El Ministerio de Salud deberá pagar los costos de un juicio porque se demoró en la aplicación de una segunda dosis de vacuna contra el Covid-19

Cuando a Felipe Gelo le dijeron que había regresado su cáncer de lengua, el médico le aconsejó que se vacunara contra el coronavirus antes de iniciar un nuevo ciclo de quimioterapia. Era febrero y el combatiente de Malvinas y vecino de Buenos Aires debía apurarse para tener el esquema completo, porque luego quedaría inmunodeprimido y mucho más expuesto al virus.

La primera dosis llegó medianamente rápido, porque tiene 59 años. Cuando se demoró la segunda, recurrió a la Justicia. En un fallo inédito, el 27 de abril la Justicia le ordenó al Ministerio de Salud de la Nación que le apliquen la segunda dosis en el plazo de tres días, porque corría riesgo su vida.

Por entonces, el Plan Nacional de Vacunación aún no contemplaba a los pacientes oncológicos como ciudadanos prioritarios para recibir dosis contra el Covid-19.

Según explica su abogado, Jorge Monastersky, aquella primera demanda fue apelada por el Estado, que argumentó que peligraba el plan de vacunación si se contemplaban casos como el de Gelo.

Como pasaron los tres días dispuestos, a principios de mayo incluso denunció a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, por desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El 13 de mayo, Gelo fue convocado a recibir la segunda dosis de la vacuna Sinopharm. Apenas unos días antes, el Ministerio de Salud había sumado a los pacientes oncológicos a la población objetivo a vacunar con prioridad. Ellos se sumaron al mismo tiempo que quienes tienen tuberculosis activa y discapacidad intelectual y del desarrollo.

Monastersky da por sentado que la demanda de Gelo fue determinante para ello. “Claramente después de eso vino el cambio de política y de hecho el Gobierno empezó a tener en cuenta las comorbilidades para la vacunación. Creo que a partir de esta cautelar vieron la cantidad de demandas que podrían llegar de miles de argentinos”, explica.

También recuerda que, si bien no hubo una respuesta oficial del Ministerio de Salud bonaerense, cuando llegó el turno para vacunarse hasta lo llamaron por teléfono a Gelo para confirmarlo, algo que no le sucede a todos los empadronados.

En las últimas horas, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 6 resolvió que, como la vacunación ya está resuelta, el Ministerio de Salud de la Nación debe pagar las costas (los gastos) del proceso judicial.

Para el letrado Monastersky, aquello es “ratificar la postura de que el estado nacional es el principal garante del derecho a la salud y no puede mirar para el otro lado”. Según afirmó, donará el pago que percibirá por sus honorarios.

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