“Fuga de médicos”. Por qué en Mendoza se agrava la crisis sanitaria
Siguen suspendidas más de 6.000 cirugías programadas; las autoridades provinciales comenzaron a sumariar a profesionales; podrían bloquearles las matrículas
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MENDOZA.- La crisis de la Salud se profundiza en esta provincia: más de 6.000 cirugías programadas siguen suspendidas ante la negativa de los anestesiólogos de prestar el servicio bajo las condiciones salariales actuales. Así, frente a la renuncia masiva de los especialistas, a pesar de que el Poder Ejecutivo provincial dictó una ley de emergencia en la actividad y abrió una mesa de diálogo para que retomen las prácticas, la escalada de rechazo de los profesionales no se detiene. Sin embargo, ahora, el gobierno dio un paso más que agudiza el conflicto: comenzó a sumariar a los médicos e iniciar el proceso de bloqueo de matrículas, amparándose en la normativa que aprobó semanas atrás.
Desde el Ministerio de Salud indicaron a LA NACION que ya son cuatro los anestesiólogos bajo investigación administrativa, con la posibilidad real de que en los próximos días queden impedidos de trabajar tanto en el sector público como en el privado. Asimismo, de acuerdo con las fuentes oficiales, la medida comenzará a hacerse extensiva a los más de 40 profesionales de toda la provincia que incumplen los alcances de la reciente ley en su actividad en el Estado. Por su parte, solo cuatro médicos decidieron acatar las órdenes legales y volver a realizar las prestaciones por las que todos pretenden cobrar $50.000 en las guardias de días de semana y $65.000 los fines de semana, con ajuste por inflación y adicionales por zona. Actualmente, perciben $30.000. En Mendoza, hay más de 200 anestesiólogos con matrícula activa, según datos oficiales.
Ahora, indicaron a este diario desde el área de Legales de la cartera sanitaria, solo resta que la pesquisa oficial avance y pase a manos del Consejo Deontológico provincial para hacer efectivas las duras sanciones. “Ya se emitieron las notificaciones a cuatro médicos, quienes tendrán 8 días para presentar un descargo. Una vez que se produzca esa instancia, el Consejo enviará a las autoridades de Salud un legajo, diciendo que la persona está o no en condiciones de ser suspendida su matrícula”, explicaron, por lo que todo queda a la firma final de la ministra de Salud, Ana María Nadal, o del gobernador Rodolfo Suarez. “Es un proceso administrativo similar al penal. De avanzar, en unos 15 días los sumarios y la suspensión de matrícula real podría quedar activa”, graficaron.
Monitoreo
Toda esta situación es monitoreada de cerca por el principal gremio de los médicos mendocinos, que ha quedado marginado de la mesa de debate, tanto por los anestesistas como por el gobierno, pero que rechaza lo que ocurre con estos profesionales. Por eso, esperan ingresar con fuerza e intentar encontrar una salida a la crisis que vive el sector, más allá de ir a la Justicia, ya que consideran que son los únicos que pueden destrabar el reclamo salarial, bajo los alcances del convenio colectivo de trabajo local. Así, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), en medio del caos y la incertidumbre oficial, no solo rechaza los alcances de la ley de emergencia, que obliga a los anestesiólogos a brindar el servicio que prestan al Estado, sino que considera que la norma es inconstitucional, por lo que los abogados del sindicato ya preparan la presentación para llevar a los tribunales provinciales e, incluso a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Estamos esperando que la ley se reglamente para hacer efectiva la demanda en la Justicia. Hay cuestiones técnicas y legales que faltan, pero el gobierno avanza con la aplicación. Está claro que esa norma no es el camino hacia ninguna solución y va contra el convenio. No se puede obligar a realizar la tarea a prestadores de un servicio que ni siquiera tienen relación con el Estado. Es inconstitucional por donde se la mire”, expresó a este diario Ricardo Daniel Jiménez, secretario adjunto de Ampros, quien le restó importancia al rechazo judicial que se produjo días atrás a una cautelar presentada por un anestesiólogo, ya que considera que no se hizo un reclamo colectivo y bajo personería jurídica.
Sin embargo, desde el gremio consideran de gravedad que haya médicos anestesiólogos prontos a recibir el bloqueo de títulos, más allá de reprocharles sus intentos de tercerizar o privatizar las prestaciones.
“Tenemos dudas de que pueda concretarse la quita de matrículas, pero todo es posible. Es un proceso en el que incluso deberíamos ser notificados para actuar como veedores, por lo que daremos nuestra postura en la Comisión de Disciplina”, agregó Jiménez.
Por su parte, Roberto Campos, jefe de Gabinete del Ministerio de Salud de Mendoza sostuvo que “la ley se hará cumplir, aunque está abierto el diálogo, y no está el ánimo de quitar matrículas”. De hecho, el funcionario admitió que si un profesional desiste en su postura se podría dar marcha atrás con el sumario. “Si llegamos a un acuerdo, esto puede quedar en la nada”, indicó Campos en declaraciones a Radio Mitre Mendoza.
Todo está por verse, pero, hay una realidad que sigue creciendo, con una crisis en salud que va más allá de los anestesiólogos. “Es todo grave y crítico, con más de 6.000 cirugías en espera. Y no es un problema de un sector; hay, por ejemplo, neonatólogos o terapistas en situaciones similares: pocos profesionales para una alta demanda, y cobrando lo mismo que un recién recibido. Y muchos, empiezan a mirar otros horizontes o a irse”, completó el dirigente de Ampros, a tono con la publicación días atrás de LA NACION que revelaba la progresiva “fuga de médicos” que se vive en la tierra del sol y del buen vino.
Los profesionales de la salud instan a las autoridades a cumplir los alcances del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), bajo la ley N°7759 de Contrato de Trabajo. “Es el único CCT de salud en el país y también de América del Sur. Es una verdadera política de recurso humano”, recalcan los médicos mendocinos.
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