El jurado popular disipa las sospechas del sistema penal

Una vez más un jurado popular tuvo que decidir sobre un caso de alta sensibilidad. Jurados bonaerenses condenaron a Farré por el femicidio de su exmujer con cadena perpetua; decidieron también la culpabilidad de Cristina Santillán por la muerte de su marido, pero atenuando su responsabilidad con cargo de lesiones gravísimas; ayer encontraron no culpable a Daniel Oyarzún por legítima defensa. Ninguno era un juicio sencillo.

El del carnicero de Campana es uno de esos casos, poco frecuentes, en que la prueba es muy cerrada y, por ende, resulta compatible tanto con veredictos de culpabilidad como de no culpabilidad. Era un caso especialmente complejo, ya fuera que lo tuviera que resolver un jurado -como ocurrió- o un juez técnico. Al jurado se le ofrecieron cuatro veredictos posibles, desde la no culpabilidad por legítima defensa hasta la culpabilidad por homicidio simple. La prueba era consistente con cualquiera de estos, pero es claro que las consecuencias de una y otra decisión resultaban diametralmente opuestas. Cualquier opción, aunque justificada, iba a ser controvertida, pero menos cuestionable por ser tomada por un jurado popular.

El veredicto del jurado es portador de una legitimidad que el juez por sí mismo no puede tener. Si el jurado es reconocido como un sujeto imparcial, su veredicto probablemente será considerado un veredicto justo. Más aún cuando esa decisión es alcanzada de manera unánime. En el caso del carnicero, el jurado deliberó más de tres horas y, pese a que no era una exigencia legal, los 12 integrantes del jurado coincidieron en el veredicto de no culpabilidad.

Estudios empíricos han comprobado que los jurados en el mundo, y en la Argentina también, toman sus decisiones en función de la prueba. Es por eso que en la mayoría de los casos, cuando la prueba es clara, jueces y jurados coinciden en el veredicto. En la provincia de Buenos Aires el nivel de coincidencia alcanza el 76%, estándar semejante al encontrado en otros países del mundo.

En los pocos casos en que jueces y jurados no coinciden es justamente porque la prueba está muy reñida. En esas situaciones la divergencia se explica porque los jurados, a través de sus decisiones, transmiten un sentido comunitario de justicia. Los jurados incorporan sus visiones, sus valores y experiencias de vida para construir una justicia de la situación desde la cual explican la responsabilidad o no del acusado. Esa construcción tiene valor, precisamente, porque es resultado de una deliberación entre doce personas que accidentalmente han sido facultadas con el poder de juzgar y no tienen un interés particular en la solución del caso.

Las decisiones judiciales nunca satisfacen a todos, pero la participación de un jurado popular disipa las sospechas que hoy tiñen la mayoría de las sentencias del sistema penal. Conformes o no, un aporte incuestionable del sistema de jurados es que no se discute la legitimidad de la decisión. Y si algo se necesita por estos tiempos es restituir la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia.

Las autoras son investigadoras del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales

Aldana Romano y Sidonie Porterie

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