Según un relevamiento de la UCA, el 4,3% de las argentinas mayores de 18 años sufrió al menos una forma de agresión por alguno de sus convivientes; los investigadores consideran que el número es aún mayor
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La escalada de la violencia hacia las mujeres durante la pandemia es una realidad que se evidencia en todo el mundo. Así lo declararon en numerosas ocasiones la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). La Argentina no parece ser la excepción a esta tendencia. Entre abril y septiembre del año pasado, los llamados a la línea gratuita 137 para denunciar violencia familiar o sexual dirigida a mujeres aumentaron un 32% respecto del año anterior.
Dentro del hogar, se ha podido confirmar que el 4,3% de las argentinas mayores de 18 años sufrió al menos una forma de agresión desde principios del confinamiento por coronavirus hasta finales del año pasado, según un estudio realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA). El número es aún mayor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), región donde se vivió el mayor nivel de restricciones a la circulación durante la pandemia. Allí el porcentaje alcanza el 5,1%.
Son cuatro los tipos de violencia relevados en el estudio: verbal, física, sexual y amenazas. La investigación se enfoca en la violencia ejercida por exparejas, parejas u otros miembros del hogar. El estudio fue realizado de manera telefónica entre julio y octubre del año pasado, lapso en el que se entrevistó a 3080 mujeres mayores de 18 años de todo el país.
De acuerdo a los resultados, el porcentaje de encuestadas que declararon haber sufrido al menos algún tipo de maltrato intrafamiliar varía de acuerdo al rango socioeconómico y etario. El 51,5% de las que declararon haber sufrido algún tipo de violencia puertas adentro se encuentran dentro de la franja etaria central -de entre 35 y 59 años-. Les siguen las de entre 18 a 34, con el 32,1%, y las mayores de 60, con el 16,4%.
Sin embargo, debido a la metodología utilizada para recolectar los testimonios -telefónica-y al contexto de aislamiento social en el que se encontraban las mujeres al momento de ser entrevistadas, los investigadores advierten que los datos obtenidos puedan ser subregistros del problema. “Pensamos que, en una buena proporción, nos estamos encontrando con mujeres que, padeciendo algún tipo de violencia, nos dicen que no”, afirma Cecilia Tinoboras, investigadora del ODSA y autora del informe.
Situación económica
Además de las diferencias etarias, el estudio devela la correlación entre el poder adquisitivo de los hogares y las situaciones de violencia hacia las mujeres. De acuerdo a los datos, cuantas más carencias posee el hogar, mayor es la violencia hacia las convivientes.
Los niveles más altos de agresiones se evidencian en los hogares bajo el nivel de indigencia. Las mujeres que viven en esta situación son las que más declararon haber sufrido agresiones no físicas, como violencia verbal o amenazas durante la pandemia: un 6,7% a nivel nacional y de 9,4 en el AMBA. Los niveles de violencia física y sexual declarada dentro de este grupo, sin embargo, son llamativamente distintos: del 0,5% a nivel nacional y del 0,6 en el AMBA.
Para Agustín Salvia, sociólogo y director del ODSA, este último dato evidencia una paradoja. “La mayor declaración de violencia de cualquier tipo se da entre las mujeres que sufren mayores carencias. Ellas declaran que experimentan muchos hechos de violencia, pero no denuncian la violencia física. Para nosotros, resulta extraño que entre las más pobres haya menos violencia física que entre las no pobres, porque todos los otros indicadores del estudio dan a pensar lo contrario. Por eso, intuimos que seguramente muchas mujeres en situación de pobreza e indigencia sufren violencia física y sexual, pero no lo declaran. Al mismo tiempo, creemos que las mujeres no pobres y con mayor nivel educativo se animan más a denunciar el maltrato físico”, destaca.
Más allá de las diferencias observables a lo largo del estudio, hay un factor que cruza todas las variables: el daño psicosocial que sufren las mujeres que fueron o son violentadas por parejas o familiares convivientes. En este sentido, la encuesta muestra los efectos en el bienestar subjetivo de quienes admiten haber padecido algún tipo de violencia.
El 56% de las argentinas que se encuentran en esta situación declararon padecer malestar psicológico, mientras que el 27,5% de quienes no sufrieron violencia constató esta misma sensación. Las encuestadas también fueron interrogadas sobre su percepción de calidad de vida y su déficit de felicidad, donde también se observa la misma brecha entre las que sufrieron o no agresiones durante los meses de confinamiento.
Más allá del subregistro declarado, Salvia destaca la relevancia de esta investigación, que se volverá a repetir este año. “No hay muchos estudios de este tipo. A nivel nacional, se contabilizan los registros de denuncias oficiales. Más allá del subregistro, en promedio, que 4 o 5 mujeres de cada 100 mujeres declaren denuncias nos resulta un primer número alto. Lo constituye como un problema social importante”.
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