Incendios en Córdoba. Los tres factores que se combinaron en la devastación de 70.000 hectáreas forestales

CÓRDOBA.– Desde julio pasado en Córdoba se quemaron alrededor de 70.000 hectáreas. Todavía quedan, al menos, unos 30 días de alto riesgo de incendios. De los últimos seis años, 2020 marcó el récord de daños, con 340.000 hectáreas que ardieron, en 2021 y 2023 hubo 40.000 y en 2022, 81.600. En medio de la angustia y la desesperación de las comunidades afectadas, circularon distintas versiones sobre las causas, que van desde la participación de miembros de la agrupación kirchnerista La Cámpora a intereses de desarrollistas pasando por una acción “de venganza” del exdirector de Defensa Civil recientemente condenado a prisión perpetua por el abuso sexual seguido de homicidio en perjuicio de una bombera voluntaria, en 2022.

Los especialistas no dudan en señalar que para el inicio del fuego en la naturaleza se están combinando “los tres tres”: temperaturas superiores a los 30°C antes del verano, velocidad del viento superior a 30 kilómetros por hora y humedad menor a 30%. Esos factores juntos crean el contexto propicio para el inicio del fuego por eso la clave está –subrayan– en que debe haber más prevención. En esta provincia estiman que 98% de los focos se inician por acción del hombre, sea casual o intencional.

Aunque el gobierno provincial anunció un programa de remediación integral, en lo estrictamente ambiental los expertos enfatizan que recuperar los bosques nativos lleva un siglo. Recomiendan no actuar de inmediato, hay que aguardar la evolución de los suelos. Incluso, si hay lluvias intensas, no estarán en condiciones de absorber el agua, sino que se lavarán.

Santiago Reyna, docente de la cátedra de ingeniería ambiental de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y exrepresentante de la Argentina en varios foros mundiales de cambio climático, explica que en los incendios confluyen la vulnerabilidad del bosque, ya que “no son ecosistemas acostumbrados a los fuegos”, y las amenazas que “derivan del cambio climático, aunque muchos lo nieguen”. En ese punto, repasa las “los tres tres”.

“Todo eso junto puede hacer que, con cualquier chispa, se inicie un incendio –añade–. Claro que la influencia del hombre es clave. La ciudad se mete en el bosque, es ahí donde se forman interfaces que son muy frágiles”.

El doctor en ciencias biológicas, investigador del Conicet y especializado en ecología del fuego en Córdoba, Juan Argañaraz, coincide con ese diagnóstico: “Es una época donde naturalmente no hay lluvias y hay mucho combustible fino disponible, muy inflamable. La intervención del hombre, intencional o no, es clave. El cambio climático puede empeorar la situación, pero no causa los incendios. Claro que con períodos más secos la situación es más favorable y hace que haya más oportunidades”.

La ley y el debate

Respecto de las causas naturales que facilitan el inicio del fuego no hay mayor debate. Sí existe en lo relacionado con la acción del hombre. El eje de esa discusión se profundizó después de que, desde 2010, la ley provincial 9814 de Ordenamiento Territorial impide el cambio de uso en todos los lugares incendiados que estén clasificados como bosques nativos. El gobernador Martín Llaryora esta última semana aseguró que se cumplirá con esa disposición.

El geógrafo e investigador del Conicet, Joaquín Deon, enfatiza que la “intencionalidad” de los fuegos “no es para que el cambio del uso de la tierra sea automático, sino que se consideran condiciones para solicitarlo o hacerlo de hecho”. En esa línea, apunta, se empiezan a realizar subdivisiones sin pasar por Catastro o se destinan esos lotes a uso recreativo con decisiones de “otras áreas gubernamentales que no son las de competencia directa, o bien a los loteos los autorizan comunas o municipios. El seguimiento no es el que debería haber, es deficiente”.

Deon habla de “destructivismo capitalista”. Repasa que donde hay incendios el monte vuelve “muy paulatinamente” y, “si llueve mucho la tierra es un tobogán y el suelo queda desnudo, con lo que queda destruido”. “Entonces, en muchos casos, se justifica hacer minería, circuitos de motocross o complejos de chacras. Muchos pobladores padecen el fuego, pero se quedan, pero hay una presión en muchas zonas periurbanas. Por ejemplo, en el departamento Colón hubo 15 focos en diez años, lo que es muchísimo”, sostiene Deon.

Desde el Foro Ambiental Córdoba, presidido por el biólogo Federico Kopta, señalan su “preocupación” sobre las “interpretaciones sesgadas e infundadas” que sugieren que los bosques “que más se protegen son los que más se queman”. En un documento, elaborado esta última semana, la entidad remarca que los bosques en estados más maduros y con mayor cobertura de canopia se queman en menor proporción que otros tipos de cobertura como bosques inmaduros y pastizales. Por ejemplo, entre 1999 y 2011 las coberturas no boscosas registraron mayor incidencia de fuego que la cobertura boscosa.

“En la práctica se usa el fuego como una herramienta para pedir el cambio de uso del suelo –reconoce Kopta–. Un lugar quemado no debería cambiar el uso, pero parece que hay expectativas de que no sea así en algunos sectores. Hay presión”. Menciona, por ejemplo, un informe de la Sociedad Rural de Jesús María que abre la puerta para una rediscusión de la ley.

El trabajo “Estudio de Áreas Quemadas del Arco Noroeste”, financiado por la Mesa de Enlace local, fue presentado a mediados de agosto e incluye cuestionamientos a la norma de ordenamiento territorial. Describe que entre 2010 y 2022 se quemaron 1.101.794 hectáreas de campo y que el 75% corresponde a las zonas rojas y amarillas, catalogadas por la ley como de alto y mediano valor de conservación. Advierte que a nivel nacional se clasifican así a 2.923.985, pero en Córdoba es casi el doble.

Andrés Costamagna, ingeniero agrónomo y director de La Rural de Jesús María, sostiene que el estudio se hizo para tratar de determinar el por qué de los incendios: “Desde 2018 venimos discutiendo el ordenamiento del bosque nativo porque fue mal realizado. Sabíamos que iba a pasar lo que está pasando. Tenemos que ponernos a reordenar lo hecho”.

Describe que los pastizales de altura que figuran en la ley como zona roja, por lo que impide la actividad agropecuaria, terminan incendiándose. “No hay más vacas, no hay más caminos, los bomberos no pueden llegar. El ordenamiento vigente provoca también una catástrofe más social. La ley está bien, pero el ambientalismo extremo influyó en el decreto reglamentario y, a partir de ahí, tenemos esta frecuencia de sucesos que empobrecen a Córdoba en general. Sería importante también que la Justicia no saque tantos amparos que dan miedo a los funcionarios”, añade.

Más prevención, más penas

Trabajar más en el antes, en la prevención, es el hilo común entre todas las fuentes consultadas por LA NACION, quienes también son partidarias de que se agraven las penas para quienes provocan los incendios. Hace unos día el diputado nacional de Encuentro Federal Juan Brügge impulsó la modificación del Código Penal y propuso que se fije una prisión de hasta 20 años si el fuego desencadena la muerte de una persona y hasta 16 años en caso de que genere lesiones graves.

También propone cambiar el artículo 189, que regula las penas por incendios causados por negligencia o imprudencia, estableciendo una condena de tres a cinco años de prisión, aumentando hasta ocho años si se producen muertes o lesiones graves y, además, generar campañas de concientización para prevenir y educar sobre las implicancias de los incendios.

Desde Greenpeace, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques, plantea que “una cosa es la cantidad de hectáreas quemadas y otra, el número de focos”. “Si hay una respuesta temprana, no se expanden y eso está fallando en todo el país. Una vez convertido en incendio de magnitud, solo se pueden priorizar las vidas y las viviendas por sobre la biodiversidad”, plantea. Indica que en la Patagonia ya debería trabajarse en previsión del verano porque en el país “no alcanza la cantidad de brigadistas”.

Marcelo García, docente de la Facultad Ciencias Exactas de la UNC e investigador del Conicet, entiende que es “importante” que toda la comunidad conozca los índices que generan el alto riesgo de incendios. “Tiene que haber mucha publicidad de los indicadores y evitar cualquier actividad que pueda generar un fuego –continúa–. La mayoría se da en la interface; en esas zonas hay que limitar actividad al aire libre con fuego. Hay que comprender que, aun con una lluvia, si hay calor y viento, puede haber focos”.

Para Argañara, hay que trabajar “mucho más con la comunidad, apuntar a las causas. Regular la expansión de las zonas urbanas sobre los bosques, mejorar las campañas de educación ciudadana incluyendo desde qué hacer con los animales a la distancia en que debe estar la vegetación de las casas y mantener limpios los lotes”. Grafica con que, si bien en los predios del Ejército en La Calera son habituales, “no se pueden hacer en épocas de alto riesgo”. En esa zona hubo un incendio de magnitud que puso en riesgo un barrio privado.

Prevención, educación y represión

“Mucha más prevención, educación y represión para quienes encienden causan estragos –enumera Kopta–. La última vez que se trabajó fuerte fue entre 2004 y 2006, pero se discontinuó. El presupuesto que se requiere para esas acciones es menor. Vemos sistemas que se han quemados cinco o seis veces en una década. Sería importante avanzar en un trabajo interinstitucional; no nos han convocado”.

Prevención y planificación, advierte Reyna y menciona que hay que generar y actualizar mapas de riesgo con las zonas de transición, de interfase; campañas educativas y “diálogo inter institucional con muchas organizaciones” que colaboren con los diseños.

Otro de los debates que se reactualizó en las últimas semanas es sobre el sistema de alertas tempranas. En 2017 las autoridades provinciales determinaron que no habría más un vigía permanente en cada cuartel de bomberos y ese esquema se reemplazó con cámaras infrarrojo y puestos vigías tecnológicos. Frente a los cuestionamientos, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quintero, afirma: “Todos los vecinos actúan como vigías, comunican y se acciona la respuesta. Los cordobeses tenemos la cultura del fuego internalizada”.

Sobre la recuperación de los suelos, Giardini precisa que los pastizales se puede revivir en dos o tres años, mientras que el bosque chaqueño serrano “lleva como mínimo 50 a 100 años y, en algunos casos, puede que no se pueda remediar nunca. Hay que ver qué pasa con las lluvias, si hay muchas no será fácil la mejora”.

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