Éxodo educativo: por la crisis económica, en tres años creció más que en una década la cantidad de chicos que van a escuelas públicas

La cantidad de alumnos en escuelas primarias y secundarias de gestión estatal aumentó más en estos tres últimos años que en la década anterior: en 2022, el 83,5% de los chicos de entre 6 y 17 años escolarizados asistía a una escuela pública, comparado con el 76,3% en 2019. Serían 843.300 más que en la prepandemia, a partir de una estimación poblacional. Es decir, un 13% más. Y fue a expensas de chicos de familias de nivel medio y medio alto que iban a establecimientos privados y no regresaron, según surge del último informe sobre la situación de la infancia del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA). En tanto, de 2010 a 2019, la diferencia fue del 7,3%.

LA NACIÓN dio cuenta de este fenómeno entre los usuarios del subsistema privado de pasarse a instituciones con cuotas más bajas o, directamente, públicas para ajustar gastos frente a la inflación.

Esto, según opinaron los autores, eleva aún más la presión sobre la capacidad de los estados nacional y provinciales de garantizar servicios educativos de calidad y sin descuidar a los alumnos que dependen del subsistema público para estudiar.

Una línea en el tiempo permite ver cómo evolucionó la demanda educativa, aun tras considerar el crecimiento promedio de la población menor de 17 años entre 2010 y 2020 estimada por el Ministerio de Educación de la Nación. En 2010, el 72,5% de los alumnos de primaria y secundaria –o unos 6.039.700 chicos y adolescentes– iban a un establecimiento de gestión estatal: casi 9 de cada 10 chicos escolarizados de familias de nivel socioeconómico bajo y muy bajo, 7 de cada 10 de las de nivel medio y hasta 5 de cada 10 de las de nivel medio alto.

Para 2019, un año antes de la pandemia de Covid, esa proporción ascendía al 76,3% (o 6.483.400 chicos), de acuerdo con los resultados obtenidos por el equipo del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia del ODSA, en la Universidad Católica Argentina (UCA). Eso es un 7,3% más que en 2010.

En 2022, la cobertura educativa estatal trepó al 83,5% (en las familias más vulnerables, llegó al 97%), según surge del relevamiento coordinado por Ianina Tuñón, investigadora especializada en sociología infantil y pobreza del Observatorio. Es decir, que alcanzó a unos 7.327.400 chicos y adolescentes o un 13% más que en 2019.

“En la última década, se registran elevados niveles de escolarización en la educación pública de gestión estatal, pero a partir de la pandemia parece haber un incremento de la matrícula en este sector educativo”, definieron los autores del informe, que se puede consultar acá. “Ese incremento –continuaron– se produce fundamentalmente en la niñez: en la educación primaria, creció 11 puntos porcentuales respecto de la prepandemia (del 75,7 al 87%), mientras que en la educación secundaria lo hizo la mitad (del 77,1 al 82,5%). Esto parece responder principalmente a [la incorporación de más chicos] de sectores medios no profesionales y residentes de la ciudad de Buenos Aires.”

Privaciones graves y estructurales

La mayor parte de los indicadores sobre las condiciones de vida de la infancia argentina que monitorean desde 2010 –alimentación, salud, educación, hábitat, subsistencia, crianza, socialización, acceso a la información y trabajo infantil– expone en este último relevamiento “situaciones muy graves de privación vitales para el desarrollo” físico, social y mental. El relevamiento alcanza a más de 60.000 hogares urbanos con chicos de entre cero y 17 años; los resultados son representativos del 95% de la población del país.

Tuñón explicó a LA NACIÓN que este incremento de alumnos en la educación estatal se dio principalmente en el área metropolitana de Buenos Aires, una zona donde los datos indicaban que más propensión había en las familias a la escuela de gestión privada. “Y ese cambio se da a partir de la pandemia y ante la falta de educación presencial, pero por dos caminos: sectores que prefirieron optar por escuela estatal y, otros, que lo hicieron al disminuir sus ingresos y no poder sustentar el costo de la escuela privada. Pero esos chicos no volvieron al sector privado –agregó–. El desafío que empiezan a tener los estados, prioritariamente el de la ciudad de Buenos Aires (en el resto del país ya era alta la concurrencia al subsistema público) es volver a tener una escuela de calidad, sobre todo para los chicos más vulnerables.”

Para medir si efectivamente se está garantizando el derecho a la educación, se relevó también el acceso a la jornada extendida o completa como determina la Ley de Educación Nacional y la enseñanza de idiomas, computación, educación física, plástica y música, entre otras actividades curriculares. “Hay metas educativas que no se cumplieron y están focalizadas especialmente en los chicos más pobres, como la doble escolaridad: lograr, por ejemplo, que el 30% de esa población asista a jornada completa –sostuvo Tuñón–. Esto es importante porque los sectores populares no tienen acceso a escuelas de jornada extendida o completa. Permanecer en la escuela es poder acceder a otros idiomas, música, actividades plásticas, salidas escolares, más allá de aprender lengua, matemática y geografía.”

Más del 90% de los alumnos de entre 6 y 12 años asiste a una escuela de media jornada y el 24,3% no tiene clases de música, plástica y educación física. Un 46,8% de los chicos de primaria no tiene clases de idioma extranjero, más en las escuelas públicas que privadas. El 66% tampoco tiene computación/programación. “Este deterioro en la oferta de enseñanza de computación también es elevado en la ciudad de Buenos Aires y el interior urbano –describieron los autores–. Igualmente, este déficit es mayor en el conurbano bonaerense y las ciudades del interior que en la Capital. En la educación primaria de gestión privada hubo un retroceso en la oferta de la enseñanza de computación, pero en el caso de la educación estatal, eso se duplicó.”

En la salud, también

En la salud se da la misma tendencia que en la educación, con un aumento “sostenido” de la población infantil y adolescente sin cobertura por obra social o prepaga. En 2010, el 50,6% de los menores de 17 no tenía otra cobertura que no fuera estatal, mientras que en 2019 era del 55,8% y, el año pasado, del 58,4% o unos 7.767.200 bebés, chicos y adolescentes. El nivel medio alto es el único que recuperó otra cobertura, ya que entre 2019 y 2022, el uso de la estatal se redujo del 15,3 al 10,9% entre los chicos de esa franja.

En las familias con menos recursos, la cobertura estatal exclusiva creció del 88,3 al 90,6% entre los menores de nivel socioeconómico muy bajo y del 71,8 al 73,7% entre los de nivel bajo. En los de nivel medio, lo hizo del 44,6 al 59% en ese mismo período.

Este es, para los investigadores, “un indicador de protección relevante” porque sirve para describir qué tipo de trabajo tienen los adultos a cargo, como así también de seguridad social.

“El indicador más fuerte es la concentración de chicos de familias con inserción en el mercado laboral informal y que por eso no cuentan con una cobertura de obra social o prepaga. Esto no es en sí un déficit, sino que plantea al Estado un desafío de ofrecer servicios de salud pública de calidad para esos chicos –planteó Tuñón–. En este contexto, las deudas están en la salud preventiva de los niños sanos y la salud odontológica. En ambos casos, los déficits son muy altos y, sobre todo, en los sectores económicos más pobres.”

Mientras que el 18,4% del grupo de entre 0 y 17 años no volvió a tener una consulta con el pediatra o un médico clínico durante por lo menos el último año –lo que sube al 31,6% entre los adolescentes–, el 44,9% de los chicos de entre 3 y 17 años no fue al odontólogo, de acuerdo con los resultados publicados. Entre los 3 y 4 años, cuando los niños empiezan a cepillarse solos los dientes, un 73% no volvió al control dental.

“La Argentina tiene desafíos superlativos porque la mayor cobertura en educación y salud la tiene, hoy, el Estado”, finalizó Tuñón.

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