Futuro incierto. Sin transición ni reuniones, preocupa la acefalía en un área sensible del Estado

A cinco días de la asunción presidencial de Javier Milei, el bosquejo del nuevo Ministerio de Capital Humano, que promete englobar a otras cinco excarteras nacionales, aún parece no estar del todo definido. Mientras, la flamante dependencia mantiene un particular hermetismo: sus funcionarios no tienen comunicación con los medios ni hacen declaraciones oficiales, y todavía no publican en las redes sociales ni tienen página web.

En este contexto, la incertidumbre crece entre los 1278 empleados de uno de los ministerios que se supone que quedarán circunscriptos dentro de su órbita, el de Mujeres, Diversidades y Género. Fuentes de esta dependencia plantean que todavía no ha habido ningún tipo de transición ni comunicación con Capital Humano. “Hemos pedido tener una reunión para poder iniciar algún tipo de diálogo, pero no hemos tenido respuesta”, indica una funcionaria consultada que prefiere mantener su identidad en reserva.

Hasta la fecha, lo que ha dejado saber el gobierno nacional es que esta cartera perderá su rango ministerial, al punto de quedar subsumida dentro de una secretaría. De cumplirse esta medida, el Ministerio de Mujeres sería el que sufriría la mayor rebaja de categoría de todo el gabinete, seguido por el de Ambiente, que, según ya fue anunciado, pasará a ser una subsecretaría.

De acuerdo con la reciente modificación de la Ley de Ministerios (decreto 8/2023), los compromisos y obligaciones que asumía hasta ahora el Ministerio de Mujeres -la mayoría vinculados con la prevención contra la violencia hacia las mujeres y el amparo económico y legal de las víctimas de violencia de género- pasarían a ser ejecutadas por Capital Humano. Más específicamente, según pudo reconstruir LA NACION, pasarían a ser menester de la nueva Secretaría de Niñez y Familia, a cargo de Pablo de la Torre, exsecretario de Salud y Bienestar Familiar de la Municipalidad de San Miguel, a quien la ministra Sandra Pettovello conoció en la Universidad Austral, durante su licenciatura en Ciencias para la Familia. La secretaría que el exfuncionario de San Miguel tendrá a cargo todavía no tiene definido su organigrama, según fuentes ligadas al gabinete.

“No parece haber todavía nada definido al respecto”, afirman fuentes del Poder Ejecutivo sobre el futuro de las políticas de género, algunas de las cuales que no solo están reguladas por la legislación argentina -ley de violencia contra la mujer (Nº 26.485 )- sino que también son parte de los compromisos internacionales a los que adhiere el país. Informan, a su vez, que el foco central de la Secretaría de Niñez y Familia será abordar la primera infancia, con el foco en la nutrición y la estimulación temprana, para igualar las oportunidades de los menores antes de su llegada a la escuela primaria. La idea principal, aclaran, es intentar replicar el trabajo que viene realizando el Municipio de San Miguel, del que fue intendente Joaquín de la Torre, hermano del ahora secretario nacional, en materia de primera infancia -basado en el método Conin- en el resto del país.

“Todavía no se sabé qué políticas de género seguirán. No podemos saber qué impacto va a tener el cambio de rango, qué programas de este ministerio van a continuar. Mientras tanto, hay más de 40.000 mujeres beneficiarias del Plan Acompañar que no saben si el lunes que viene dejarán de recibir ayuda”, dicen desde el ahora desarticulado Ministerio de Mujeres. El plan Acompañar, que absorbe el 80% de la partida anual de esta dependencia es una ayuda económica equivalente a un salario mínimo vital y móvil por seis meses para víctimas de violencia de género.

Mientras, el Ministerio de Mujeres sigue funcionando, aunque de manera acéfala. La primera y la segunda línea de funcionarios ya han dejado sus cargos, mientras que el resto de los empleados -24 de planta y otros 1252 contratados- continúan en funciones. “Las políticas siguen funcionando porque tenemos presupuesto asignado para este mes. También para los sueldos”, explican. “Hay leyes que cumplir. El Estado tiene obligaciones asumidas y compromisos internacionales con rango constitucional en materia de políticas contra la violencia de género. Estamos a disposición del nuevo gobierno desde hace semanas para conversar y planificar una transición, pero no se han comunicado con nosotros. Creemos que es una irresponsabilidad que decidan qué van a hacer con el ministerio sin conocimiento de cada una de las políticas y programas que tenemos y su impacto en la población”, agregan.

De instituto a ministerio

El Ministerio de la Mujer fue creado por la gestión del entonces presidente Alberto Fernández y su primera titular fue Elizabeth Gómez Alcorta. La abogada y militante feminista renunció, en 2022, de forma “indeclinable” a su cargo por su desacuerdo con el desalojo de los mapuches en Villa Mascardi, tras denunciar “graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres detenidas”. Fue reemplazada por la licenciada en Ciencias Políticas Ayelén Mazzina Guiñazú, de 33 años, que hasta entonces ocupaba ese mismo cargo en la provincia de San Luis.

Con anterioridad al último gobierno del kirchnerismo, el área tenía apenas rango de instituto. Su política más longeva es la línea telefónica 144, destinada a la atención de víctimas de violencia de género, que funciona desde hace más de 10 años y actualmente atiende un promedio de 340 llamados diarios, según datos oficiales. El presupuesto anual 2023 de la dependencia fue de 81.523,9 millones de pesos, que representa el 0,58% de toda la administración pública nacional.

Es por ello que fuentes del gobierno saliente afirman que la promesa que hizo La Libertad Avanza (LLA) durante la campaña de cerrar el organismo es, desde su perspectiva, una decisión más “política que económica”. “Tenemos una de las plantas de empleados más pequeñas que hay en todo el gobierno nacional”, argumentó la semana pasada en diálogo con LA NACION la entonces jefa de Gabinete de ese ministerio, Érica Laporte, quien ayer dejó su cargo.

El cambio de rango del exministerio parece responder, además de a una cuestión presupuestaria con el criterio de reducir el déficit fiscal nacional, a una netamente ideológica. Así como Alberto Fernández había prometido su elevación al rango de ministerio durante la campaña presidencial del kirchnerismo en 2019, Javier Milei se comprometió este año a erradicarlo. A su vez, la vicepresidenta Victoria Villarruel dejó en claro durante los últimos meses estar de acuerdo con esta decisión: “Es un embudo de ingresos públicos –opinó durante una entrevista en septiembre pasado–. No sirve para nada. No mejoró la situación de las mujeres, pero sí mejoró la situación de las que están contratadas ahí adentro”.

A su vez, Villarruel había afirmado en aquel momento que, desde su punto de vista, la violencia de género no existe. “La violencia, para mí y para muchos, no tiene género. Entiendo que hay situaciones en las que la mujer es víctima, pero también hay niños que son víctimas, ancianos que son víctimas y hombres y discapacitados. Entonces me parece que cuando creamos estas diferenciaciones, rompemos la igualdad ante la ley y le hacemos un grandísimo daño al sistema democráctico”, había argumentado la actual vicepresidenta.

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