Grieta religiosa: la fiscal que investigaba la gestión económica del convento salteño se apartó de la causa
Expuso que los abogados de las monjas del monasterio San Bernardo fueron “agresivos e irrespetuosos”; antes se había excusado una jueza
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
SALTA.- La causa judicial que investiga la gestión económica del Monasterio San Bernardo de Salta y su vínculo con la fundación Obra Yo soy la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús y Yo soy el Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús, que es la del Virgen del Cerro, se quedó sin fiscal. Ana Inés Salinas Odorisio, a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, se excusó de seguir en el tema. Ahora el Procurador General de Salta debe designar su reemplazo.
En esta misma causa ya se había excusado la jueza Claudia Puertas. La fiscal tomó la decisión después de la declaración de la priora del convento ante la jueza Ada Zunino. La audiencia se concretó en el monasterio por la condición de monjas de clausura de las carmelitas. Salinas Odorisio decidió dar un paso al costado porque, en ese encuentro, fue “reiteradamente cuestionada” en su labor “investigativa” por “falta de objetividad y lealtad procesal”.
En el texto en el que se excusa, la funcionaria señala que esa fue la actitud de los abogados Juan Casabella Dávalos y José Viola, ambos representantes de las monjas. Además de apuntar esos cuestionamientos, agrega que hubo “agravios” por parte de los letrados “quienes utilizaron términos agresivos e irrespetuosos (…) inapropiados en mi condición de Magistrada y, principalmente, de mujer”. Este medio consultó a los dos letrados sobre el planteo, pero no respondieron.
“En efecto –continúa el escrito al que accedió LA NACIÓN–, los letrados mencionados no dudaron en utilizar palabras ofensivas no solo para fundar la supuesta falta de objetivas (Sic), sino también para ofenderme en mi persona, generando ello un conflicto emocional para seguir interviniendo en las presentes actuaciones”.
Califica de “temeraria” la intervención de Casabella Dávalos, quien “con su comportamiento violento y ofensivo hacia mi persona me genera violencia emocional para seguir interviniendo” en la causa.
En el documento, Salinas Odorisio indica que en las actuaciones que tramitó “no existe ninguna alegada ni probada circunstancia que permita tan siquiera dudar de la objetiva actuación” ni tampoco que permita “suponer influencia alguna”. También menciona que los planteos hechos por los abogados de las carmelitas fueron rechazados por el tribunal garante.
El expediente
La causa de la investigación económica es un desprendimiento de la denuncia presentada por las religiosas de clausura contra el arzobispo Mario Cargnello y otros tres religiosos por supuesta violencia de género y económica.
La investigación penal económica continuó pese al acuerdo firmado, con intervención de un mediador del Papa Francisco, entre el Arzobispado y las monjas en el marco del conflicto que disparó la adhesión de las carmelitas a la devoción de la Virgen del Cerro, no reconocida por la Iglesia.
En la audiencia en la que declaró la priora, se le preguntó por el rol de Carlos Obeid, esposo de María Livia Galliano, la mujer que dice tener las “apariciones” de la Virgen del Cerro. Su respuesta fue que es quien “lleva las cuentas”, junto con Marcelo Mentesana, y consultó por qué se está investigando a quienes las “ayudan” cuando ellas denunciaron al arzobispo.
El convento tiene varios locales comerciales alquilados y es autónomo en el manejo de sus recursos, aunque debe presentar una rendición de cuentas al Arzobispado. El San Bernardo es el depositario de la donación terrenos que hizo una familia porteña para que se construyera la ermita de la “Virgen del Cerro”.
Por Gabriela Origlia
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