“Inconsistencias alarmantes”: difunden los resultados de las primeras auditorias a las pensiones de invalidez
Hasta el momento revisaron 10.900 beneficios de más de 330.000; domicilios que no correspondían a la zona declarada e incumplimiento de requisitos para acceder a este tipo de ayuda, las principales anomalías
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LA NACIONFabiola Czubaj
El uso de las pensiones por invalidez laboral no deja de sorprender. La auditoría “una por una” que arrancó hace un mes está confirmando la existencia de “inconsistencias alarmantes” en la primera etapa de ese control que incluye a los beneficiarios que residen en la ciudad y la provincia de Buenos Aires.
En las primeras 10.900 pensiones relevadas hasta el momento por un equipo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), entre más de 330.000 otorgadas en ambos distritos, la mayoría de los destinatarios no vive donde había declarado y menos de la mitad cumple con los requisitos para acceder a la pensión que el Estado otorga por algún grado de discapacidad para trabajar.
“La auditoría será sobre el 100% del padrón de beneficiarios”, había anticipado la agencia en diálogo con LA NACIÓN antes de comenzar la revisión. “Va a ser uno por uno. No podemos cometer el error de sacarle la pensión a quien le corresponde. Citaremos a todos y la evaluación será con criterio médico y socioeconómico. Habrá instancias de revisión”, amplió, entonces, el equipo a cargo de Diego Spagnuolo.
Ahora, con los primeros beneficiarios contactados señalaron que “la falta de localización de un alto porcentaje de pensionados y de casos con numerosas incompatibilidades son las principales pruebas del fraude que representaría un desvío de fondos estimados entre US$1200 y US$2000 millones al año”.
El primer turno para el relevamiento fue para la ciudad de Buenos Aires, donde hay cerca de 29.000 pensiones otorgadas, y la provincia de Buenos Aires, con más de 300.000, de acuerdo con los registros oficiales.
“Los resultados en la ciudad son inquietantes: de los 10.000 beneficiarios contactados en estas semanas, el 67% no pudo ser localizado en los domicilios indicados, lo que plantea serias dudas sobre la veracidad de sus declaraciones”, detallaron desde la Andis. Explicaron que se los citará por segunda vez, formalmente, por carta documento y correo electrónico.
Otro 43% no cumple con los requisitos para haber accedido a este beneficio. “Presentan incompatibilidades que podrían invalidar su derecho a recibir estas pensiones”, aclararon en el equipo de Spagnuolo.
En la provincia de Buenos Aires, los auditores no pudieron localizar al 21% de las primeras 900 personas citadas que residen en ese distrito y cobran una pensión, mientras que se presentaron en la Andis 462 de los 720 que efectivamente se dieron por notificados de la convocatoria.
Solo el 20% de los que concurrieron para la revisión de los datos reunía los requisitos para acceder a la pensión por invalidez. “El 80% restante [sobre los 462 que asistieron] no cumple [con las condiciones requeridas para acceder al beneficio] y un 13% carece de la documentación necesaria”, aclararon en la Andis.
Irregularidades
A modo de ejemplo de las irregularidades que encontraron los auditores desde que arrancaron las citaciones para corroborar los datos en los expedientes personales estuvo la del hijo de un pensionado que refirió que su padre se encontraba en Egipto “desde hacía meses”, una mujer que “intentó hacerse pasar por su esposo fallecido, de lo que no había registro en los sistemas del Estado”, un beneficiario que tenía “cuatro diagnósticos diferentes” y asistió con su abogado y otros que lo hicieron con terceros que manifestaron ser “representantes del Movimiento Evita” y asesores letrados, según detallaron desde el organismo.
Los auditores se encontraron, también, con dos personas que estaban cobrando la pensión por invalidez desde diciembre del año pasado mientras cumplían condena. El trámite, de acuerdo con los expedientes, fue exprés.
“Hubo una persona que asistió [a la citación] y debía estar cumpliendo arresto domiciliario –precisaron en la Andis sobre esos casos–. En el otro, confirmamos su situación porque se presentaron familiares que indicaron por qué [el beneficiario] no podía asistir. Lo más alarmante en estos casos es que, además de la incompatibilidad por estar cumpliendo condena o a disposición de la Justicia, a ambos se le entregó la pensión en diciembre de 2023, en tan solo 13 días y con condiciones de salud que no acreditaban para el goce de la prestación.”
Investigación judicial
Los resultados que están reuniendo los aportarán a la investigación judicial en curso por otras irregularidades detectadas en el otorgamiento de pensiones en los últimos años y que alcanza también a profesionales de la salud que firmaban los diagnósticos, como dio cuenta LA NACIÓN.
La próxima etapa de auditoría incluirá a Chaco, Jujuy y Salta, donde residen unos 175.000 beneficiarios de pensiones por discapacidad laboral. Con Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Misiones, Corrientes y la provincia de Buenos Aires, son las jurisdicciones donde más irregularidades se detectaron en una muestra preliminar de 2559 casos tras el cambio de gestión al frente de la Andis.
El 25% del padrón reside en la provincia de Buenos Aires, pero la “zona caliente”, como la denominaron, la encontraron en Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Misiones y Corrientes donde más pensiones se entregaron en los últimos cuatro años al tener en cuenta el tamaño de su población.
Ahí “había casos de personas que cobraban pensiones sin tener invalidez laboral o discapacidad alguna, incluidas personas con bienes de alto costo registrados, como aviones, embarcaciones, más de un automóvil y múltiples inmuebles”, ampliaron, en aquel momento, a este medio.
En una nota interna del 17 de agosto de 2022, una exfuncionaria de la Andis dio cuenta de irregularidades para otorgar los certificados médicos en Salta, Córdoba, Corrientes y Tucumán a partir de denuncias recibidas por vía telefónica y en medios de esas provincias. LA NACIÓN consultó sobre las acciones tomadas a partir de ese “aviso” durante la gestión anterior y en la Andis refirieron que no se tradujo en una denuncia penal formal ni incluyó a los médicos “actualmente denunciados”, que habrían seguido extendiendo certificados, de acuerdo con los registros cotejados a partir de los nombres de profesionales y funcionarios mencionados en aquel escrito de hace dos años.
Por Fabiola Czubaj
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