“El sistema sanitario está en terapia intensiva”: la fuerte advertencia de funcionarios y especialistas en un foro de salud

El sistema de salud argentino no da para más. Así coincidieron funcionarios, sindicalistas, representantes de asociaciones profesionales y cámaras empresarias y ejecutivos de la industria farmacéutica en un foro que convoca cada año al sector público y privado. Apuntaron a la ineficiencia sostenida en la gestión, la ausencia de controles y hasta la toma de decisiones sin información con los años entre las causas que terminaron por empujar al sistema a una crisis estructural anunciada.

“Todos [por los presentes] tenemos alguna cuota de responsabilidad. Hay una emergencia sanitaria declarada desde hace más de 20 años en la Argentina”, expresó Mario Russo, ministro de Salud de la Nación, al cerrar el encuentro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham) en el país. “Lo que encontramos no es un sistema de salud ordenado”, agregó el funcionario. “Lo que hicimos hasta acá, no funcionó”, sostuvo con un auditorio que siguió en silencio su exposición.

Entre los desafíos que enumeró están los de redefinir competencias de la Nación y las provincias, contar con indicadores para poder saber de qué enferman los argentinos, reorganizar la distribución de centros en el país por niveles de complejidad para facilitar el acceso de la población o hasta poner a punto el sector público para contar con capacidad de realizar ensayos clínicos como en el sector privado.

“Es un sistema muy complicado”, dijo Rodolfo Montero, ministro de Salud de Mendoza, en uno de los debates previos en el escenario con pares provinciales.

Dos palabras resonaron con frecuencia: ineficiencia e inequidad. “La población nos escucha a los sanitaristas hablar del pico para afuera de prevención primaria o detección temprana, pero cuando se miran los presupuestos de salud todo va a los centros de segundo o tercer nivel de atención [mayor complejidad]. Hay que reforzar el primer nivel de atención”, agregó.

Montero enumeró el paquete de leyes que el gobierno mendocino envió a la Legislatura provincial: van desde declarar a la salud una política de Estado, organizar la formación profesional desde las residencias o garantizar el financiamiento de los servicios de salud mental hasta nivelar la remuneración de los profesionales de acuerdo con el desempeño y la productividad. “Necesitábamos hacer una reforma del sistema”, sostuvo el ministro.

Contexto complejo

En Entre Ríos, también Salud pidió la aprobación de la Legislatura provincial para asumir responsabilidades que hasta ahora las provincias descansaban en la Nación. Guillermo Grieve, ministro de Salud provincial, mencionó que las prioridades con la redefinición de competencias con la cartera nacional incluyeron fortalecer la red de 208 centros de atención primaria en esa jurisdicción, ordenar el recupero del costo de prestaciones con mutuales y otros financiadores y reforzar los recursos profesionales, entre otros. “Las provincias estamos reestructurando los sistemas, pero necesitamos definiciones con los programas federales de la Nación”, agregó Grieve. Este mes, en una reunión de ministros en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) será ese uno de los temas de agenda.

“El sistema de salud está en un contexto complejo. Está en terapia intensiva y está muy grave”, describió Sergio Wisky, secretario de Salud de Chubut. Estimó que en la provincia les demandará este año “estabilizarlo” y, para 2025, “podría estar en terapia intermedia”.

Para el funcionario, la crisis llegó al punto tal de hacer que el sistema dejara de tener los reflejos suficientes como para ir incorporando las innovaciones que se iban dando, a la vez que afirmó que el paciente dejó de estar en el centro del sistema de atención. “Hay que lograr que el sistema trabaje como un sistema”, dijo.

Mencionó que, como las provincias del centro del país, los distritos patagónicos se están reuniendo para plantear compras conjuntas. En las jurisdicciones del centro del país, en tanto, también están abordando problemas comunes como la falta de profesionales, el dengue y, también, las compras centralizadas.

En Chubut, dos de las políticas que están revisando son también las que se refieren a los recursos humanos y los medicamentos. El gasto en logística es un problema regional que comparten en la Patagonia por las distancias. “Hay que ser serios en los planteos y ponernos colorados. El diagnóstico de la situación del sistema de salud que estamos haciendo hoy es muy parecido al que escuchábamos en los años 80 y 90″, retomó Montero. “Las reformas son incómodas”, planteó.

Los ministros, como también lo mencionó el diputado nacional Pablo Yedlin (Unión por la Patria), que integra la Comisión de Salud de la Cámara baja, señalaron la necesidad de contar con una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias con decisión vinculante para la cobertura de tratamientos y otras prestaciones, junto con una revisión del Programa Médico Obligatorio (la canasta mínima de prestaciones que deben asegurar las coberturas). Eso es competencia del Ministerio de Salud de la Nación. “Alguien tiene que priorizar. Vamos a cubrir lo que corresponde”, planteó el ministro mendocino.

Por su parte, Cecilia Loccisano, secretaria de Gestión Administrativa de la cartera nacional, se refirió al reordenamiento y la refuncionalización de los programas con procesos de compra pública. “Venimos de un Estado que compra por arrastre -describió-. Por lo menos, son dos décadas de ‘corte y pegue’ de contratos. Sin tiempo para evaluar y sin utilizar indicadores se gasta mal y las personas no acceden en el momento oportuno a los servicios que necesitan.”

Como en otras exposiciones, el dengue se coló como ejemplo. Pondrá a prueba a provincias y la Nación por igual. El Gobierno suscribió un contrato para la compra de vacunas con una orden abierta por una cantidad de dosis que se puede duplicar y con una cláusula de bonificación si aumenta la cantidad del segundo pedido. “Es una compra más beneficiosa para el Estado y se hizo en combinación con el stock que tienen las provincias para complementarlo”, dijo Loccisano. “No queremos un Estado que salga a financiar todo, sino que las provincias asuman su rol.”

Héctor Daer, secretario general de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad (Fatsa), reclamó una discusión política sobe el financiamiento del PAMI, criticó los “salarios muy malos” de “los grandes sanatorios” y planteó que hay que “subsanar la falta de criterio del Estado para la formación de los recursos en salud”. Compartió escenario con Gabriel Oriolo, superintendente de Servicios de Salud, y Esteban Leguízamo, director ejecutivo del PAMI. Al auditorio de ejecutivos de la industria farmacéutica, el gremialista pidió un camino para poder financiar los tratamientos. “Así, no va más –lanzó–. Estamos permanentemente chocando contra la pared.”

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