La Quiaca - Buenos Aires: ¿cuánto cuesta ingresar a una persona sin papeles?

Detrás del paso fronterizo con mayor volumen migratorio del Noroeste argentino se esconden historias humanas desoladoras; el tráfico ilegal de adultos y niños es un negocio instalado; varían los actores, pero no las formas; una investigación deFOPEA

Amor de madre

- Hay una muy parecida detrás de la esquina en donde están las otras chicas, pero le dicen Daniela, y tiene el pelito más largo.

El episodio ocurre en la Villa Imperial de la ciudad de Potosí, en Bolivia. La mujer, sentada sobre sus polleras, con el pelo trenzado, desconoce lo valioso del dato que con inocencia lanza al aire. Mientras hace lo de siempre —cobrar limosna para limpiar el sucio baño de la terminal de ómnibus—, dos mujeres acaban de aparecer de incógnito, algo apresuradas, y enseñan una foto gastada. Son Carina Ramos, quiaqueña, 40 años, de tez trigueña, y Reina Sotillo, ministra plenipotenciaria del Servicio Exterior argentino, de 55 años, tez blanca y pelo rubio tapado por una capelina blanca.

Detrás de la esquina hay una whiskería —también les dicen “karaokes”—. Queda en el corazón del Barrio de las Mujeres. A Carina le tiembla el pulso: en los últimos tres meses viajó a lo largo y ancho de la Argentina buscando a su hija, de 14 años.

A los karaokes también les dicen whiskerías. La ley boliviana los permite, aunque prohíbe la presencia de menores

Para esa fecha, Sotillo ya tenía contactos en todos los pueblos y suburbios de su jurisdicción consular y zonas cercanas. En el 2007, la Cancillería de los tiempos de Jorge Taiana la había asignado, por pensar distinto, a un destino que todos rechazaban en el departamento boliviano de Potosí, separado de La Quiaca por un río –que por lo seco, es más bien un arroyo–. Zona árida, desolada y fría. Faltaban relaciones internacionales en esos cientos de kilómetros de frontera de una tierra que se parte de seca. Y también oxígeno: se sitúa a 3.450 metros sobre el nivel del mar.

Desde que llegó a la misión diplomática, Sotillo se dedicó a una actividad más humanitaria que consular: ostenta hoy el récord de haber restituido a más de dos mil menores de edad en ocho años de gestión, cifra que reconoció el Senado boliviano al otorgarle una mención honorífica al término de su gestión.

El caso de Carina y su hija de 14 años se presentaba como otro más de los que se repetían y se repiten: alguien se lleva de un país a otro, sin ningún tipo de registro, a una adolescente engañada, para algún tipo de explotación.

Las ayudó una coincidencia de la historia, más bien una ironía: ese mismo diciembre del 2013, la Justicia tucumana de primera instancia había absuelto a los 13 imputados por la desaparición de Marita Verón –hoy, ninguno de los jueces permanece en su cargo: o renunciaron o se jubilaron y enfrentan cargos por cohecho—. Además, el proyecto para una nueva ley antitrata estaba a horas de perder estado parlamentario en el Congreso Nacional. El país entero hablaba sobre el tema, y el costo político hacía que varias autoridades se movilizaran.

Aquella mañana, Sotillo y Ramos salieron temprano, al alba, bajo el sol puñeno, cuando después de insistir con llamados telefónicos, la policía boliviana les informó que había una chica argentina que coincidía con las características físicas que buscaban.

“Había una casa vieja y echada a menos; se entraba por un pasillo largo y, en el fondo, luego de una escalera, se veían cuartitos, todos encimados”, cuenta Carina. “No nos atendía nadie, hasta que vimos pasar por el pasillo a una chica, con extensiones de cabello, que levantó la mirada”. Dice que gritó tan fuerte que salió un hombre desde el fondo; sin mostrar el rostro pero con voz bien grave advertía a la chica: “Daniela, vení para acá”.

Era Antonella, que de a poco se acostumbraba a su nueva identidad. Había desaparecido a la salida de la escuela normal de La Quiaca

No era ninguna Daniela. Era Antonella, hija de Carina, que había desaparecido al salir de la fiesta del Día de la Primavera que realizaban en la Escuela Normal de La Quiaca. La chica no dudó: corrió a los brazos de mamá y no se movió de la Ford Ranger gris en la que habían llegado las mujeres, junto a un empleado del Consulado que se encargó de llevarlas. Hacía frío y era de noche. “Por un instante, pensamos en indagar algo más sobre quiénes eran las otras adolescentes –cuenta Sotillo–, pero había sido un día agotador y teníamos a la niña, así que rápidamente partimos”. El viaje de regreso a La Quiaca fue en silencio.

Revictimización

“Lo fundamental para interpretar casos de trata es comprender la psicología de las chicas. Hay que entender a las personas que aparecen: vienen de sufrir vulneraciones a sus derechos más íntimos y, por lo general, vienen de situaciones previas también de vulnerabilidad”, dice Marcela Rodríguez, responsable del Programa de Asesoramiento y Patrocinio para Víctimas de Trata de Personas de la Defensoría General de la Nación Argentina. “No es fácil obtener un testimonio, suelen sentir culpa o vergüenza. Y andá a conseguirles un psicólogo después; no es fácil, por la falta de recursos”. Las pericias médicas determinaron que Antonella no se vio involucrada en actividades sexuales, pero varios especialistas coinciden en señalar que los captores suelen someter a las víctimas a un período de “ablande”. A Antonella, a quien ya le habían cambiado la identidad, la salvaron a tiempo.

Como este caso, se repiten otros que no logran ser resueltos por la Justicia. El fiscal federal Federico Zurueta, con jurisdicción en Jujuy, advierte sobre una falla estructural: “Por ley, la trata es un delito federal, y el fuero federal en Jujuy no cuenta con recursos para asistir a las víctimas ni con psicólogos, ni lugares de albergue para alojarlas. La mayoría de los funcionarios, en general, no comprenden a las víctimas, no están acostumbrados, porque salvo en casos de trata, que es un delito relativamente novedoso —al menos en manuales jurídicos—, se trabaja siempre con potenciales delincuentes”. Y las víctimas de trata no son delincuentes, aunque muchas veces se las criminalice.

El caso de Antonella recibió el apoyo del defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena Villegas, quien organizó encuentros de concientización, pero la causa terminó en el Juzgado de Menores a cargo de la jujeña Pilar Medina, que “lo cajoneó”, según denuncia la madre. Al extremo de que hoy, cuatro años después, cada vez que la menor quiere cruzar a Bolivia por el paso legal, la detienen las fuerzas de seguridad por prevención ante un nuevo “abandono voluntario de hogar”, como reza la carátula.

Hay que desanudar prejuicios. Existe un preconcepto de la mujer que se juega fuerte en la interpretación de los casos de trata

“Hay que desanudar prejuicios. Existe un preconcepto sobre el rol de la mujer que se juega fuerte en la interpretación de los casos de trata”, así lo describe Marcelo Colombo luego de tres años a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), la institución que creó el Ministerio Público Fiscal en el 2013 para asistir específicamente a las fiscalías en estas temáticas.

“Los operadores judiciales no entienden el sufrimiento, deben ponerse en los zapatos de la víctima. ´Si usted tenía una puerta ahí, por qué no se fue; si usted tenía un celular, por qué no mandó un mensaje´. Siempre colocando un prejuicio sobre la víctima, pensando que va a actuar como si fuese él, que tiene un hogar, un coche que lo lleva a su lugar de trabajo, que no sufrió manipulaciones psicológicas”, agrega.

Colador

Por la inexistencia absoluta de estadísticas, no es posible elaborar un número exacto de cuántos menores desaparecen en La Quiaca y en las poblaciones de los departamentos de Yavi, Santa Catalina y Rinconada. Pero existen historias de sobra.

La profesora de la Escuela Normal de La Quiaca, Silvia Carretta, cuenta que “a menudo, los menores desaparecen de sus casas, a los meses vuelven y nadie se alarma”. Producto de su preocupación, en el 2014 colaboró en la elaboración de dos manuales de prevención que fueron difundidos por las escuelas de la zona. Uno para los niños y otro, para los maestros.

“Son chicos que crecen en familias de poco diálogo, con elevados grados de alcoholismo y un nivel socioeconómico bajo, que no logran ver un futuro de providencia; por eso, ante cualquier oferta de trabajo, se van. En el caso de las mujeres, también hay que tener en cuenta que las familias de la Puna son machistas y las nenas escapan”, explica la docente.

La Quiaca y Villazón crecieron a principios del siglo XX, cuando el Tren Central Norte —rebautizado después como El Belgrano— unió a la Argentina con Bolivia. Pero la relación de los pueblos antecede incluso a la formación de los Estados nacionales, y eso se ve en la calle: a diario, argentinos y bolivianos pasan de un lado a otro sin ningún tipo de control. Son dos ciudades contiguas, pero el límite fronterizo es solo una línea imaginaria.

Cuando en 1993, el ferrocarril argentino dejó de funcionar, la postal que mejor representó al lugar fue la de una ciudad fantasma. Tardó años —de hecho, continúa en proceso— en reactivarse el comercio binacional por vía terrestre. Hubo un proyecto del entonces senador Guillermo Snopek —un reconocido jurista que luego fue gobernador de la provincia—para crear un territorio aduanero especial, una suerte de zona franca, pero fue vetado por Carlos Menem en 1994. El actual gobernador jujeño, Gerardo Morales, anunció que en marzo del próximo año comenzará la obra de reactivación del tren. Por ahora, son sólo promesas de gestión.

Se estima en 70 mil pesos el precio por llevar a una persona indocumentada de nacionalidad china desde Villazón, pasando por la quiaca, hacia Capital Federal

En la frontera existe un paso de Migraciones, claro, pero a escasos diez metros la gente camina como si no estuviese cambiando de país. Por el mismo sendero en donde se transita, hay tanta basura que viven al menos una docena de cerdos. Vale tener en cuenta que en Jujuy, que tiene poco más de 700 mil habitantes, se radican unos 20 mil bolivianos por año.

El ex titular de la Delegación Jujuy de la Dirección Nacional de Migraciones, Horacio Macedo Moresi —desde este año, es juez subrogante del juzgado Federal N°1 de la misma provincia— explica que “existen grupos delictivos compuestos por ciudadanos de ambos países que se aprovechan de la situación económica de los ciudadanos de La Quiaca, que nunca se terminó de desarrollar, y van cambiando de actividad de acuerdo a lo que convenga”.

Los expedientes judiciales demuestran que ahora hay grupos que se encargan de pasar por la frontera a ciudadanos chinos, pero en un pasado no muy lejano eran senegaleses y antes, colombianos. El paso La Quiaca-Villazón es el de mayor tráfico migratorio del Noroeste argentino.

Hay expedientes judiciales que investigan corrupción en el reparto de cupos aduaneros. Son permisos que brinda el Estado argentino para pasar los productos por el control de Tres Cruces, en la ruta nacional N°9, para vendérselos a los bolivianos en La Quiaca, que luego los pasan a Bolivia en carritos, o a lomo, a diario. Este ir y venir vertiginoso de hombres y mujeres, algunos mayores o incluso muy jóvenes, de un lado al otro del límite es la máxima actividad económica de La Quiaca.

Las causas se encuentran en el fuero federal, por tratarse de importación y exportación. El comercio va variando de acuerdo con las fluctuaciones cambiarias de ambos países; hoy, se basa prácticamente en vender harina y azúcar argentina a Bolivia.

La última medida de control en la frontera fue crear un cerco —de alambre y vigas de cemento— de 500 metros de largo alrededor del paso oficial, para encauzar a la gente por el corredor legal. Fue una iniciativa de Gendarmería, costeada por el Ministerio del Interior durante la gestión de Florencio Randazzo. Pero a los pocos días, el alambrado ya estaba dañado, y así sigue.

Es una frontera colador, supervisada por el sistema llamado Área de Control Integrado: Gendarmería, junto al Escuadrón 21 de La Quiaca, velan por la seguridad; AFIP y la Dirección General de Aduanas (DGA) controlan los equipajes y vehículos, y Migraciones controla a quienes pasan. Los empleados de Migraciones perciben salarios inferiores a los de los otros dos organismos y son, paradójicamente, los encargados de velar por los derechos de las personas.

A pocas cuadras del puente fronterizo hay prostíbulos. En Villazón, la ley boliviana los autoriza, aunque no permite la presencia de menores —valga la aclaración—. Varios de los rescates de la excónsul argentina, Reina Sotillo, según señala un miembro actual de la Defensoría del Pueblo boliviano, ocurrían allí. A plena luz del día. El mecanismo, poco usual, era el siguiente: el juez federal argentino Wenceslao Cardozo redactaba un permiso para que ella pudiera actuar, por una cuestión de competencias. Sotillo se presentaba en el lugar con ese permiso y sacaba a las chicas. Luego, se labraba un acta por el traslado del menor a su lugar de origen.

Precios

“Una niña, un niño o un adolescente boliviano se vende ni bien cruza la frontera a 5.300 pesos argentinos, es decir, unos 7.000 pesos bolivianos”, aseguró Jorge Oporto Ordoñez, el ex Defensor Departamental de Potosí, en un reportaje difundido por el diario El Tribuno. Contó allí que “durante 2010 pasaron por la frontera 25 mil niños y jóvenes, de los cuales sólo retornaron 7 mil. Es decir que unos 18 mil niños y niñas bolivianos podrían estar trabajando en campos y talleres clandestinos en la Argentina, mientras que otros podrían haber tenido como destino la explotación sexual”.

Es difícil combatir la trata y el tráfico ilegal de migrantes porque, si bien todas las legislaciones occidentales antitrata surgieron a partir de un Protocolo internacional firmado en Palermo, Italia, en diciembre del 2000, difieren las metodologías entre los países, que adoptaron distintas formas y procesos. Se trata, además, de un crimen transnacional.

La ONG argentina Esclavitud Cero cuenta, a partir de denuncias recibidas, que niñas bolivianas de 12 a 13 años son ofrecidas para todo servicio en la Argentina, a 2500 dólares al año. “Se pagan 1.250 dólares al ser entregadas y 1.250 dólares al cumplirse el año de trabajo. Las niñas trabajan sin horarios, no se les permite salir, viven en pésimas condiciones y también son abusadas sexualmente. Sin embargo, como no hay políticas activas de búsqueda, a estos menores en la Argentina no se los encuentra”, aseguró en el 2013 Mercedes Assoratti, la directora de la organización, durante el Congreso Antimafia realizado en la Universidad de Buenos Aires (posteriormente, se editó un libro de circulación gratuita, con fondos de la Legislatura porteña, por iniciativa del legislador Gustavo Vera y el integrante de la ONG La Alameda, Lucas Schaerer).

América Latina, después de Asia, es el principal lugar de explotación y trata de personas en el mundo

“Es delicado investigar la trata, porque tiene células criminales itinerantes que fluctúan empleando los mismos recursos para cometer varios delitos. Todos se manejan en un mismo plano, de manera que no hay líderes ni referentes. La mayoría son clanes”, confía un gendarme quiaqueño que pide e insiste por su anonimato. “En los últimos meses, se vio mucho tráfico ilegal de personas de nacionalidad china, que llegan al puerto de Perú, en barco, luego por tierra hasta Bolivia y hay gestores que les cobran por pasarlos a la Argentina y llevarlos hasta Buenos Aires”. Hay expedientes en la Justicia: el precio por llevar un chino indocumentado desde Villazón, pasando por La Quiaca, hacia Plaza Miserere, en el barrio de Once, Capital Federal, se estima en 70 mil pesos por persona.

Hecha la ley, hecha la trampa. La Ley Nacional de Migraciones establece que si un extranjero ingresa irregularmente a la Argentina, el Estado tiene la facultad de sacarlo y enviarlo nuevamente al país desde el que ingresó. Pero si un abogado presenta una causa al instante, se abre un proceso administrativo obligatorio que demora unos 180 días hábiles —que se termina estirando en unos dos años, por trabas burocráticas—, en los que el Estado argentino debe hacerse cargo del costo de alojamiento y comida del migrante irregular, hasta que se decida su deportación. Es decir, viven dos años con fondos públicos. Existen expedientes judiciales que dan cuenta de que son siempre los mismos abogados los que presentan esta acción. Se presume que existe una red armada, organizada, que repite el accionar sistemáticamente.

Me vendieron

Uno de los “karaokes” más concurridos de Villazón es el Chola Disco, a pocas cuadras del límite fronterizo entre La Quiaca y Villazón. Es un lugar que no cierra: 7 días por 24 horas. Se entra por un pasillo largo con paredes que alguna vez fueron amarillas, pero hoy ya están gastadas y con restos de humedad. En el fondo, mientras suenan las últimas cumbias bolivianas, se sirve chicha y vino tinto. Es atendido por una mujer mayor. Quienes entran, suelen sentarse en una de las mesitas y quedarse largas horas. El pago se realiza al final.

Hay testigos que aseguran haber visto allí a Ariel Llampa, dos días después de su desaparición, hace cuatro años. “Yo lo sueño vivo”, cuenta Justina, su mamá, que nos recibe luego de insistir en varias oportunidades, explicándole que se trata de una investigación periodística que busca concientizar a través de la información.

Justina no para de llorar, pero demuestra fe en su instinto maternal.“Sigo viviendo en La Quiaca sólo por si algún día me toca la puerta y me dice ´volví´. Dios es tan grande que algún día va a pasar”. El 8 de diciembre del 2011, día de la Virgen, su hijo Ariel —quien por entonces tenía 17 años— partió junto a un grupo de amigos a la fiesta patronal de Agua Chica, un clásico quiaqueño, y nunca volvió. Al poco tiempo, pidió ayuda en su muro de Facebook, “mis amigos me traicionaron, me vendieron como a un objeto”, y le mandó un mensaje a Isaac, un compañero de clase: “Esto no va a quedar así. Me traicionaron”.

A pesar de que la Justicia tiene todos los datos y se rastreó la ubicación del IP del ordenador (el número con el que la computadora se conecta a internet) al momento de postear en la red social, aún no dieron con su paradero. A Ariel Iván Llampa se lo tragó la tierra. Ceferino, su papá, se muestra con una actitud más resilente que su esposa (o menos, según como se mire): piensa que la policía de Villazón “lo mató” por alguna situación de violencia, o que “lo vendieron a los narcotraficantes”. Su caso fue un emblema. Junto al de Antonella, despertaron manifestaciones de algunos lugareños. Actualmente, reclaman cada tanto, con marchas o grafiti en las calles de La Quiaca.

Según la pastoral de movilidad humana, 900 menores cruzan de forma irregular por la frontera por día. Desde La Quiaca a Villazón, o viceversa.

Muchos informes de organismos internacionales, como la ONU, pusieron foco en este paso fronterizo y todos coinciden en que se debe hacer algo. Al juez argentino Santiago Inchausti no le sorprende. “Sólo hay 153 personas condenadas por trata en la Argentina. Muy poco, teniendo en cuenta que América Latina, después de Asia, es el principal lugar de explotación y trata de personas en el mundo”, aseguró en el último coloquio de Roma contra el crimen organizado, del que participó Francisco, convirtiéndose en el primer Papa en la historia de la Iglesia Católica en discutir abiertamente sobre esta cuestión.

La disertación del joven juez dejó en evidencia la falta de resoluciones en nuestro país. Bergoglio sostenía, antes de ser ungido Sumo Pontífice, que en la Argentina “todavía hay esclavitud de diversas maneras, hay migrantes que son regenteados por migrantes de su mismo país, que ya son gente asumida por este sistema de esclavitud contra sus mismos hermanos”. Entre el 2008 y el 2012, Bergoglio, por entonces cardenal de la Ciudad de Buenos Aires, y el padre Mario Videla, por entonces director del Departamento de Migraciones del arzobispado porteño, organizaron misas especiales para migrantes y víctimas de trata en los barrios de Barracas y La Boca.

La Pastoral Migratoria, que abrió un refugio en La Quiaca ante la preocupación por el incremento de pedidos de ayuda, asegura que por día pasan 900 menores de forma irregular por la frontera. “Son todos chicos del lugar que cruzan cotidianamente tanto desde La Quiaca a Villazón, como desde Villazón a La Quiaca y, entre ellos, se camufla a las víctimas captadas”, afirman en un informe.

Desde que el padre Manolo Pliego, que dirigía el lugar, se fue a vivir a Cuba, y Jesús Olmedo fue asignado a la prelatura de Humahuaca, no se trabajó mucho más. En su momento, por ejemplo, tenían los recursos para interceder en casos de chicos a los que se detectaba pasando la frontera sin sus padres. O con permisos que —casualmente— siempre se redactan en el mismo estudio jurídico. Hoy, el refugio es atendido por dos mujeres del lugar: en el 2015 sólo albergaron a 36 personas y en el 2016, a una sola. “Pasa que ya no está el Padre, que era el que conseguía más recursos”, explica Norma Mamani, una de ellas.

Mulas

Las historias se repiten: niños mula; adolescentes paseros o estibadores; chicos que son llevados a trabajar a las minas del Puno peruano, donde 40 mil personas viven de la minería ilegal e informal, según el último informe de Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional; o llevados a pisar la hoja en los campos de coca en Cochabamba o a las plantaciones de tomate en Fraile Pintado y de tabaco en San Pedro, Jujuy; a trabajos en talleres textiles en Buenos Aires; adolescentes que terminan enredadas en explotación doméstica o explotación sexual; o trabajos en fábricas de la Patagonia argentina.

El último caso público fue difundido por el departamento de prensa de Gendarmería el 6 de julio del 2016: una nena de tres años a la que buscaban en el conurbano bonaerense apareció en un recorrido del Escuadrón 21, en un paraje llamado “El Sauce”, a pocos kilómetros de La Quiaca, junto a un boliviano de 29 años que ya registraba una “causa por sustracción de menores en grado de tentativa”, según afirmó la gacetilla.

De acuerdo con las investigaciones de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, “existen organizaciones criminales en Oruro, Potosí y La Paz, desde donde se traslada a las víctimas de trata a Cochabamba y Santa Cruz, para después sacarlas del país por Yacuiba, Bermejo y Villazón, rumbo a la Argentina”. Basta con ir a la Plaza de Flores o a la terminal de Liniers, en Buenos Aires, para comprender la situación. De acuerdo al último censo, en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires, la comunidad de bolivianos es la más numerosa entre las extranjeras, seguida de la de paraguayos y la de chinos.

Ausentismo oficial

A nivel provincial, no existe ninguna institución pública con un trabajo concreto sobre la cuestión. El tema no aparece en la agenda del Gobierno jujeño; incluso el Ministerio de Seguridad de la Nación, que prorrogó hasta diciembre de este año —a pesar de las críticas durante la última campaña electoral— el plan Escudo Norte de protección integral de fronteras, tiene su oficina más cercana en Tucumán, que queda a 616 km del límite argentino. La lejanía geográfica hace que el control se torne operativamente inviable. El Escuadrón 21 se encuentra bajo la órbita de ese ministerio. La extensión del plan creado por Cristina Kirchner en el 2011 se realizó a través de un decreto firmado por el actual presidente Mauricio Macri al poco tiempo de asumir.

Desde marzo del 2016, aproximadamente, grupos bolivianos bloquean el paso legal como manifestación diaria en contra de la Tarjeta Vecinal Fronteriza (TVF). Esta tarjeta es una propuesta del actual intendente quiaqueño, el reelecto Miguel Ángel Tito, para que los vecinos de ambas ciudades fronterizas posean una documentación que les permita el libre tránsito, registrado. Como las nuevas autoridades consulares no intervienen, los piquetes determinan que el único lugar posible para cruzar la frontera sea el río. La calle Jujuy —ocurrentemente, lleva el mismo nombre que la provincia—, a unos 500 metros del paso legal, se consolidó como el nuevo paso cotidiano, aunque sin control.

La cabo de la policía boliviana Lucía Ramírez Mamani, directora de la División de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), asegura que “es frecuente recibir denuncias de personas perdidas o detectar tránsito irregular”. En el 2015, recibieron 387 denuncias, según consta en actas exhibidas a este cronista.

Lizeth Mollo asumió este año en la oficina de tráfico de personas, que depende del Ejecutivo boliviano. “En tres casos comprobamos que podían terminar en trata: dos, de menores llevados sin papeles a la Argentina, y uno desde la Argentina para acá”. Considera que el principal problema está en la demora de la Policía, tanto argentina como boliviana, en comenzar una búsqueda. Si un familiar realiza la denuncia, le exigen, primero, documento de identidad, que no todos tienen; y luego, esperar 48 horas para comenzar a buscarlo, por si anda por ahí. Antes de ese lapso no se hace nada, a pesar de que las recomendaciones del Ministerio Público Fiscal indican lo contrario.

Varios especialistas coinciden en que es necesario crear una agencia nacional de búsqueda de personas.

Es lo que pasó con Ariel Llampa. Se demoró el inicio de la búsqueda. Con más celeridad, quizás su destino hubiera sido distinto. Su papá, Ceferino, relató ante la Justicia lo ocurrido esos primeros días de su desaparición. Supuestamente, a los pocos días, un mozo del hotel quiaqueño La Frontera escuchó hablar a un grupo de jóvenes sobre un chico al que “habían vendido”. La familia Llampa peregrina con una carpetita en busca de ayuda hace cuatro años.

“Tuvimos reuniones con Cristina Kirchner, Aníbal Fernández, Eduardo Fellner; todos fueron breves y no pasó nada. Nos afiliamos a la organización Túpac Amaru de Milagro Sala, pagamos todos los meses y asistimos a las asambleas, y nadie nos ayudó. Ahora, queremos juntarnos con Mauricio Macri. También intentamos hablar con Gerardo Morales y no pudimos”, cuenta Ceferino. “Queremos que vuelvan a aumentar el monto de la recompensa, yo no tengo plata para seguir luchando; a veces pienso en salir a pegar carteles, pero se me acaban las fuerzas. Quiero saber al menos qué fue lo que pasó”, agrega Justina.

Agujero negro

Según la PROTEX, hay actualmente en la Argentina 6.033 personas buscadas, aunque advierten que ante la inexistencia de un registro único y actualizado a nivel nacional, la cifra debe ser mayor. Máximo, hermano de María Cash, la joven que despareció hace cinco años, insiste ante la ministra Patricia Bullrich en su pedido de crear una Agencia Federal de Búsqueda de Personas. Le presentaron un proyecto de ley cuando era diputada y, ahora que está a cargo de la cartera de Seguridad, recomiendan que sea directamente una subsecretaría del Ministerio. El Mercosur elevó informes en línea con el requerimiento de la familia Cash.

Si bien el último registro de María fue en Rosario De La Frontera, Salta, hay testigos que aseguran haberla visto en Jujuy. “Los juzgados federales no nos dan ni cinco de bolilla”, denunció Máximo en una reciente entrevista a LA NACIÓN. Su padre falleció en una ruta de La Pampa, en uno de sus viajes buscando pistas sobre su hija. Iba en búsqueda de una amiga, una de las últimas personas que la vio antes de que tomara un colectivo en la terminal porteña de Retiro con destino a Jujuy, donde la esperaba un amigo. “Mi papá era el que levantaba el polvo y salía a buscarla siempre, y creemos que en La Pampa lo embistieron”, dijo Máximo. Al resto de la familia no le quedan muchas fuerzas.

Recientemente, la PROTEX le consultó a Migraciones sobre el paradero de 1060 personas desaparecidas en el 2016, y se registró que 72 presentaron pases fronterizos. Sin embargo, teniendo en cuenta la permeabilidad de éste y otros cruces fronterizos, se presume que el mayor volumen de tráfico no queda registrado. Las cifras continúan mostrando una tendencia contundente: el tráfico ilegal de migrantes atraviesa en un cien por ciento a las distintas modalidades de trata de personas que, sin dudas, es el ejemplo de ataque más flagrante a los derechos humanos que podemos encontrar en estos tiempos.

Diferentes especialistas coinciden en que ante la crisis humanitaria y migratoria que sufren varios países desarrollados, existe la posibilidad de que América Latina vuelva a ser “el destino de la esperanza”, como lo fue para nuestros abuelos, y de que recibamos en los próximos cinco años a un numeroso caudal de expatriados sin rumbo. La pregunta es: ¿estamos en condiciones de garantizar sus derechos humanos?

La versión original de esta investigación está disponible en Investigaciones FOPEA. Este trabajo fue realizado por Diego Granda para el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), como parte del proyecto La Otra Trama .

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