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Faltan pruebas para confirmar el suicidio
Tecnicismo: en Entre Ríos abundan las certezas sobre la muerte del empresario, pero la jueza espera más elementos.
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GUALEGUAYCHU.- Jueza, policías, forenses y hasta funcionarios del gobierno de Entre Ríos están convencidos de que Alfredo Yabrán se suicidó el 20 de mayo en la estancia San Ignacio y que fue enterrado ayer en un cementerio privado de Pilar.
Las dudas que al respecto escuchan por las radios y los canales de televisión de Buenos Aires los ofenden: creen que los tratan de corruptos o ignorantes.
Resulta difícil no darles la razón: dos cartas manuscritas con disposiciones para su futura desaparición -incluso la designación de su sucesor en los negocios-, el reconocimiento de familiares, conocidos y funcionarios, los exámenes médicos registrados en video y con varios testigos, sostienen su tesis.
Y sin embargo... Es igualmente difícil aceptar que un hombre que ocultaba su nombre y su rostro en las obras de su vida no haya elegido un testaferro para la muerte. O que una desaparición tan oportuna para tantos protagonistas del poder se deba al íntimo conflicto de un magnate caído en desgracia.
La jueza de instrucción de Gualeguaychú, Graciela Pross Laporte, trata de llegar al fin de la historia sorteando estos escollos. El título que puso a la causa 7814 expresa su afán de equilibrio: "Actuaciones para establecer formas y circunstancias en que perdiera la vida quien habría sido identificado como Alfredo Enrique Nallib Yabrán".
Bajo ese título de cuento yacen las pruebas básicas de la muerte de Alfredo Yabrán y las órdenes para obtener las más importantes. Pero una reconstrucción real del asunto requiere el concurso de varios testimonios, porque las horas póstumas de Yabrán estuvieron pobladas por policías, funcionarios judiciales y médicos, que lo midieron y recorrieron como él odiaba en vida.
La investigación surgió cuando llegó a los departamentos de la policía entrerriana el radiograma de Dolores que pedía la detención de Yabrán por el asesinato de José Luis Cabezas. Los policías del Departamento de Concepción del Uruguay recibieron información de que el empresario estaba en su jurisdicción y pidieron el fin de semana último una orden de allanamiento a la jueza de esa ciudad, María Cristina Calveyra, según relató ella misma a La Nación .
Oficio en mano, los policías entraron el domingo último en la estancia La Selmira, en la población de Colonia Elía, donde comprobaron que Yabrán había estado hasta el viernes. Luego, supieron de San Ignacio y, mediante los vecinos, que allí entraban y salían camionetas, y que había movimientos sospechosos.
San Ignacio está en el límite entre Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, por lo que Calveyra tuvo que enviar un exhorto a Pross Laporte el martes último. Ese día, admitió ésta, no se pudo organizar el allanamiento, que fue convocado para la mañana siguiente.
Pero ese día, como si supiera que irían a buscarlo, Yabrán habría escrito -si los peritajes de caligrafía confirman que son de su puño y letra- las dos notas suicidas encontradas luego de su muerte.
En una de ellas, descubierta en el cajón de un antebaño y dirigida al "Señor Juez", como en las novelas, acusa al ex ministro de Economía Domingo Cavallo de haberle pedido una coima y al gobernador bonaerense Eduardo Duhalde de perseguirlo.
Pross Laporte prefirió remarcar que, en esa misiva, Yabrán se "jura inocente del crimen de José Luis Cabezas" y explica que se quita la vida para no hacer sufrir a sus seres queridos.
La otra carta, entregada a un empleado, estaba contenida en un sobre con 40.000 pesos en billetes de cien y dirigida a una secretaria de Yabito SA. En el texto, dispone que se reparta el dinero "para quien lo necesite" entre determinadas personas que la jueza no identificó y aclara que la conducción de sus negocios quedara en mano de alguien a quien identifica con las iniciales H.C., según admitieron fuentes judiciales. Esas iniciales corresponderían a Héctor Colella, ex vicepresidente y accionista de la empresa OCA.
Detallada búsqueda
La partida encabezada por el jefe de Investigaciones de Concepción del Uruguay, comisario principal Julio Seves, llegó anteayer al mediodía al primer puesto de la estancia San Ignacio. No encontró nada y los puesteros le dijeron que más allá no había más que un "tambo abandonado". Seves no lo creyó y siguió adelante.
Mientras la comisión entraba, una camioneta todo terreno salía a toda velocidad por otro lado. Según la información que tiene la jueza Calveyra, en ella iba la custodia de Yabrán, que sólo por minutos no chocó contra los uniformados.
Seves y sus subordinados llegaron al chalet de lujo, que hace las veces de casco, cerca de las 13. Lo recibió una pareja que se presentó como "los parqueros" y que aseguraron no haber visto a Yabrán por allí. No era cierta ni una cosa ni otra: se trataba de Leonardo Aristimuño, un empleado de la nómina de Yabito SA y su esposa, Andrea, que trataban de proteger a su patrón.
La partida recorrió el living, la cocina, el altillo, el play-room y los dormitorios. Les llamó la atención que hubiera carne en el horno y que el hogar estuviese encendido. Sobre una mesa aún había restos de una "picada", tres vasos usados y una botella de whisky (así lo relataron ante la jueza Calveyra).
Entonces, tropezaron con la única puerta cerrada. Los falsos cuidadores dijeron que era una habitación en la que se guardaban cosas viejas de la familia. Los policías reclamaron la llave. Les respondieron que no sabían dónde estaba. Finalmente, probaron con una que servía para los otros dormitorios: cuando la llave giró en el cerrojo y empezaron a abrir la puerta, estalló un disparo.
Los policías se echaron al piso y desenfundaron sus armas. Al comprobar que no pasaba nada entraron, mientras el falso cuidador gritaba, según el testimonio de uno de los presentes: "¿Qué hiciste, Alfredo, qué hiciste...?" El hombre identificado hasta ahora como Yabrán yacía boca abajo, con una escopeta 12.70 bajo su cuerpo y un charco de sangre alrededor. Según la reconstrucción de los peritos que llegarían luego, se disparó en el paladar mientras estaba sentado en el antebaño de la habitación y cayó hacia adelante, sobre el piso.
Allí mismo lo reconocieron sus hermanos Amelia y Miguel Oscar, a las seis de la tarde. Según coincidieron Calveyra, fuentes policiales y legistas, el rostro del cadáver estaba aplastado por la caída, pero la piel y el cráneo estaban intactos; una tomografía computada posterior revelaría que todos los perdigones habían quedado en la masa encefálica.
Luego, los policías encontraron la carta en el cajón y Aristimuño entregó a Pross Laporte el mensaje que Yabrán le había dejado junto con una carpeta para su secretaria.
Pese a todos los datos, y aunque la autopsia oficial, filmada y presenciada por unas 15 personas, concluyó en que hubo "lesiones por autodeterminación", la jueza mantiene su danza sobre un hilo. Por ahora, la identidad entre Yabrán y el cadáver encontrado se basa únicamente en el reconocimiento de los hermanos y del medico de parte, Ricardo Leiva. Funcionarios judiciales y policiales dijeron en reserva a La Nación que también ellos lo habían reconocido; pero la certeza oficial sólo llegará cuando los restos de cabello, sangre, tejidos y órganos, sometidos a un análisis de ADN, prueben una u otra verdad.
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