“Hechos casi imposibles de predecir”: absolvieron a cuatro guardaparques por la muerte de dos chicos al caer un árbol

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El Tribunal Oral Federal de Neuquén resolvió este martes absolver a los cuatro guardaparques procesados por la caída de un árbol que causó la muerte de dos chicos en el Parque Nacional Lanín. En sus fundamentos, el tribunal advirtió que no existió impericia ni negligencia.

El juicio oral había comenzado el 30 de octubre y se extendió hasta el jueves pasado, cuando se escucharon los alegatos finales. El fiscal general Miguel Palazzani había solicitado una pena de tres años de prisión y cinco de inhabilitación para los cuatro guardaparques imputados.

“Los funcionarios traídos a juicio no son responsables de los hechos ocurridos. Aquí no había normas que establecieran que los guardaparques debían revisar los árboles ni talarlos. Tampoco estaba establecido cuál sería el procedimiento y quién era el responsable de dicha tarea. Y menos aún exigirles a quienes no eran especialistas en árboles, establecer si un árbol se encontraba en riesgo de caerse o no”, indicaron los jueces.

El caso Lolén comenzó en 2006, en el camping de ese nombre. El primer día de ese año, un roble pellín cayó hacia la playa del lago Lácar y aplastó a Matías Mercanti, de 7 años, y Martina Sepúlveda, de 3, mientras que causó heridas a dos adultos que estaban allí pasando Año Nuevo.

Por esas muertes, cuatro agentes de la Administración de Parques Nacionales (APN) fueron procesados por homicidio culposo, presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones graves. Se trata del guardaparque Matías Iván Encina, Diego Luis Lucca (titular de guardaparques), Juan Ignacio Jones (jefe del Departamento de Conservación y Manejo) y María Mercedes Hileman (jefa de Uso Público del Parque Nacional Lanín).

También fueron llevados a juicio dos prestadores de servicios turísticos –Milena Úrsula Cheuquepan y Juan Eduardo Delgado Abarzúa, pertenecientes a una comunidad mapuche– que estaban a cargo de la concesión del camping al momento de la tragedia. En los alegatos finales, la Fiscalía había pedido la absolución para esas dos personas.

La demanda iniciada por las familias de las víctimas pasó por tres instancias, una falta de mérito y dos sobreseimientos, en 2019 y en 2020. Y llegó hace unos días a juicio oral.

Medidas

Desde hace unos meses, los trabajadores de todos los parques nacionales realizaron jornadas de apoyo a los guardaparques procesados. A fines de octubre, en la previa del cierre del juicio, unos 20 parques permanecieron cerrados, al tiempo que hubo un encuentro en la intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, a metros del Centro Cívico de esta ciudad: asistieron personal de todas las áreas y dependencias de la institución, representantes de diversas organizaciones y guías.

“Deseamos transmitir que este es un momento muy difícil tanto para los trabajadores, como para las familias involucradas, y apelamos a que ratificar una condena por parte de la Justicia –endilgando responsabilidad a los trabajadores de la APN por la ocurrencia de un fenómeno natural– afectaría a todas las actividades relacionadas con el turismo, el uso público y a todas aquellas derivadas que son fuente cultural y laboral. Los hechos de la naturaleza son imprevisibles e inevitables”, advirtieron los guardaparques.

Agregaron que responsabilizar a los guardaparques por las consecuencias de los fenómenos naturales “pondría en riesgo la posibilidad de visitar las áreas protegidas”. En el marco del acompañamiento a los agentes procesados por el caso Lolén, se redujo en los últimos días la atención al público en edificios y seccionales de diversas áreas naturales.

La semana del juicio también se suspendieron en el Parque Nahuel Huapi excursiones lacustres y terrestres, al tiempo que se decidió el cierre de senderos y áreas de uso público. Los guardaparques, incluso, realizaron panfleteadas en distintas rutas para visibilizar la situación y solicitar la comprensión de los turistas.

Vigilia

Ayer, las familias de los niños fallecidos en el camping Lolén convocaron a una marcha en San Martín de los Andes. “Es muy importante que como comunidad podamos unirnos en esta vigilia a la espera de la decisión del Tribunal. Confiamos que se hará justicia, que tendremos un fallo ejemplar que sentará precedentes para que esto no le vuelva a pasar a ninguna familia”, expresaron.

En tanto, Lucas Sepúlveda, el padre de Martina, indicó: “Estamos de acuerdo en que no sabemos cuándo un árbol va a morir, como así tampoco sabemos cuándo una persona lo va a hacer. Pero sí sabemos que si hubiese habido un control, se podría haber determinado que ese árbol presentaba un peligro inminente al estar descalzado y mi hija y Matías estarían vivos”.

En los fundamentos conocidos este martes, los jueces del Tribunal Oral Federal de Neuquén dijeron: “Lamentablemente, la respuesta del sistema penal no estará a la altura de las expectativas de las víctimas. Eso se debe a que para el derecho penal la imposición de una pena de prisión es el último recurso que tiene el Estado para lograr la convivencia social, no es el primero. En este caso, pueden existir responsabilidades administrativas o civiles, pero no somos nosotros los encargados de establecerlas”.

Y añadieron: “Quedó claro que ciertos hechos son casi imposibles de predecir. De estos hechos aprendemos todos y a partir de ese aprendizaje debemos mejorar nuestro accionar. La APN, advirtiendo a la población de los peligros que implica un parque nacional, colocando más cartelería, informando a los turistas de los peligros a los que están expuestos, contando con personal especializado e idóneo que sepa lo que se debe controlar. La población, por otra parte, debe saber que al ingresar a un parque nacional se ingresa a un ambiente natural y hostil. Allí existen ciertos peligros por los que se deben tomar medidas de prevención. Y la Justicia también debe aprender a trabajar con celeridad, para que las personas afectadas reciban una respuesta justa en un tiempo razonable”.

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