiencias apropiadas para su edad y a los padres, controles sólidos”.

“TikTok tiene salvaguardas líderes en la industria para apoyar el bienestar de los adolescentes, incluyendo características restringidas por edad, controles parentales, un límite de tiempo automático de 60 minutos para usuarios menores de 18 años, y otras protecciones”, declaró un portavoz de la compañía, citado por el portal Axios.

La reciente comparecencia en el Capitolio de los responsables de las tecnológicas Meta, TikTok, X, Snap y Discord, la última de una larga lista, es el precedente más inmediato de la demanda de Nueva York, pero no el único. En la audiencia, los miembros del Congreso interrogaron durante cuatro horas a los ejecutivos sobre la seguridad de los niños en Internet, pero los nuevos proyectos de ley siguen languideciendo, mientras que las demandas suponen una amenaza creciente y tangible para los modelos de negocio de las empresas. Lejos parece quedar el clamor social generado por una investigación que en su día halló responsable a Instagram, la red social de Meta, de perjudicar la salud mental de los adolescentes por proponerles modelos de belleza imposibles. Desde entonces, la apuesta por la inteligencia artificial -un tema que curiosamente no se abordó en la audiencia del Congreso del pasado 31 de enero, pues ya se le había dedicado una sesión específica- se ha multiplicado de tal manera que su propia dinámica puede arrollar cualquier intento de regular la oferta de las plataformas para menores y adolescentes.

Por María Antonia Sánchez-Vallejo

©EL PAÍS, SL

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