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Hablan en San Luis de otro "pacto de Olivos"
Una reforma constitucional permitió la reelección de Rodríguez Saa, que accedió a crear un Consejo de la Magistratura
SAN LUIS.- Los cuestionados jurys contra magistrados presuntamente enfrentados con el gobierno que encabeza en forma ininterrumpida desde 1983 el justicialista Adolfo Rodríguez Saa son sólo la punta del ovillo de la crisis judicial de la provincia.
La situación ya motivó pedidos de intervención federal y hasta la expulsión de San Luis de la Federación Argentina de Magistrados (FAM), oficializada hace diez días en Rosario, tras la destitución, el 5 del actual, de la jueza de Villa Mercedes Adriana Gallo de Ellard y el anuncio del cuestionado juicio oral que enfrentará su par Ana María Careaga desde el 9 de diciembre próximo, del que informó La Nación en su edición de ayer.
Observadores políticos y judiciales de esta provincia consultados por La Nación sostienen que los juicios de destitución de los que aquí se conocen como "jueces rebeldes" incidirán sobre el ánimo y la conducta del resto de los magistrados, que con los antecedentes de jurys impulsados por simples errores procesales, colocan a los jueces en una posición de inseguridad jurídica.
Pero, en muchos aspectos, San Luis fue caso piloto en cuestiones que luego se reprodujeron en el nivel nacional. Por eso, justamente, conviene seguir el curso de su crítica situación.
En 1985, el justicialismo tuvo un revés en las elecciones legislativas. Y Rodríguez Saa vetó los comicios, al objetar que un candidato radical estaba jubilado por invalidez. La UCR, entonces, bajó a Buenos Aires y pidió la intervención federal.
La delicada cuestión tuvo punto final cuando el gobernador dio marcha atrás con su veto, obteniendo a cambio el llamado a elecciones constituyentes para el año siguiente, "un verdadero pactito de Olivos", como lo definió el diputado provincial por el Frepaso Juan José Laborda Ibarra.
Con la reforma constitucional de 1986/1987 se introdujo una cláusula que permite la reelección indefinida del gobernador, que posibilitó que Adolfo Rodríguez Saa esté ahora en el último año de su cuarto mandato, el cual sólo conocería interrupción si renuncia para ocupar una banca en el Senado nacional, aprobado su pliego la semana última.
Llega la Magistratura
Como contrapartida, se consagró la creación de nuevas instituciones, como el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, encargados del nombramiento y la remoción de jueces, respectivamente.
"Con los nuevos órganos, la Justicia tuvo un salto cualitativo, que posibilitó la formación de mayorías no adictas al gobierno y que muchas veces votaban en disidencia de los intereses del Ejecutivo", explicó Miriam Agúndez de Grasso, ex integrante del gobierno y actual titular del Colegio de Abogados.
La crisis comenzó en 1993, con los primeros cambios en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Y desde hace dos años y medio se extendió como un cáncer.
Con la sanción de 16 leyes, el Poder Ejecutivo avanzó sobre el Judicial: se suspendió el régimen de estabilidad de funcionarios judiciales, que pueden ser despedidos sin causa ni sumario; se violó la intangibilidad de los sueldos de los jueces, al decretarse una quita del 40% de sus salarios; se disolvieron los colegios de magistrados de San Luis y de Villa Mercedes, que perdieron sus tres lugares -de nueve- en el Jurado de Enjuiciamiento y en el Consejo de la Magistratura.
La quita de sueldos de los jueces generó una catarata de recursos de amparo. El cisma entre gobierno y magistrados alcanzó su máxima profundidad y llevó al paro judicial que, entre diciembre de 1996 y marzo de 1997, dejó a los puntanos sin un solo día de administración de Justicia.
La situación provocó que desde el periódico local de mayor difusión, el Diario de la República -propiedad de los Rodríguez Saa- se responsabilizara por la situación a los jueces, acusados de "tener privilegios y no aceptar la reducción de sus salarios en desmedro de la población".
Desde la gobernación se organizó una manifestación popular pidiendo la renuncia de los miembros del Superior Tribunal, encabezada por el vicegobernador y por el jefe de policía. Y desde la tapa del Diario de la República se exhibió un fotomontaje que mostraba a los cinco miembros del alto tribunal en ropa interior y con gorras de policía.
Cuatro de sus miembros renunciaron y fueron reemplazados por otros nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, que tiene nueve miembros, todos por el oficialismo, sin representación de minorías.
En mayo de 1997, el Superior Tribunal quedó presidido por Carlos Sargnese, que había integrado el gobierno puntano. Se modificó una cláusula de ese órgano para permitir su reelección -en lugar de la rotación anual- y Sargnese pasó a ocupar también la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento, que se encarga de la remoción de magistrados.
La "emergencia económica", que según el gobierno provocaba el rechazo de los jueces a la baja de sus haberes, quedó sellada cuando el Ejecutivo traspasó al Poder Judicial el pago de los sueldos, previa reducción de la partida presupuestaria. "En rigor, la diferencia eran 980.000 pesos en un presupuesto de 700.000.000 que maneja la provincia", sostuvo Agúndez.
Entonces llegaría la disolución de los colegios de abogados y la caducidad de las matrículas profesionales. También se dictó la suspensión de los juicios contra el Estado. Los jueces que litigaban con el gobierno por sus sueldos quedaron contra la pared.
La crisis se agudizó en marzo último, cuando 12 secretarias de juzgado fueron despedidas sin causa ni sumario. Y a principios del actual, cuando se decidía la suerte de la jueza Gallo de Ellard en el Jurado de Enjuiciamiento, una parte de los magistrados firmaron un acuerdo con el gobierno en el que aceptaban finalmente la reducción salarial, "en pos de asegurar el funcionamiento de la Justicia".
Para el Poder Ejecutivo, la firma del acuerdo "fue un éxito"; para la presidenta del Colegio de Abogados de San Luis, "fue un capítulo más del disciplinamiento de Poder Judicial, con el que el gobierno de Rodríguez Saa, que ya no tolera ni siquiera a los jueces dóciles, busca remover a todos los independientes y dejar simples "firmadores de sentencias" que tiendan a legalizar todo lo que quieren que se legalice y les cuidan las espaldas".
Una conclusión del actual estado de situación institucional de la provincia puede extraerse del escrito de defensa presentado por la doctora Careaga ante el Jurado de Enjuiciamiento: "Asumir las consecuencias de hacer lugar a la acusación supone convertir al Jurado de Enjuiciamiento en una instancia revisora de las interpretaciones legales realizadas cotidianamente por los magistrados en el ejercicio regular de sus funciones, estableciendo una suerte de Poder Judicial paralelo".
Por Por Fernando Rodríguez <br/> (Enviado especial)
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