En un manual con el que se les enseña a adultos que cursan el secundario predomina el sesgo oficialista

A los alumnos que cursan la materia Política y Ciudadanía en el secundario para adultos se les enseña una sola versión de la realidad política argentina: la del actual Gobierno. Así se desprende del texto de la materia Política y Ciudadanía para el plan FinEs, del Ministerio de Educación de la Nación.

El manual, editado en febrero de 2015, fue escrito por Mariana Melgarejo, con la supervisión pedagógica de Paula Grad. Se encuentra aquí, en el portal de la Dirección General de Cultura y Educación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

El programa FinEs está dirigido a jóvenes y adultos mayores de 18 años de todo el país que por algún motivo han tenido que interrumpir su educación formal. Es más flexible en horarios y exigencias de cursado que los programas tradicionales de educación para adultos, lo que generó mucha adhesión por parte de los estudiantes.

Sin embargo, lo más característico del programa es que no funciona en escuelas, sino en organizaciones sociales, sedes de sindicatos, partidos políticos, salones de clubes o parroquias. Esas organizaciones deben proveer el espacio físico y los muebles para funcionar.

Se considera que hay una población de alrededor de 13 millones de argentinos que podrían beneficiarse con este plan. La mayoría de los alumnos son mujeres, en general de condición humilde.

Resultaron infructuosos los intentos de hablar por este tema con las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación y con las de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Tampoco respondieron a las consultas de LA NACION las autoras del libro.

A lo largo del texto del manual de Política y Ciudadanía que deben utilizar los alumnos, se contrastan lo que se consideran “valores populares” contra los de las “élites dominantes”, lo nacional contra lo extranjero, con el peronismo y el kirchnerismo encarnando la defensa de los primeros contra los segundos.

En ninguna de sus 118 páginas aparecen imágenes de otras figuras políticas argentinas que no sean Juan Perón, Eva Duarte, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. El único no peronista del que se incluye una foto y una actividad para realizar es Ernesto “Che” Guevara.

A lo largo del texto se mencionan los intereses, ideas y políticas de los gobiernos kirchneristas como cuestiones inherentes al mejoramiento de la democracia.

Por ejemplo, en las páginas iniciales se explica la forma de Estado y Gobierno; allí, un destacado sobre la elección de los jueces según la Constitución indica: “Durante los últimos años hubo una fuerte discusión sobre la necesidad de democratizar la Justicia (...). En este debate había dos posturas: por un lado, los que afirmaban que estos consejeros solo podrían ser elegidos por un grupo selecto, compuesto por sus pares (jueces, abogados y académicos de las universidades de derecho) junto a algunos representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo. La otra postura sostenía que los consejeros debían ser elegidos por el voto popular, como se eligen el resto de los representantes en los otros poderes del Estado”.

No se aclara que la posición que defiende el manual asume la que Cristina Kirchner intentó imponer sin éxito durante su última presidencia, en lo que se llamó entonces “democratización de la Justicia”.

En la misma página, pero en referencia a “La soberanía nacional”, se hace mención al “avance mundial en los medios locales de la producción de cine, televisión y música estadounidense, que hace que muchos de nosotros tengamos más conocimiento de la producción extranjera que de la nacional”.

En esa misma sección, relacionada con la soberanía, se apunta también al “modo en que se impone en el mundo una única forma de alimentación, junto con los alimentos industrializados o chatarra” y describe la “soberanía alimentaria como un derecho de los pueblos a decidir cuál es la mejor alimentación para sus habitantes, teniendo en cuenta la cultura, la producción local y el abastecimiento”.

El texto resalta como “avances en la recuperación de soberanía” la reestatización de Aerolíneas Argentinas, el acuerdo con Repsol para la recuperación de YPF, la eliminación de las jubilaciones privadas, el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional, la ley de doblaje de películas extranjeras, etc.

Bajo el título “Qué es la ciudadanía”, se indica como único ejemplo que las mujeres “no contaban con los derechos políticos plenos de la ciudadanía hasta 1947, cuando durante la primera presidencia del General Perón fue promulgada la Ley Nº13.010 de Voto Femenino”.

En “Ciudadanía y derechos”, se citan el voto femenino, la ley de Matrimonio Igualitario o la jubilación por moratoria previsional (más conocida como la “jubilación para amas de casa”) y la Educación Sexual Integral (ESI). No se incluyen otros tipos de avances de ningún otro Gobierno.

En un ejercicio se pide determinar en qué años se establecieron leyes que amplían o restringen determinados derechos. De los 14 casos propuestos como ejemplo, 11 son ampliaciones de derechos y se distribuyen de la siguiente manera: ocho corresponden a gobiernos peronistas-kirchneristas (incluye Fútbol para Todos); uno al segundo Gobierno de Perón (artículo 37 de la Constitución de 1949, que luego sería el 14 bis de la reforma de 1994), uno al Gobierno de Raúl Alfonsín (divorcio vincular) y uno al Gobierno de Roque Sáenz Peña (voto universal secreto y obligatorio). En cuanto a las restricciones de derechos, son tres y corresponden a los gobiernos del también peronista Carlos Menem.

En la página 28, se describe como “círculo virtuoso” en materia de ampliación de derechos la creación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y se destaca la ley de nivel inicial obligatorio impulsada por Cristina Fernández de Kirchner.

Como actividad se propone indagar sobre otras ampliaciones de derechos “en cualquier momento de la historia de nuestro país”, aunque se sugieren los casos del Artículo 14 bis en la Constitución Nacional, la Ley de Educación Secundaria Obligatoria (2006) y la Ley de Fertilidad Asistida (2013).

Bajo el título “El voto, base de la representatividad democrática”, se recuerda nuevamente que la Ley Sáenz Peña no permitía votar a las mujeres, que recién pudieron hacerlo a partir de 1951. Como ilustración de esta sección se incluye una fotografía de Eva Perón, gravemente enferma, emitiendo su voto desde la cama.

Otra foto muestra a un chico con un cartel que dice “Yo voto a los 16”. El epígrafe de la imagen indica “La última ampliación del derecho al voto se realizó en 2013”.

En el apartado “Participación ciudadana”, se señala la importancia de la información de calidad y el rol negativo de la “concentración de medios” para que todos los ciudadanos puedan acceder a ella. En este sentido, se destacan como aportes desde el Gobierno la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley Nº26.522), de 2009, y la creación Defensoría del Público.

El autor de los derechos

La sección “El peronismo y los derechos” se explaya sobre la llegada de Perón al poder. La autora señala al respecto: “Las reivindicaciones que generaron el apoyo popular al peronismo no solo tuvieron que ver con la mejora general en la situación de los trabajadores, sino con la valorización que el peronismo hizo del sujeto trabajador como clase y como componente principal del pueblo. Esto logró generar una conciencia en la defensa de sus derechos sin precedente hasta entonces”.

Respecto del derecho al trabajo, un epígrafe asegura: “La conquista de los derechos vinculados con el trabajo fue gradual para varones y mujeres durante el siglo xx, hasta mediados de los años 70. Con el kirchnerismo, desde el Estado nacional se consolidaron nuevamente esos derechos”.

En las secciones referidas a derechos humanos solo se citan medidas, leyes y programas adoptados durante los gobiernos kirchneristas, con la excepción de la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos (1987) y la fundación del Equipo Argentino de Antropología Forense (1984), sin detalles de contexto político e histórico.

Se incluye un fragmento del Nunca Más, de la Conadep, pero no se aportan nombres de los integrantes de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, ni de la tarea que desempeñó el organismo y la importancia que tuvo para el Juicio a las Juntas.

El capítulo titulado “La década de los derechos humanos” se dedica a las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. Se ilustra con la foto del entonces presidente cuando ordenó bajar el cuadro del dictador Jorge Rafael Videla (que es la tapa de la versión impresa del texto).

En este capítulo se hace una escueta mención a los juicios a las juntas militares impulsadas por el Gobierno de Raúl Alfonsín (a quien no se nombra): “Si bien los juicios a los represores de la última dictadura comenzaron en 1985 con el “Juicio a las Juntas”, entre fines de la década del ´80 y los años 90 se dictaron dos leyes (llamadas comúnmente “leyes de impunidad”).

No hay mención al rol del Gobierno de entonces para que se concretara el juicio, ni de jueces y fiscales, duración, condenas, apoyos y rechazos políticos al enjuiciamiento de los militares.

Respecto de la educación, el libro destaca dos hechos históricos: la ley 1420, de 1884 (señalando sus limitaciones según parámetros actuales) y la ley de Educación Nacional de 2006. “Podría decirse que si el logro de la Ley Nº1420 fue consolidar la educación primaria a nivel país, uno de los logros de la Ley N°26.206 fue convertir en obligatorio el derecho a la educación secundaria a nivel nacional (...). El hecho de que la educación secundaria sea obligatoria en todo el país también implicó reparar las desigualdades históricas que acompañaron a este nivel desde su origen, cuando se orientaba a la formación de las elites y clases dirigentes”.

Diversidad y relaciones de poder

Cuando se refiere a la identidad y diversidad, se apunta que “la definición de la diversidad siempre implica relaciones de poder, porque cuando una persona o grupo es definido como “diverso” es porque hay otras personas con más poder social, que se definen a sí mismas como parte del grupo “común” o “general”, dentro del cual no se incluyen los señalados como “diversos”.

En este punto se reitera la aseveración de que cuando la secundaria se convirtió en obligatoria (en 2006) pudieron acceder a ella un sector social que “hasta ahora no había tenido acceso a la educación secundaria, y que llegaba a las aulas con prácticas distintas a las que la escuela estaba acostumbrada”.

En el capítulo referido a “La identidad como derechos de los pueblos”, se señalan como aportes nuevamente la ley de Educación de 2006 y se agrega la de Servicios de Comunicación Audiovisual (ley de Medios, 2009).

En la sección “Los roles y estigmatización de género”, recuerda que “las condiciones igualitarias de género están consagradas como derechos hace más de 50 años, cuando se sanciona la llamada “Ley Evita” (Ley Nº13.010 de 1947) que establece que hombres y mujeres deben ser iguales en derechos y obligaciones en el ámbito laboral, profesional, deportivo, doméstico, etc.”. No se hace mención a ningún otro aporte por la igualdad de otras figuras anteriores o posteriores.

Como ejemplo de resistencia en la región a “las presiones internacionales para aplicar las medidas favorecedoras del capital extranjero” se señala a Cuba, “país que tiene un Gobierno revolucionario, y que sostiene un modelo político y económico socialista”. No se mencionan la falta de democracia en la isla, ni la de derechos que, en todo el resto del libro, son indicados como logros de nuestro país, particularmente del peronismo.

En este manual, de alcance nacional, no se mencionan los atentados a las embajadas de Israel y a la Amia.

Al ser consultado quien fuera ministro de Educación entre 2017 y 2019 (gestión de Cambiemos), Alejandro Finocchiaro, dijo: “Está claro que este manual peca de un reduccionismo histórico innegable y de un nítido sesgo ideológico. Plantea un universo maniqueo entre buenos y malos, amigos y enemigos. Precisamente, como no cumplía con los requisitos de pluralismo y diversidad de miradas que considerábamos necesarios para la enseñanza, decidimos no repartirlo. Nos criticaron mucho por eso”.

Agregó que los pedidos de informes que la oposición dirigió al Ministerio de Educación sobre estos problemas nunca fueron respondidos.

Por su parte, Pedro Schiuma, director Provincial de Educación de Jóvenes y Adultos de Buenos Aires durante el período 2015-2019, explicó que el manual fue elaborado en el Ministerio de Educación de la Nación y “no hubo ningún consenso político, ningún tipo de acuerdo en la construcción del material”.

En su opinión, lo que debería hacerse es “trabajar para construir la política educativa como política de Estado. Oficialismo y oposición deben generar un acuerdo mínimo en materia de política educativa: financiamiento, infraestructura, formación docente, diseños curriculares, programas a implementar, etc. que permitan que las definiciones tomadas perduren en el tiempo y no que se las discontinúe ante un cambio de Gobierno”.

Schiuma, de extracción peronista, considera que el panorama se ha agravado aún más durante la pandemia. “La ONU sostiene que la Argentina se encuentra ante una posible catástrofe generacional en caso de no modificar el rumbo de la gestión de la educación. Ello se debe a que durante el año 2020 se perdieron más de siete meses de clases, superando la media de América Latina y el Caribe, y cerca del 60% de los niños y adolescentes perdieron un ciclo lectivo entre abandono, falta de conectividad y de aprendizaje de los contenidos mínimos esperados”.

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