Embarazadas rusas: la Justicia no descarta la participación de agentes de Migraciones y allanó hoteles de lujo
No aceptaron al organismo como querellante; se amplió la investigación a cuatro empresas que ofrecían documentación, alojamiento, servicios de parto y hasta de traducción; hubo procedimientos también en estudios jurídicos
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LA NACIONLucila Marin
La Justicia continúa trabajando bajo la hipótesis de la posible existencia de funcionarios de la Dirección de Nacional de Migraciones que habrían actuado en complicidad con agencias que les vendieron a ciudadanas rusas embarazadas paquetes de servicios completo para que llegaran a parir a la Argentina.
Tal es la sospecha sobre los funcionarios, que Migraciones intentó presentarse como querellante en la causa que investiga la jueza federal María Servini, pero fue rechazada, ya que los investigadores lejos de considerarla como una víctima de la maniobra, creen que puede haber integrantes de ese organismo involucrados.
Ya son cuatro las empresas de gestoría investigadas y en todas están involucrados ciudadanos rusos ya naturalizados, que proveían alojamiento en hoteles de lujo, traductoras, el parto y el asesoramiento jurídico de abogados que cobraban hasta 3000 dólares para tramitar la carta de ciudadanía.
La causa, que sigue en secreto de sumario, avanza cruzando los 1200 expedientes tramitados por ciudadanos rusos para obtener la residencia permanente con los listados de presuntos clientes de las organizaciones, las cartas de ciudadanías presentadas y los listados de parturientas en las maternidades privadas y públicas, según pudo saber LA NACION de fuentes al tanto del expediente.
Se realizaron allanamientos en hoteles de lujo como el Alvear, porque las agencias que asesoraban a las ciudadanas rusas incluían alojamiento en los packs que promocionaban; en clínicas porque detectaron obstetras y parteras que trabajan directamente con las empresas investigadas y en estudios de abogados encargados de presentar las cartas de ciudadanía.
Buscan recuperar o inhibir bienes de los integrantes de las organizaciones y determinar si hay integrantes de Migraciones y/o de la justicia federal involucrados en otorgar el pasaporte, que colaboraban para que las mujeres obtengan documentos en tiempo récord.
De acuerdo a los investigadores, del entrecruzamiento de datos se desprende un patrón identificado gracias a la repetición de nombres de parteras, gestores y quienes firman los certificados apócrifos de la policía utilizados para obtener la residencia permanente. Una vez conseguida, los ciudadanos rusos se fueron del país luego de haber presentado la solicitud de ciudadanía, mientras dejan a cargo del avance del expediente a un gestor.
Por el “estado incipiente” de la investigación y la imposibilidad de descartar que la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) esté involucrada, se le denegó el 14 pasado el pedido para ser querellante. “No es posible descartarse la posible participación en los ilícitos aquí investigados de agentes de dicho organismo; por lo que son vastas las aristas por profundizar, previo a tenerlas por corroboradas, o descartadas las múltiples hipótesis”, señalaron entre los argumentos y remarcaron que tanto de la denuncia inicial como las ampliatorias mencionan “el obrar delictivo por parte de presuntos gestores, en supuesta connivencia con personal de la DNM”. El organismo a cargo de Florencia Carignano apeló la decisión y está en la Sala I de la Cámara Federal.
“Nuestra principal intención de ser querellante era poder saber si existe dentro de los 4000 empleados en todo el país, en más de las 40 delegaciones alguna persona que está obrando mal. Al no tener esa información se nos complica porque nos entran todos los días trámites, no puedo paralizar el organismo. Si hay alguien o por lo menos sospechado, deberían decirnos”, dijo a LA NACIÓN Carignano.
Y agregó: “Si hay un empleado colaborando, el organismo en si no está enterado. Para despejar las dudas sobre la institución es que queremos ser querellantes y que nos digan si ellos tienen alguna sospecha o hipótesis para apartar a las personas y que se resuelva. Necesitamos saberlo porque es un organismo que resuelva miles de tramites por día”.
La funcionaria también mencionó que en 2020, a través de la disposición 3515/2020 publicada en el Boletín Oficial, dieron de baja un registro de apoderados que solían ser gestores que contaban con credenciales de Migraciones. “Hoy no hay gestores que estén acreditados ante Migraciones. Si hay un gestor que hace los tramites es porque la persona quiere que los haga pero no hay nadie acreditado por Migraciones, justamente dimos de baja el registro porque no sabíamos quieÉnes eran”, señaló.
Aunque Migraciones alertó sobre este fenómeno en febrero tras haber demorado a seis embarazadas rusas en Ezeiza, que luego de tres días finalmente ingresaron al país de manera provisoria por “cuestiones humanitarias”, esta causa se inició en diciembre de 2022.
Llamó la atención en los tribunales que el caso comenzó por una presentación “espontánea” que realizó una ciudadana rusa en el Departamento Central de Policía, de Moreno 1550, para contar lo que le había pasado. Si bien ella llegó al país, tuvo a su hijo y obtuvo los documentos, de todos modos denunció a esta agencia ante la División Denuncia de Delitos Federales de la Policía Federal Argentina (PFA). Advirtió sobre “maniobras irregulares en el ingreso de ciudadanas rusas a punto de dar a luz y el otorgamiento de trámites migratorios”.
El expediente quedó a cargo de Servini y el Ministerio Público está representado por el fiscal Federico Delgado. Los investigadores judiciales tienen la colaboración de detectives de la División Delitos Migratorios de Policía Federal Argentina.
En un principio, se analiza la posible comisión del delito de falsedad ideológica, dado que los certificados de domicilio con lo que las ciudadanas rusas pedían la residencia eran falsos sumado a la infracción a la ley de Migraciones. Si hay complicidad de funcionarios podrían agravarse las acusaciones. En caso de no probar la connivencia, analizan que se transforme en una estafa hacia los rusos considerados en estado de vulnerabilidad por haber escapado de la guerra.
Allanamientos
La Policía dispuso allanamientos en los hoteles Park Hyatt y Alvear, entre otros, porque las empresas investigadas incluían dentro de los packs que promocionaban el alojamiento en estos establecimientos. En algunos de ellos encontraron comprobantes de depósitos en efectivo por más de $6.000.000 realizados a través de cajeros para no quedar registrados, según pudo saber LA NACIÓN de fuentes al tanto del expediente.
Los investigadores detectaron obstetras y parteras que trabajan directamente con las agencias por lo que también hubo procedimientos en hospitales, sanatorios y clínicas.
También trabajarían para estas organizaciones investigadas cuatro traductoras que acompañaban a las ciudadanas rusas en sus consultas y partos. Con datos obtenidos mediante el requerimiento por oficio, órdenes de presentación o allanamientos, los investigadores cuentan con las listas de nacimientos que tuvieron lugar en la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, en los sanatorios Güemes, Otamendi, Finochietto, Trinidad de Palermo,Mater Dei y el Hospital Alemán (de gestión privada); y en los hospitales Sardá, Fernández, Rivadavia, Durand.
Además, se allanaron estudios de abogados involucrados en la causa por haber presentado las cartas de ciudadanía, tramite para el cual no es necesario contar con un letrado. De acuerdo a los investigadores, sus honorarios rondaban entre los US$3000 y US$5000 por la presentación de este formulario gratuito.
Se suman a los allanamientos que habían realizado en febrero pasado en dos inmuebles de Puerto Madero, una torre de departamentos situada en Juana Manso al 500 y un edificio en Azucena Villaflor al 500. Durante los procedimientos, además de documentación personal, migratoria, certificados policiales y una suma de US$79.820, €2670 y $100.770 entre ambos domicilios, habían secuestrado seis teléfonos celulares, ocho notebooks, una tablet, un CPU, un dispositivo USB y cuatro chips de celular. Los peritajes de los dispositivos, a cargo de la Policía Federal, aún están en trámite y todavía no han arrojado información.
Por Lucila Marin
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