Escuelas cerradas: una brecha cada vez más profunda

Hace más de 150 años la escritora y docente argentina Juana Manso proclamó que la desigualdad se remediaba con educación para todos. “La escuela es el secreto de la prosperidad de los jóvenes”. Hoy tan solo una autopista separa a los chicos y adolescentes que mañana podrán ir a la escuela de muchos otros que no. Pero una brecha cada vez más profunda los distancia. Según el INDEC la pobreza en el conurbano bonaerense alcanza al 51% de la población mientras que en la ciudad de Buenos Aires es del 16,5%. Las escuelas están abiertas de un lado de las autopistas. Pero en donde más se las necesita están cerradas.

En las 35 intendencias que rodean la Capital Federal los chicos cuentan con muchas desventajas de partida respecto de sus vecinos porteños, desventajas que rezagan el objetivo de la educación inclusiva. Un estudio de pobreza multidimensional en el ejercicio de derechos de la infancia, que analiza seis dimensiones —derecho a la alimentación, al saneamiento, a una vivienda digna, a la atención de la salud, a la estimulación y educación, y a la información— presentado en un informe de 2019 del Observatorio de la Deuda Social de la UCA observa que mientras en la Ciudad el 30% de los chicos experimentan privaciones en al menos una dimensión de derechos, tal proporción asciende al 75% en el Conurbano Bonaerense.

Los chicos que asisten a escuelas del conurbano bonaerense llevan al menos cuatro semanas de clases presenciales menos que sus vecinos porteños desde el comienzo del ciclo lectivo 2021. A esa diferencia se le suman los días de revinculación de noviembre de 2020, en mayor número también en la ciudad de Buenos Aires. Además del conurbano, otros 12 distritos del interior de la Provincia están hoy sin clases presenciales. Se trata en total de nada menos que 3,5 millones de chicos y adolescentes, lo que representa casi el 80% de la matrícula de la provincia.

Desde antes de la pandemia, existen también diferencias en los logros de aprendizaje entre los alumnos de una y otra jurisdicción. En las últimas pruebas PISA (que son de 2018), la Provincia de Buenos Aires obtuvo 413 puntos en comprensión lectora contra 454 de la Ciudad. En matemática la brecha es más amplia: 434 puntos en CABA contra 387 en la Provincia. Según estas pruebas, el 66% de los alumnos del conurbano no comprende las nociones básicas de matemática. Además, las tasas de promoción efectivas del conurbano son históricamente más bajas y la provincia de Buenos Aires tiene índices muy altos de abandono escolar a diferencia de la ciudad de Buenos Aires que registra los valores más bajos del país. Asimismo, se verifican disparidades importantes según cuál sea el formato de gestión de las escuelas, estatal o privado, dentro del propio conurbano. Según el informe del INDEC 2021 sobre el impacto de la pandemia en el Gran Buenos Aires en 2020, en las escuelas privadas la comunicación diaria entre docentes y alumnos alcanzó al 60% de estos últimos mientras que en las públicas eso solo sucedió en el 27% de los casos.

Más allá de su misión pedagógica, las escuelas funcionan como centros de servicios sociales, y muchas de ellas promueven la matriculación y retención de chicos y adolescentes en el sistema educativo que de otro modo quedarían excluidos de la educación. Los servicios críticos reducidos o perdidos debido al cierre de escuelas son múltiples. En primer lugar el acceso a programas escolares de nutrición. Según el informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA publicado en diciembre de 2020, el 48% de los hogares del conurbano recibe ayuda alimentaria, mientras que en ciudad de Buenos Aires esta cifra es del 30%. Por otro lado, con el cierre de escuelas, los chicos con discapacidades han perdido acceso a tratamientos de atención especializada o de rehabilitación. Fuera de las escuelas, esos servicios no se encuentran al alcance de las familias que viven en la pobreza. Asimismo dejaron de tener acceso a los servicios formales de salud mental y apoyo psicosocial que en general brindan las escuelas; la integración de estos servicios en la jornada escolar evita la estigmatización de los chicos con problemas de salud mental, en particular de aquellos que sufrieron situaciones de abuso o cualquier otra experiencia traumática.

Con el cierre de escuelas, los chicos perdieron también importantes salvaguardas sociales, muchos de los cuales son difíciles de cuantificar pero cruciales para garantizar su bienestar y desarrollo saludable. Las relaciones con sus pares y maestros pueden promover una salud mental positiva, y las escuelas proporcionan puntos de entrada a redes sociales para los alumnos así como para sus padres. Esto es especialmente importante para los grupos minoritarios como la comunidad LGBTIQ.

La evidencia sugiere que tras más de un año sin escuelas ha habido retrocesos significativos en el progreso de las últimas décadas hacia la igualdad de género. Las chicas reportan con mayor frecuencia que las tareas domésticas les impiden participar en el aprendizaje a distancia y, especialmente las adolescentes, corren un mayor riesgo de sufrir violencia sexual y de género. El cierre prolongado de los Centros de Primera Infancia ha impactado fuertemente en las madres de chicos pequeños que trabajan. Las cifras oficiales muestran una brutal caída del empleo y aumento de la desocupación entre las mujeres jóvenes. Según una encuesta del INDEC sobre el impacto de la pandemia en el Gran Buenos Aires en 2020 el 64% de los hogares que incrementaron el tiempo de tareas domésticas dijeron que éstas recayeron desproporcionalmente sobre las mujeres.

Idas y vueltas

El 14 de abril pasado, el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, después de reunirse con el Consejo Federal de Educación, anunciaba el consenso al que habían llegado de dar prioridad a la presencialidad cuidada en las aulas de todas las jurisdicciones. Los contagios detectados en las escuelas alcanzaban al 0,16% de los alumnos y al 1% de los docentes y se producían en su mayoría en ámbitos diferentes a la escuela. Trotta declaró: “No podemos comenzar las restricciones cerrando las escuelas. Si tiene que haber una disminución de la presencialidad para disminuir la circulación de personas, no debería provocar la suspensión absoluta de las clases en las aulas como primera medida”.

Unas pocas horas más tarde el Presidente Alberto Fernández decidía por DNU el cierre de todo el sistema educativo del AMBA. Semejante cambio de posición respecto de la presencialidad se quiso justificar desde el oficialismo con la cuestión de la movilidad y el aumento de contagios comunitarios. Pero son argumentos que no se condicen con la realidad. En la Provincia de Buenos Aires un 67% de los chicos vive en un radio de 20 cuadras del colegio, por lo que el uso del transporte público está lejos de ser la regla. Hubo más de un año para tomar medidas como ampliar la flota de transporte público u ofrecer micros escolares. También para distinguir por niveles escolares y municipios. Por otro lado, la variable contagios no parece tampoco ser fundamento suficiente ya que no se evidencia este año una correlación entre la apertura de escuelas y la suba de casos ni entre su cierre y el descenso.

El 4 de mayo el Gobierno Nacional lanzó un plan federal al que denominó Juana Manso. El plan consiste en la entrega de 633.000 netbooks a chicos en edad escolar y 20 millones de pesos destinados a mejorar la conectividad. Después de 14 meses del primer cierre de escuelas, y sin incluir un programa de reformas que refuercen las capacidades del sistema educativo, es una medida que está lejos de ser la solución. Es necesario revisar los materiales y medios existentes, y desarrollar nuevos materiales que sean apropiados, centrados en el alumno y útiles para el aprendizaje en el hogar, así como fortalecer la capacidad de los docentes y administradores escolares para apoyar a los chicos no solo en su formación académica, sino también en sus necesidades más amplias de servicios asociados a la Salud Mental y el Apoyo Psicosocial. Claro está que el acceso a la educación como cura a la desigualdad que soñó Juana Manso no puede garantizarse con una entrega de netbooks ―por demás tardía—; la naturaleza del problema es mucho más compleja.

Otro punto de importancia que las autoridades de Gobierno parecen ignorar es que el contenido y la calidad de la educación virtual, así como la capacidad de los chicos de participar en el aprendizaje, dependen en gran medida de los recursos y el apoyo disponibles en sus hogares. En todos los contextos, la participación de los padres —incluyendo su disponibilidad individual, nivel educativo, capacidad y voluntad de apoyar el aprendizaje de sus hijos en el hogar mientras cumplen con sus demás obligaciones— es un factor explicativo fundamental del éxito o fracaso de los formatos de aprendizaje a distancia. Así, los desafíos en el acceso a la educación son mayores para los chicos y jóvenes que viven en entornos precarios o vulnerables, así como para aquellos que provienen de estratos socioeconómicos más bajos.

A los chicos y adolescentes no se los puede borrar ni encerrar, menos después de un año sin escuelas. Los chicos y sus padres seguirán circulando, los más favorecidos con alternativas paralelas de educación y los más vulnerables sin la contención social de la escuela y en mayor riesgo de abandonar su educación para ingresar al mercado laboral, así como de sufrir abuso infantil, y otras formas de explotación y negligencia. Tras un año de escuelas cerradas, en abril de 2021, a poco de iniciado el ciclo lectivo, el Gobierno decidió volver a cerrar escuelas como primera medida de respuesta frente a la segunda ola de Covid-19, a contramano de los consensos internacionales según los cuales las escuelas deben ser lo último en cerrar.

De cara al futuro, la situación de los chicos y adolescentes vulnerables en todo el país sigue siendo frágil. En respuesta a los efectos continuos de esta pandemia o de futuras emergencias, los funcionarios deben asegurarse de que los chicos y jóvenes estén en el centro de su toma de decisiones. Antes de cerrar las escuelas en el futuro, los decisores políticos deben esforzarse por comprender y sopesar el conjunto de riesgos que los chicos y adolescentes enfrentan, algunos de efecto inmediato y muchos con consecuencias para el resto de sus vidas.

*La autora es historiadora, investigadora en CONICET y autora de No esenciales

*El autor es economista y consultor en educación y primera infancia del Banco Mundial

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