Kovadloff, Sabsay y otros intelectuales criticaron la torre de 35 pisos que se levantará en una zona histórica de Mar del Plata
También firmaron una petición online repudiando la iniciativa, aprobada en tres comisiones del Concejo Deliberante de General Pueyrredon
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LA NACIONMaría Nöllmann
“Nos oponemos no al progreso sino a la barbarie”, escribió el filósofo y ensayista Santiago Kovadloff, luego de sumar su firma a la campaña en repudio a la construcción de una torre de 120 metros de altura en una zona histórica de Mar del Plata. El proyecto ya tuvo la aprobación en tres comisiones del Concejo Deliberante de General Pueyrredon, en gran parte gracias a los votos del bloque oficialista que responde al intendente Guillermo Montenegro (PRO). La iniciativa viene generando revuelo y numerosas protestas vecinales en las últimas semanas.
De concretarse, la torre de 35 pisos se emplazaría en las cercanías del frente de costa de Playa Chica, en la residencial bahía Varese, más precisamente en la manzana delimitada por las calles Alem, Falucho, Aristóbulo del Valle y Gascón, a menos de una cuadra de distancia del Boulevard Marítimo. Ocuparía más del 80% de una manzana donde actualmente hay un puñado de casonas históricas casi centenarias. En esta zona, el vigente código urbanístico solo permite construcciones de un máximo de siete metros de altura.
“No es este un proyecto de construcción sino de destrucción –enfatizó Kovadloff en su descargo–. Llegar tan alto para caer tan bajo solo puede interesar a quienes ven en el contexto un pretexto para lucrar a cualquier precio”.
El periodista marplatense Nino Ramella, director de la Casa de Mar del Plata en Buenos Aires y coordinador del Proyecto “Mar del Plata Ciudad Inteligente”, también dejó entrever la misma idea en un texto que publicó esta semana: “Es una responsabilidad del conjunto social prestar atención para que Mar del Plata siga siendo la ‘ciudad feliz’, ya que el principal responsable de que siga siéndolo, el Estado, se distrae… o lo impulsan otros intereses”, escribió.
Afirmó, a su vez, que esta y otras excepciones al código urbanístico que han sido otorgadas a diferentes constructoras en los últimos años “(...) contradicen leyes que están por encima de las ordenanzas y que defienden derechos ambientales y patrimoniales”, entre las que destaca el decreto-ley 8912, que especifica las densidades poblacionales máximas según el distrito.
El constitucionalista Daniel Sabsay también se hizo eco del conflicto entre la empresa constructora y las agrupaciones vecinales y judiciales marplatenses opositoras, y sumó su firma a la petición de change.org que pide que no se apruebe la obra. “No se trata de impedir el desarrollo. Se trata simplemente de defender lo que es el valor patrimonial que, además, hace a un muy buen desarrollo del turismo, que es la principal fuente de ingresos para la ciudad”, enfatizó el profesor titular y director del posgrado en Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Sabsay describió la torre como monstruosa. “Realmente nos cuesta entender cuál es el sentido de destruir absolutamente el patrimonio edilicio de la ciudad”, sumó el expresidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Según trascendió, a la petición se sumará en las próximas horas una causa judicial.
Mientras que unos de los principales argumentos de quienes apoyan el proyecto son la inversión de capital en la ciudad y la creación de puestos de trabajo, Ramella argumenta que “tales actividades no son en modo alguno incompatibles con la preservación ambiental y urbanística, como lo demuestran miles de ejemplos en el mundo”.
La torre
El proyecto es de la firma Fiduciaria Paisajes Urbanos, liderada por la actual presidenta del Centro de Constructores y Anexos de Mar del Plata, Florencia Miconi. El diseño es del estudio Mariani-Pérez Maraviglia-Cañadas, también de esta ciudad y de reconocida trayectoria local. La ejecución, en tanto, está a cargo de la empresa Imasa.
Dentro del terreno donde se construiría la torre, en Gascón 101, se encuentra el chalet María Frers de Mahn, de estilo pintoresquista español. La casa, una de las construcciones pioneras de la zona, fue construida a comienzos del siglo XX y hoy es bien de interés patrimonial de la ciudad marplatense. También se encuentran en el predio un conjunto de casonas de un estilo similar, diseñadas por el ingeniero Alula Baldassarini en 1938. Son consideradas “con valor patrimonial” pero “sin declaratoria”.
“La iniciativa surgió de un grupo de vecinos que vinieron a vernos para armar un proyecto. Estamos desde 2021 trabajando con ellos e integran el fideicomiso”, había explicado Miconi a LA NACIÓN. Se refería a los propietarios de dos de los chalets que quedarán en pie: Belvedere y Top Capu-El Tovar.
También aclaró que, en este caso, no se trata de una excepción para avanzar por el proyecto. “De acuerdo a la normativa se pueden pedir indicadores especiales cuando la parcela involucrada es de más de 6000 metros cuadrados o por contener a un patrimonio histórico, y en este caso se dan los dos motivos”, explicó.
Desde el Colegio de Arquitectos de Provincia de Buenos Aires–Distrito IX emitieron un comunicado en el que consideran “imprescindible” que los territorios en desarrollo sean “pensados y planificados con la participación de la comunidad y respetando las normas municipales, provinciales y nacionales”. A tal fin han propuesto la creación de un Consejo de Hábitat y Vivienda con participación de distintos sectores de la comunidad. Dicen que así se podrían resolver mejor “las excepciones a la normativa vigente y las compensaciones que de ellas se desprenden con su justa valorización”.
“No encuadra en la reglamentación vigente, excede parámetros razonables, no preserva el patrimonio, afecta a los vecinos y distorsiona el paisaje del lugar”, advirtieron también desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata con la firma de su titular, Guillermo Rossi, en abierta oposición al proyecto.
En el municipio se creó por ordenanza una comisión que analiza compensaciones urbanísticas por excesos de índice de construcción que superen lo establecido por el Código de Ordenamiento Territorial (COT) vigente. Si se otorga un permiso, el desarrollador debe aportar alguna obra en el espacio público en favor de la comunidad.
Por María Nöllmann
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