Huelga docente: una vez más, un paro absurdo de sindicatos enemigos de la educación

Para buena parte de los gremios docentes del país hacerle el “aguante” a un dirigente sindical declarado culpable en la justicia de Chubut por “incendio gravoso” bien vale un día sin clases. Para ese mismo colectivo, que se sucedan los actos vandálicos en las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires –donde se roban computadoras y alimentos destinados a los alumnos de recursos económicos más bajos-, bien vale el silencio. Por citar solo un ejemplo, es el caso de Roberto Baradel, todopoderoso gremialista bonaerense y socio político del kirchnerismo, que mantiene una extraña coherencia: con sus acciones y sus omisiones, apoya el delito en ambas provincias. ¿Quiénes habrán sido sus maestros en sus días de escuela que no pudieron explicarle la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal?

No es nuevo que la única propuesta de los sindicatos docentes en el país es hacer un paro y dejar siempre en la banquina del conocimiento a miles de argentinos de todas las edades y sin desayuno, almuerzo o merienda a otros tantos miles, cuyas familias ya ni siquiera funcionan como proveedoras de alimentos. Menos para reclamar un cambio profundo de enseñanza adentro del aula, donde son casi los dueños del aprendizaje y los responsables de la degradación educativa, los gremios docentes –como en todas las demás disciplinas laborales en blanco- siempre recurren a una fórmula de impacto mediático y sin respuestas de fondo: parar. Puede ser que las aulas permanezcan cerradas 24 horas, 48, 72 o, como ya sucedió en Chubut en 2019, cuando lideró el ranking nacional con menos días de aulas abiertas: los chicos y los adolescentes tuvieron que soportar 17 semanas seguidas de huelgas. ¿Puede sorprender que luego, esos mismos alumnos se enfrenten a evaluaciones nacionales o internacionales que los dejan siempre en el fondo de la tabla del aprendizaje?

Como si fuera poco lo vivido casi desde el congreso pedagógico de 1984, cuando se procuraba dejar atrás la “educación de la dictadura” hasta la actualidad, que incluyó una variopinta de medidas excéntricas y negativas como la desarticulación de escuelas técnicas en la era menemista, llegó el Covid en 2020 y con él la idea presidencial de cerrar las escuelas hasta que amainara la pandemia. Entre 2020 y 2021, en el que la Argentina se dio el gusto de integrar un selecto club de mayor tiempo sin educación presencial, al menos un millón de alumnos dejaron los estudios. ¿Hubo alguna huelga docente para reclamar que los alumnos volvieran a sus pupitres? No, al contrario: hubo protestas para no volver a las aulas. Y se enfrentaron por primera vez de forma contundente con los padres que descubrieron en los largos meses de la virtualidad educativa, que sus hijos aprendían poco y nada y no sumaban herramientas para afrontar el futuro.

Falta poco tiempo para que los alumnos argentinos, esta vez del nivel secundario, deban enfrentarse con una nueva y doble frustración: responder las pruebas nacionales Aprender y las internacionales PISA. Ambas coinciden en medir comprensión de textos y capacidad de resolución de cálculos matemáticos. Los resultados de ambos exámenes se conocerán durante la campaña presidencial de 2023 y los gremios le echarán la culpa al Covid, pero no a su insuficiente papel en las aulas.

A horas de este absurdo paro nacional en defensa de un condenado por la justicia, muchos padres se han manifestado en contra, pero no alcanza para generar una masa crítica. “La medida de fuerza gremial es un disparate y un escándalo. Debería ser rechazado por la sociedad en su conjunto, enviando a todos los niños y jóvenes a la escuela”, plantea Gustavo Zorzoli, exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires, que hace pocos meses junto con padres, docentes y especialistas creó la Coalición por la Educación para plantear propuestas para mejorar uno de los problemas más severos que enfrenta el país.

¿Hacer un paro para defender a un condenado por vandalismo es un mensaje correcto para un alumno? “No, solo es un mensaje incorrecto. Es una enseñanza que dilapida las bases de la democracia y, en ese sentido, va en desmedro de la construcción ciudadana, uno de los principales objetivos de la educación obligatoria aprobados por unanimidad por el Congreso de la Nación”, reflexiona Zorzoli.

Mientras el actual responsable de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, sigue de gira por las provincias sumando apenas una hora más de clases en el nivel primario de gestión estatal y no se pronuncia en contra de las medidas de fuerza de los docentes, el exministro y actual diputado nacional, Alejandro Finocchiaro, rechaza el planteo de Ctera de hacer un paro en contra de la “criminalización” de la protesta social: “No existe tal cosa: hay un sindicalista condenado por la Justicia que lo encontró culpable de provocar un incendio en Chubut”.

Mientras aguardamos el impacto que puede tener mañana, una vez más para los chicos argentinos, especialmente quienes concurren a las escuelas públicas, una huelga docente sin sentido, no está de más recordar las propias falencias educativas de la líder de Ctera. En un acto proselitista en octubre de 2019, en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), cuando políticos, sindicalistas y pedagogos kirchneristas soñaban con “condiciones dignas para enseñar y para aprender”, que parecen aún no haber alcanzado, Sonia Alesso denunciaba a los gritos que en muchas escuelas había “paredes electrocutadas”.

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