Imputables, a los 13 años

San Isidro es el municipio que brinda mayor apoyo a la prevención de la inseguridad, aun cuando el responsable primario sea el Estado provincial.

La ley nos prohíbe tener policía propia que atienda el patrullaje y delitos menores. No obstante, $ 22 millones se destinan a ese propósito, sin tener en cuenta lo que los vecinos gastan en seguridad privada. Construimos y sostenemos comisarías, fiscalías, compramos y mantenemos automotores, comunicaciones, equipamientos e infraestructuras para el funcionamiento de la Policía I, II y patrullaje complementario a cargo enteramente del municipio con agentes sufragados por horas adicionales que paga la comuna.

Aun así, los niveles deseables de tranquilidad distan de ser los aceptables. No estamos satisfechos. Las causales del delito son sociales. Más del 70% de los delincuentes mayores y del 80% de los menores que actúan en San Isidro provienen de otros partidos.

Las leyes y su interpretación ponen en riesgo a la población. Los delincuentes probadamente peligrosos no deben ser recirculados con el resto de la sociedad mediante excarcelaciones. Que cumplan la condena debida para evitar reincidencias e impunidad.

Hoy, los menores alcanzan la madurez más temprano que hace 70 años, cuando se redactó el Código Penal. Se debe bajar la edad de imputabilidad a los 13 años con la asistencia de un gabinete psico-medico-pericial que evalúe si [los menores] dirigían debidamente sus acciones [el delito] y si valoraban dicho acto. Los menores delincuentes deben ir a granjas escuela, con educadores adentro y penitenciaría afuera (sólo afuera), con custodia perimetral.

Se obliga a los jueces de menores de San Isidro a liberar gente peligrosa (homicidas, delincuentes sexuales seriales; personas con reiterados robos a la propiedad con portación de armas). En virtud de que la Cámara Penal de San Martín entiende que "el Estado renunció a perseguir penalmente a estos niños aun cuando sean probadamente peligrosos", muchos de aquellos jueces hoy están sumariados en la Suprema Corte por sostener medidas de seguridad respecto de menores de 16 años de alta peligrosidad.

Creo en el sistema inglés: "a grandes delitos, grandes condenas". El nuestro es perverso. A pesar de los esfuerzos que se realizan desde el ámbito provincial, la gente siente que su principal problema no está agendado. La clave es "los peligrosos, sin libertad". Propongo institutos para menores y variantes de cárceles para los mayores para evitar así liberaciones indiscriminadas cuando el sistema colapsa.