Grieta religiosa: pese a un “acuerdo” entre las monjas y la iglesia de Salta, seguirán investigando los vínculos económicos del convento
Como el Arzobispado no homologó el pacto ante la Justicia, continuará la causa que se abrió en Delitos Económicos
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
La Unidad de Delitos Económicos de Salta continúa la investigación sobre la economía del Convento San Bernardo. El procedimiento se desprendió de la causa iniciada por una denuncia de las monjas carmelitas descalzas al arzobispo Mario Cargnello y a otros tres religiosos por supuesta violencia de género y económica. Ahora, la Justicia vuelve sobre el vínculo económico entre el monasterio y la fundación de la “Virgen del Cerro”. Sin embargo, los investigados no son las religiosas, sino los administradores.
Desde la Fiscalía confirmaron a LA NACION que si bien se presentó el acuerdo firmado para resolver el conflicto, con intervención de un mediador del Papa Francisco, entre el Arzobispado y las monjas, no fue homologado porque falta la aceptación del representante legal de Cargnello. “Se solicitó que ratifique el patrocinio del arzobispo –explicó la fuente–. Como no se hizo, para la Unidad de Delitos Económicos la causa sigue”.
Desde la Iglesia se limitaron a responder a este diario que “no habrá ratificación” ante la Justicia. Según pudo averiguar LA NACION, esa decisión fue la que desencadenó que los abogados que representan a las monjas de clausura presentaran un escrito ante la jueza de Violencia de Género y, así, evitaran que esa causa fuera archivada. Ese era el destino si se cumplían los seis meses sin movimientos. Cuando faltaba una semana se interrumpió el plazo.
Impugnación
A mediados de agosto pasado, la jueza de Garantías de Salta rechazó la impugnación que presentó el abogado Juan Pablo Recchiuto Valdecantos, “en ejercicio de la asistencia técnica de los miembros del Consejo Directivo de la Fundación Obra ´Yo soy la inmaculada madre del divino corazón eucarístico de Jesús´ y ´Yo soy el sacratísimo corazón eucarístico de Jesús´”[las que administran todo lo relacionado a la “Virgen del Cerro” y del monasterio] para que no se aceptara que Cargnello fuera querellante particular en la causa de la investigación económica.
La “Virgen del Cerro” es el eje del conflicto entre el arzobispo y el convento. La Iglesia no reconoce la devoción y las monjas, además de profesarla, integran la fundación. Los terrenos donde está la ermita está a nombre del convento y el esposo de María Livia Galliano, la mujer que dice tener las “apariciones” de María, es el síndico de las carmelitas.
La impugnación rechazada por la Justicia se fundamenta en que, desde el punto de vista del derecho civil, la Iglesia Católica constituye un sujeto de derecho público, y el arzobispo “resulta ser la persona legitimada, con capacidad suficiente, para estar en juicio, y para representar todo lo atinente a los bienes y administración”.
Además advierte que los pedidos de información realizados por la Unidad Fiscal son “para determinar si existe o no alguna maniobra defraudatoria en perjuicio de las hermanas Carmelitas y/o de la Iglesia Católica”.
Sostiene que Cargnello, en representación de la Iglesia, está “velando por la correcta administración de los bienes de aquella, y cuya única pretensión es determinar si hubo o no una administración no acorde con las normas que rigen nuestro Código de Fondo”.
E indica que el fiscal “no está investigando al querellante, ni tampoco a la priora del Monasterio San Bernardo de Carmelitas Descalzas de Salta, sino a Carlos Obeid y Marcelo Mentesana, quienes se desempeñan como síndico y administrador de los bienes de dicho monasterio”. Respecto del planteo de que Cargnello está denunciado por supuesta violencia de género, la Justicia de Garantías, señala que esa causa sigue sin perjuicio sin que también lo haga la investigación económica.
La raíz
En la denuncia judicial presentada por las monjas contra Cargnello hay referencias a que pasan “necesidades económicas”. En esa misma causa, la priora admite que la orden tiene tres propiedades en la zona céntrica de Salta, que están alquiladas y que son administradas, desde 1998, por Mentesana.
Según documentación judicial a la que accedió este medio, el convento explicó a la Fiscalía de Delitos Económicos que pagan por las tareas de administración el 20% de los alquileres. En uno de esas propiedades Obeid tuvo una concesionaria de autos. El terreno donde está la “Virgen del Cerro”, que fue donado por Eduardo Garat, está a nombre del monasterio.
En el acuerdo entre el Arzobispado y las monjas, se considera “satisfecho” el pedido de rendición de cuentas del convento más allá de que no se realizó y la Iglesia lo venía reclamando. Fue parte del intento de detener la escalada del conflicto.
Por Gabriela Origlia
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