“El nuevo cierre nos mató”. Jardines de infantes en crisis por la pérdida de alumnos

Cuando Gustavo Binaghi, director del jardín de infantes Bambi, en Malvinas Argentinas, se enteró de que la suspensión de la educación presencial iba a extenderse por 15 días más, lloró –recuerda– como nunca hubiese imaginado. Su establecimiento atravesaba una situación económica complicada desde el año pasado, debido al cierre de las escuelas, y sabía que una nueva interrupción iba a complicar aún más el escenario. Hoy, una semana después, lo puede confirmar: “El nuevo cierre nos mató. Perdimos alumnos; tenemos la mitad de la matrícula que teníamos el año pasado y una morosidad del 40% en el pago de las cuotas. Si no abrimos cuanto antes, vamos a tener que cerrar definitivamente después de las vacaciones de invierno”, afirma el directivo.

Debido a circunstancias similares, esta semana el Jardín Lion, en Almirante Brown, anunció su cierre. Esta institución es la primera en el año en tomar esta decisión debido a la crisis económica, según datos de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba). Sin embargo, los directivos consultados afirman que el número extraoficial de los jardines que decidieron dejar de funcionar esta semana es mucho más alto, pero todavía no lo han anunciado. Se suman a los 56 escuelas de nivel inicial que dejaron de funcionar durante 2020 como consecuencia de la suspensión de las clases presenciales.

El martes pasado, 500 directivos de jardines de infantes y maternales participaron en una reunión organizada por Aiepba, en la que intercambiaron información sobre su situación económica, que para la mayoría es delicada. El principal problema que destacaron en el encuentro, según pudo saber LA NACION, es la pérdida de alumnos. Muchos de estos últimos están migrando hacia sistemas educativos clandestinos, como jardines blue, que continúan funcionando a pesar de las restricciones gubernamentales, confirman los directivos consultados.

“Empezamos a perder matrícula de una manera impresionante después del segundo decreto de necesidad de urgencia del Presidente. A partir de esa medida, los padres empezaron a imaginarse que el Gobierno va a ir alargando la medida cada 15 días. Ya lo vivieron el año pasado y están hartos. Necesitan que alguien cuide a sus hijos mientras ellos trabajan”, cuenta Adriana Etcheverry, propietaria de la escuela maternal Rayito de Sol, en Vicente López, y representante de una agrupación de jardines maternales y de infantes de la zona norte.

La mayor migración de alumnos hacia alternativas informales, señala, se da en los niveles educativos que no son considerados parte de la educación obligatoria, que son las salas de 1, 2 y 3 años.

“Hay maternales que no se recuperaron de las deudas de 2020 y ahora están perdiendo matrícula. Por eso muchos están cerrando. El año pasado, la incertidumbre sobre si las clases volvían o no se dilató. Este año, los papás ya saben como viene la mano. Por eso, la migración a alternativas es mucho más abrupta”, destaca la directiva.

Actualmente, junto a un grupo de más de 100 directivos, Etcheverry está analizando la posibilidad de enviar una acción de amparo para denunciar al gobierno provincial por la falta de clases. “El propio Estado genera la expulsión de los pocos matriculados que nos han quedado y los arroja a la ilegalidad”, afirma.

Según destaca Martín Zurita, secretario ejecutivo de Aiepba, la reunión de esta semana con los directivos de nivel inicial fue intensa. “Había mucha angustia. Después del año pasado, el nuevo cierre va ser un golpe mortal. Los padres están contratando personas particulares o jardines blue porque necesitan que alguien cuide a sus hijos. Es una situación realmente desventajosa. No se puede comprender por qué esta situación no fue tenida en cuenta”, afirma.

Según fuentes de la Dirección General de Educación y Cultura bonaerense, a nivel provincial los jardines pueden inscribirse en el Plan de Promoción, Preservación y Regularización del Empleo (Preba), que contribuye con una parte del salario de los empleados. A nivel nacional, pueden solicitar el Programa de Recuperación Productiva 2 (Repro 2), que, dicen, acciona de la misma manera.

Sin embargo, según Binaghi no todas las instituciones pueden conseguir este último. “Hicimos la presentación de Repro 2, que es el nuevo ATP, y nos lo denegaron porque nos dijeron que nuestro personal docente tiene subvención del Estado. Pero solo la mitad de nuestros 18 empleados tienen subvención. Tengo las intimaciones del banco que me están pidiendo que pague las cuotas del año pasado. Y no lo puedo pagar”, afirma.

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