En una audiencia, la jueza a cargo de los amparos contra la regulación del lenguaje en las escuelas porteñas habló en inclusivo
La Ciudad argumenta que busca facilitar los aprendizajes; en la vereda contraria, dicen que no hay evidencia científica en ese sentido
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El 9 de junio, el Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires sorprendió a la comunidad educativa anunciando que, a partir del día siguiente, prohibía a los docentes en todas las escuelas porteña el uso del lenguaje inclusivo, que se vale de la “e”, la “x” o la “@” para neutralizar el género en las palabras.
Las reacciones no tardaron en llegar y referentes de distintas agrupaciones políticas y sociales presentaron cinco recursos de amparo diferentes contra la medida. En todos ellos aseguraron que no hay evidencia que pruebe que el uso del lenguaje inclusivo esté relacionado con los malos resultados educativos de los alumnos porteños en las últimas pruebas Fepba y Tesba, uno de los argumentos esgrimidos por la ministra Soledad Acuña en respaldo de la decisión oficial.
Ayer, la jueza a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 1 de la ciudad, Romina Tesone, convocó a los cinco amparistas –entre ellos, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+); las legisladoras del Frente de Todos Laura Velasco y María Bielli, y los del Nuevo Mas Manuela Castañeira y Federico Winokur–, a Acuña y a la directora del Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad, Diana Maffía, a una audiencia judicial que comenzó a las 11.30 y se extendió hasta las 14.
Según revelaron Velasco y Castañeira tras participar del encuentro, Tesone utilizó lenguaje inclusivo durante la audiencia. “La jueza habló en lenguaje inclusivo. Utilizó la a, la o y la e, mientras que el gobierno se expresó todo el tiempo con el genérico masculino”, dijo la legisladora de izquierda.
Por su parte, Velasco confirmó que al inicio de audiencia la magistrada planteó que, en ocasiones, ella empleaba algunas de las formas del lenguaje inclusivo y así lo hizo.
“La audiencia fue larguísima y multitudinaria. Estuvimos las, los y les cinco amparistas y Diana Maffía, quien dijo estar en contra de la resolución. Se notó la falta de argumentos en materia educativa, pedagógica, científica y política por parte del gobierno porteño”, agregó Castañeira.
A pesar de la expectativa, Acuña no asistió y en su reemplazo estuvieron: Lucía Feced, de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa; Ada Rissetto, de la Dirección de Educación Artística; Nancy Sorfo, de la Dirección de Educación Primaria; Constanza Ortiz, de la Dirección General de Educación de Gestión Privada; Carolina Ruggero, de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa; Sofía Fariña, de la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional; Agustín Luzzi, gerente operativo de Asuntos Legales de la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional; y Luciana Arzuaga, de la Subgerencia Operativa de Asuntos Judiciales de la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.
“Acuña no fue porque no tenía que ir. Era ella o quien ella indicara. El resultado de la audiencia fue positivo. Pudimos dejar en claro la importancia de la medida y sostener nuestra posición. Se respondieron todas las consultas de la jueza, del asesor tutelar y de la fiscal, que son quienes tienen que armarse de un criterio para después resolver la medida cautelar. Se hizo foco en la importancia de esta decisión, que se enmarca dentro de un conjunto de medidas que tienen como finalidad favorecer y facilitar los aprendizajes de niños, niñas y adolescentes”, se explicó desde el Ministerio de Educación porteño. Ante la consulta sobre el uso de lenguaje inclusivo por parte de Tesone, los voceros dijeron que no habían recibido comentarios al respecto de los funcionarios presentes.
LA NACION se comunicó con la Oficina de Información del Poder Judicial de la Ciudad para intentar obtener la palabra de la magistrada. “No va a comentar nada porque es una causa en curso”, fue la respuesta.
“Inicialmente, el Ministerio de Educación dijo que la regulación está restringida a las comunicaciones oficiales, pero luego se desdijo porque admitió que el rol docente se cumple desde que el docente ingresa hasta que se retira de la escuela. Es decir que no hay espacio que excluya las recomendaciones para que no se utilice el lenguaje inclusivo. Además también admitió que la enseñanza de lo que ellos consideran el uso correcto del lenguaje incluye las evaluaciones, por lo que no solo afecta a les docentes, sino también a les estudiantes. No hay ningún aval científico que demuestre que el uso de estas formas perturben la enseñanza y nos preocupa muchísimo porque esto refleja una ideología que va en contra de todas las leyes de educación sexual, de género y de la propia Constitución Nacional”, dijo Velasco.
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) también estuvo presente como amicus curiae, pero no expuso argumentos.
Al finalizar la audiencia, cerca de 100 representantes de distintos sectores de la comunidad educativa y la sociedad civil se encontraban concentrados en la puerta del juzgado –ubicado en Suipacha 150– en apoyo a los amparistas y en rechazo de la medida, que sigue vigente desde el 10 junio.
La resolución
La resolución ministerial 2566/2022 que recibieron los colegios fundamentaba la regulación en las posturas de la Academia Argentina de Letras y la Real Academia Española.
La primera, se leía en la resolución, “recomienda que ‘se preserve la enseñanza-aprendizaje de la lengua en todos los niveles educativos y laborales si deseamos que nuestros alumnos escriban con cierta fluidez y corrección y, sobre todo, comprendan lo que lean y escriban”. Y se agregaba que la Real Academia Española ha sostenido que “el uso de la @ o de las letras ‘e’ y ‘x’ como supuestas marcas de género inclusivo es ajeno a la morfología del español”. Además, presentaba a modo de antecedente en la regulación del lenguaje las experiencias internacionales de Francia y de Uruguay.
Tras la audiencia, los amparistas quedaron a la espera de la resolución de la jueza Tesone. “Le pedimos que se expida cuanto antes porque, en tanto no se frene esta resolución, desde nuestra perspectiva se está incumpliendo con derechos constitucionales”, finalizó Velasco.
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