Inexplicable: el lado oscuro de los cotos de caza y el caso de los 40 yaguaretés fotografiados muertos

La Argentina es considerada uno de los destinos más atractivos mundialmente para la cacería de animales salvajes. Ingresan al menos 20.000 cazadores por año. De acuerdo con la ley 22.421, cada provincia decide qué y cuántos animales podrán ser abatidos, así como las condiciones en las que lo harán. Los cotos de caza ofrecen alojamiento y distintos tipos de cacerías. Se llegan a pagar fortunas por cada trofeo: cuanto más raro, más difícil de ver o más escaso, mejor y más valioso. Los permisos se renuevan año a año y los responsables de otorgarlos son las autoridades de Fauna de cada provincia.

En todo nuestro territorio está prohibida la caza de animales autóctonos: en particular, la del yaguareté –el felino más grande de América, del cual se calcula que quedan en libertad solo 250– está prohibida desde 1984, sin excepciones. Mientras cientos de organizaciones dedican esfuerzos y dinero a salvar animales, un cálculo conservador contabiliza 5200 especies en peligro de extinción; entre ellas, el yaguareté. A la hora de analizar las causas, los conservacionistas destacan como amenaza principal la destrucción y fragmentación de los hábitats, reduciéndose sistemas en los que viven millones de animales; la sobrepesca en el caso de los animales marinos, la contaminación de los ecosistemas y, especialmente en el caso de los mamíferos, la caza, especialmente aquella practicada como pasatiempo y la que alimenta el mercado negro de la medicina tradicional. Sin embargo, algo más alentadoras, las estadísticas aseguran que cada vez menor cantidad de jóvenes se dedica a esta práctica. La edad promedio de los cazadores se calcula hoy por encima de los 50 años.

En 2018, la Justicia argentina ordenó el allanamiento por violación a la ley 22.421 del domicilio de Jorge Noya, en el partido de Vicente López, y dos predios de su propiedad en Santiago del Estero: Santo Domingo, una casa adonde hacían noche los cazadores, y Guampacha, el verdadero coto, a unos 12 kilómetros de la capital provincial. Hubo un cuarto operativo en El Pantanal, ubicado en Dolores, provincia de Buenos Aires.

En Guampacha, distrito donde la cacería está prohibida, fueron hallados animales vivos como búfalos de agua, antílopes de las Indias y ñandúes. Todos fueron dejados en libertad y, además, como resultado de los operativos se incautaron 180 ejemplares de especies protegidas a los que les habían realizado el proceso de taxidermia. En El Pantanal, los trofeos no tenían la documentación que acreditara su origen y tenencia, documento que siempre deben tener y sin el cual no pueden salir del país. En el interior de un freezer también fue hallado un puma. Por último, se detectaron los restos de un criadero de pumas, que estaba sin los animales.

Mientras en las provincias de Buenos Aires y Santiago del Estero los cotos de caza eran allanados, Noya estaba promocionando sus safaris en Las Vegas.

Al amparo de la ley 22.421, resultan inexplicables las imágenes secuestradas en los operativos y a las que tuvo acceso LA NACION –algunas de ellas tomadas en la provincia de Buenos Aires– de animales en peligro de extinción o cuya caza está prohibida, junto a la misma persona, Noya, tomadas a lo largo de un período de más de veinte años, sistemáticamente al lado de sus clientes. Se pueden contabilizar al menos cuarenta yaguaretés diferentes, de los cuales algunos pueden haber sido cazados en Paraguay, Bolivia o Brasil, donde también está prohibida su cacería.

A pesar de los resultados del allanamiento, El Pantanal siguió funcionando con autorización de las autoridades bonaerenses. Lo único que desapareció fue la página www.cazaysafaris.com.ar, a través de la cual se ofrecían los servicios a los clientes. Hoy, el negocio cuenta nuevamente con un sitio online en el que ofrece todo tipo de animales, entre ellos el pecarí labiado, en peligro de extinción, además del carpincho y el puma; entre los trofeos de la pared, se observa la cabeza de un yaguareté. Para muchos entendidos, el hecho de que los trofeos de ciertos animales adornen las paredes del coto de caza en cuestión es una clara señal, o un guiño, hacia los futuros clientes.

LA NACION intentó comunicarse con la directora de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires, Gabriela Gorriti, pero no tuvo respuesta. El Juzgado Federal N°2 de San Isidro, en tanto, se declaró incompetente en la causa.

Este medio tampoco obtuvo contestación de la directora nacional de Biodiversidad saliente, Mónica Carrizo, y su reemplazante aún no fue designado; la Dirección Nacional de Biodiversidad interviene al momento de autorizar la salida de los trofeos del país. Reiteradas llamadas a Jorge Noya tampoco recibieron respuesta.

Por su parte, la Red Yaguareté dejó asentada una denuncia dirigida a la subsecretaria de Medio Ambiente de la Nacion, Ana María Vidal de Lamas, sobre la existencia de taxidermias de yaguareté en los dos cotos de caza, ambos publicitados desde el sitio online del grupo Caza & Safaris Argentina, fundada por Noya en 1979. Tanto el Coto Santo Domingo como el Guampacha Lodge son mencionados en la página web.

Al ser consultado el subdirector de Fauna de Santiago del Estero, Jorge Goyes, afirmó: “El señor Noya no está registrado. Ni él, ni la firma Safaris. Las únicas firmas registradas son Amakela SRL y el Coto Los Mora. De todas maneras, todavía no tienen autorización para operar”.

El lado oculto de los cotos de caza ya había salido a la luz en 2022 con la muerte del presidente de la Federación Mexicana de Caza A.C., al ser atacado por un búfalo cuando intentaba cazarlo en un coto ilegal en la provincia de Entre Ríos, lo que ocasionó una investigación policial. Pero las evidencias desaparecieron rápidamente y nunca se supo de quiénes eran esas tierras ni el búfalo.

Todos recordaremos también la inolvidable fotografía del entonces presidente del World Wildlife Found (WWF), el rey Juan Carlos de España, que terminó con su trono y sus privilegios. En ella, se lo veía posando escopeta en mano junto a un elefante cazado en Botsuana. Es cierto, el rey mataba elefantes en medio de una crisis descomunal, pero lo cierto es que la trompa del elefante grotescamente caída contra el tronco del árbol fue la imagen que recorrió el mundo, y dejó en evidencia el ocaso y la decadencia del monarca. Se podía argumentar que cazar elefantes no era ilegal en Botsuana y se permite, con limitaciones, pero matar ejemplares de una especie amenazada era una actitud por lo menos incoherente con el respeto a la naturaleza que solía pregonar el borbón. Ante la avalancha de críticas, en una asamblea extraordinaria y por 226 votos a favor y 13 en contra se decidió remover al rey de la presidencia de la WWF.

Al igual que en ese caso, las autoridades provinciales y nacionales de nuestro país tendrán la responsabilidad de investigar y conocer por qué, a pesar de las denuncias, los allanamientos y los permisos dudosos, la empresa Caza & Safaris Argentina sigue ofreciendo los cotos de caza.

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