¿Alivio para el tránsito o amenaza ambiental? La comunidad serrana que resiste una nueva autovía

“Si no pueden verlo, ¿por qué le puede importar al resto del país lo que pasa aquí?”, se pregunta en voz alta María José Romero, vecina y artesana del Valle de Punilla de la provincia de Córdoba, mientras recorre parte de la traza de la autovía alternativa a la ruta nacional 38, por el sendero lateral al río Yuspe. Es la Reserva Natural La Juntura. Allí, un nuevo terraplén corta la correntía natural que ahora pasa por dos caños. Se ven, a la derecha, las topadoras que se fueron abriendo camino por el monte serrano. A los pies hay desechos de cajas de explosivos. A la izquierda, el bosque nativo.

La obra consiste en la construcción de una autovía de doble vía por el Valle de Punilla, que avanza sobre las Sierras Grandes, hasta retomar la actual traza metros antes del ingreso a La Cumbre, en un recorrido de 43,5 kilómetros. En este momento se realiza la traza Variante Costa Azul con el acceso a la localidad de Molinari. Caminos de Las Sierras, la empresa de construcción del Gobierno de Córdoba, es la encargada de llevar adelante la autovía. El objetivo, según el gobierno provincial, es solucionar problemas de tránsito que se presentan actualmente debido a la falta de capacidad de la traza actual y el recorrido por zonas urbanas que genera congestionamientos y demoras en la circulación. Además, buscan agilizar la circulación de bomberos y ambulancias en casos de emergencia.

La Ruta Nacional 38 es una de las nueve rutas que conforman la vía interoceánica. Jorge Alves, presidente de Caminos de las Sierras dice que de este proyecto viene hablándose desde el año 2006. El corredor que ingresa a la provincia desde Santa Fe, por ruta 19, llega a la Circunvalación de tres carriles, continua por la autopista a Carlos Paz, la variante Costa Azul, cruza el puente sobre el lago San Roque, atraviesa Punilla con dirección a Cruz del Eje y de allí a La Rioja y Chile. En el marco del convenio suscripto con la Corporación Andina de Fomento (CAF), uno de los propósitos de la obra es la reducción de la emisión de dióxido de carbono (CO2). También se calcula un crecimiento de circulación de vehículos que puede llegar hasta un 90% hacia el quinto año. Casi el doble.

La obra sigue una guía de buenas prácticas para la adaptación de las carreteras al clima, dijeron desde la provincia de Córdoba a LA NACION. Sin embargo, expertos en medio ambiente, organizaciones no gubernamentales y vecinos alertan y reclaman a través de cartas abiertas y denuncias que la obra no cumple con las salvaguardas que estipula la CAF. “La obra es ilegal por donde se la mire”, denuncia María Laura Carrizo, coordinadora del área de ambiente de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps).

La autovía tiene un costo de US$ 100 millones de los cuales US$ 75 millones fueron aportado por la CAF. En la traza actual operan junto a Caminos de Las Sierras tres empresas: Chediack SAICA, Benito Roggio e Hijos SA y SACDE Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollos Estratégicos.

La traza pasa por la Reserva de Bosques Nativos de categoría roja. Los bosques en las provincias se clasifican en categorías roja, amarilla y verde. “La categoría roja impediría el cambio de uso de suelo para darle otro destino, pero en Córdoba la ley se modificó dando vía libre a ciertos proyectos”, afirma la abogada Marcela Fernández, quien participa en el proceso asesorando a la comunidad de Punilla, donde han elevado varias denuncias al gobierno.

De acuerdo con el agregado del art.14 en esta ley, se permite la realización de obras públicas siempre y cuando se respeten ciertas condiciones. En relación a la reforestación, el gobierno cordobés dice que se hará con la compensación de tres ejemplares por uno extraído de especies autóctonas y otras complementarias.

Sin embargo, hay expertos que señalan otra realidad. “El bosque desmontado estaba constituido por una biodiversidad sistémica de estratos, organismos interrelacionados y árboles nativos como el molle que puede vivir hasta 500 años, además de la desaparición de especies. La experiencia dice que un bosque arrasado es casi irrecuperable”, asegura Horacio Andrés López quien fue guardaparque nacional y es actual vecino de las sierras cordobesas. Participa activamente en defender el bosque nativo en Punilla junto a vecinos y organizaciones ambientalistas.

En la provincia, desde el año 2005, se prohíbe por ley el desmonte total. Pero hoy, en Córdoba solo queda alrededor de un 3% de bosques nativos. “Cada metro que perdamos es condenar a la desaparición absoluta los servicios ecosistémicos esenciales, como la dinámica de la regulación hídrica”, alerta Fernando Barri, biólogo, integrante de Fundeps, una de las fundaciones que denuncia irregularidades en el estudio de impacto realizado por Caminos de las Sierras.

Contaminación del agua

“El agua de la canilla sale cada vez más con arena”, dice Emilia Díaz, sentada a orillas del arroyo La Aguadita de Biallet Massé junto a su hijo Cume y a metros de la autovía en construcción.

El gobierno indica que las obras no generan contaminación química en los cursos de agua durante la construcción. En contraposición, María Laura Carrizo de Fundeps expresa: “De la contaminación no se habla, es un tema prohibido y la situación del lago es gravísima”. La Fundeps presentó un recurso de amparo ambiental por la contaminación del lago San Roque y las intervenciones entre los ríos. Como consecuencia, el gobierno provincial deberá presentar un plan de saneamiento a más tardar en agosto de 2023.

Por su parte, Di Tofino, profesor químico bromatólogo de la Universidad Nacional de Córdoba revela que desde el año 2007 la contaminación ha sido exponencial. “El agua del lago está contaminada con cianobacterias, toxina proveniente de la microcystis, una de las algas cianofitas que genera esta toxina. Según nuestros reportes los valores son altos y contiene el doble de lo permitido por la OMS. Las causas son los afluentes cloacales que van directo y sin tratamiento al dique”, asegura Tofino.

Participación pública

Según relata Eugenia Caraballo, vecina de Costa Azul e integrante de Asambleas de Punilla, se enteraron de la autovía por las marcas de línea de la montaña. “Pedimos información a los gobiernos locales y no te la dan”, dice. Mientras tanto, las expropiaciones se realizan mediante notificaciones 30 días antes del desalojo. “Debían dejar su propiedad si no eran amenazados de ser sacados por la fuerza pública”, cuenta María José Charten, vecina de Cosquín.

Para que se lleve a cabo la obra se requiere la habilitación del uso del suelo en cada municipio a través de sesiones públicas. Pero en Biallet Massé denunciaron penalmente que la sesión otorgada por el uso del suelo fue secreta y está firmada por el intendente y tres concejales.

Mientras tanto, los entrevistados que estuvieron en las audiencias públicas reclamaron falta de información previa, dificultad para participar y cortes intermitentes de luz. Las audiencias públicas resultaron en un 90% de rechazo a la autovía. Igual, no eran vinculantes.

Una fecha que no se olvida Fernanda Vitore vecina de Cosquín junto a diez ambientalistas es el desalojo ocurrido el 20 de mayo del 2022 en la localidad de Molinari. “Éramos diez mujeres y de repente a las 3.40 hs de la madrugada llegaron las camionetas de la policía, de infantería con armas. Nos agarraron, nos inmovilizaron, nos obligaron a salir del lugar violentamente. Salimos corriendo sin saber si iban a tirar o no. Aterradas”, se angustia Fernanda. En la actualidad, las ambientalistas que participaron del acampe tienen denuncias penales.

La voz de los pueblos originarios

“Soy de la comunidad indígena Las Tunas, nuestro territorio ancestral se encuentra hacia el oeste de la ciudad de Cosquín. Muy próximo al sector denominado juntura de los ríos. Caminos de Las Sierras destruyó 100 metros de una pirca ancestral que tenía más de 200 años. Es una construcción arqueológica a cielo abierto”, dice Gustavo Pueyo, sexta generación de descendientes de Comechingones. “Para nosotros esta pirca es un hito y una marcación que llevaba a un ojo de agua, a una vertiente. Que está presente y cuidada con respeto. Desgraciadamente para mis ancestros yo no pude cumplir con sus pedidos”. La comunidad informó que van a exigir reparación y remediación por violación a las leyes de resguardo y de territorialización indígena. El Gobierno dice que implementó un Plan de Manejo Arqueológico y Paleontológico.

“Cuando decimos que la autovía es ilegal, no es un speech ambientalista, es que realmente es ilegal”, se queja Laura Colladon de la Organización no gubernamental ADARSA, Asociación Amigos Río San Antonio. Desde la organización solicitaron la nulidad a la resolución 192 que otorgó la licencia ambiental donde indicaron que el estudio de impacto ambiental no fue acumulativo.

Sin embargo, desde el gobierno aseguran que se cumplieron salvaguardas. Al pie del nuevo puente al costado de la Plaza Federal del lago San Roque una propaganda del gobernador y candidato presidencial Juan Schiaretti dice: “Este puente y esta autovía es un símbolo de que Córdoba no para”.

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