Fiestas clandestinas: un foco de contagios al que no le encuentran la solución

CÓRDOBA.- Las fiestas clandestinas en Córdoba, al igual que en la costa Atlántica, son un dolor de cabeza en los meses de verano. Durante el último fin de semana la Policía desarticuló más de un centenar en unas 45 localidades de la provincia. En la ciudad capital, por ejemplo, hay multas desde 100.000 hasta 5 millones de pesos para los propietarios de lugares donde se realicen fiestas clandestinas, de acuerdo a las características y cantidad de concurrentes. Sin embargo, no logran disuadir a los organizadores y las fiestas se repiten cada fin de semana.

En las reuniones intervenidas por la Policía, muchas veces alertada por vecinos, podía haber unas 50 personas y en otras, como la que tuvo lugar en la costanera de Arroyito, unas 2000.

José Solera, secretario de Gobierno de la ciudad, explicó que no era una fiesta clandestina sino que como tienen una "amplia costanera" los "chicos se juntan para ir al río a tomar algo. "No es una fiesta, no estuvo organizado por nadie, ante la imposibilidad de tener inhabilitados los boliches, los habilitamos como bares", dijo.

El listado de ciudades donde hubo reuniones que superaron las 20 personas, que distribuyó la Policía es impactante: Alcira Gigena, Altos de Chipión, Balnearia, Camino de los Artesanos, Colonia Tirolesa, Coronel Baigorria, Cosquín, Cruz del Eje, General Levalle, Hernando, Juárez Celman, La Cumbre, Las Arrias, Marull, Mina Clavero, Morteros, Obispo Trejo, Puente del Cura, Rayo Cortado, Río Cuarto, Río Tercero, Saldán, San Francisco del Chañar, San José de la Dormida, Sebastián Elcano, Ucacha, Villa Allende, Villa Ciudad de América, Villa de Totoral, Villa Dolores, Villa María, Villa Nueva, Villa Rumipal, y Villa Santa Rosa.

Una de las que más llamaron la atención fue en Cuesta Blanca, en el Valle de Punilla: la fiesta duró dos días en la zona de la Playa de los Hippies. Comenzó en la noche del viernes 1°, cerca de las 21, y se extendió hasta las 22 de anteayer. La dueña del lugar llegó y se encontró con un despliegue de generadores eléctricos, barras de bebidas y equipos de música. Como los participantes no escucharon sus pedidos de abandonar el espacio, llamó a la Policía.

Alfonso Mosquera, ministro de Seguridad, explicó a LA NACION que en las últimas dos semanas la Policía trabajó de manera "intensa" en muchas oportunidades "en colaboración con los gobiernos locales". Planteó que hay más reuniones clandestinas: "Intentamos disuadir, que la dispersión no sea violenta en ningún caso".

Y agregó que se apoyan en la ley provincial que estableció sanciones para quienes no cumplen las medidas de prevención. Desde agosto llevan labradas 42.500 actas.

Poder de policía

La ley provincial prevé sanciones de entre $5000 y $500.000 a quienes incumplan con las medidas preventivas dispuestas en el marco de la cuarentena por coronavirus. Las administraciones municipales tienen poder de policía y fijan sus propios esquemas de multas. La Provincia adhirió al decreto nacional que establece que hasta el 31 de este mes no se habilitan discotecas y boliches; esa decisión generó tensión con intendentes que pretendían que abrieran.

Tampoco está permitida "la realización de eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos en espacios públicos al aire libre con concurrencia mayor a 100 personas y más de 20 en espacios cerrados".

Las reuniones no autorizadas se convocan en general vía WhatsApp, el lugar no se revela hasta minutos antes del inicio. Cuando se logra identificar a los organizadores, incluso se los intenta disuadir y se les deja en claro las responsabilidades penales que derivan de la situación. "Hay una estrategia de elusión deliberada que nosotros no vinculamos con empresarios del entretenimiento", dijo Mosquera, e insistió en que no quieren "criminalizar" la situación.

La Cámara de Empresarios de Boliches y Afines hizo un comunicado reclamando que la Provincia, frente al desborde de la clandestinidad, los deje funcionar. Entienden que los boliches son un espacio más controlable y seguro. José Collado, presidente de la entidad, subrayó que "se ha hecho una industria de la clandestinidad" y que hay "gente que vive de eso".

Desde la Provincia y los municipios aseguran que hacen prevención, en especial con los jóvenes, y que la responsabilidad individual es necesaria para que se controle la situación. Establecer un toque de queda nocturno, como se baraja para algunos lugares del país, sería muy negativo para el turismo y la gastronomía que llevan meses esperando el verano.

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