El juicio por la masacre de pingüinos en Punta Tombo podría hacerse este año: el dueño del campo, el único acusado

COMODORO RIVADAVIA.– El caso de la masacre de cientos de nidos de crías de pingüinos que fue arrasada por una topadora entre agosto y noviembre de 2021 podría tener su juicio oral, único con la figura de “ecocidio”, para el próximo mes de noviembre, de acuerdo a la fecha pedida por la fiscal Florencia Gómez a la Oficina Judicial.

Luego de la audiencia preliminar el último 12 de abril, ahora la fiscal pidió que se de fecha de inicio del juicio oral a partir de los primeros días de noviembre, porque su idea es llevar a todos los testigos al lugar del hecho, dado que los daños todavía persisten y pueden verse. Incluso el estudio que se hizo determinó que la recuperación del ambiente puede demandar hasta 35 años.

Como se recordará, en un hecho sin precedente, el dueño del campo La Perla, Ricardo Adolfo La Regina –único imputado por el hecho– sin autorización administrativa sobre impacto ambiental y usando una retro excavadora, produjo con pleno conocimiento de causa actos de crueldad animal y daños irreversibles sobre fauna y flora autóctonas en una estancia propia lindante con el Área Natural Protegida Punta Tombo.

Según la acusación, el propietario podría ser considerado responsable de masacrar a 105 ejemplares de pingüinos de magallanes y de arrasar 292 nidos, aplastando huevos y pichones.

La Regina buscaba trazar dos caminos e instalar un alambrado de 900 metros en el interior de su propiedad. De acuerdo al Ministerio Público Fiscal, es la primera vez que un caso de “ecocidio” llegará a esta instancia en América Latina.

El concepto de “ecocidio” no es nuevo, pero desde 2021 tiene una definición jurídica. Describe “cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente”.

La investigación de la fiscal Gómez se valió primero del peritaje realizado por el experto y especialista en tema pingüinos, como Pablo García Borboroglu, con fotos e imágenes del desastre ambiental. Luego las denuncias de tres organizaciones ambientales, barrió con drones el área y convocó a geógrafos, cartógrafos y especialistas en biología marina para dimensionar la matanza.

La fiscal logró dar con Sam Guilfort, director de National Geographic. Eso significó un hito para el caso porque la organización internacional a partir de ese momento se puso bajo las órdenes de la fiscal, facilitando fotografías y peritajes.

Impacto

Entre agosto y noviembre de 2021, La Regina avanzó con la topadora y sobre el trayecto de la franja, instaló un alambrado de 6 hilos en el que anexó un boyero electrificado, conectado a una batería con alimentación solar. El aparato impidió el libre tránsito de las aves desde la costa hasta sus nidos.

Como informó en su momento Borboroglu y es parte de la acusación, parte de la remoción de vegetación y la hizo en el momento crítico del ciclo reproductivo, donde los pichones están eclosionando o tienen muy pocos días de vida y deben ser alimentados con frecuencia por los pingüinos adultos.

La Regina proviene de una histórica familia de la zona, y es heredero de los campos donde fue protagonista de esta matanza, y en un caso inédito, se verá si será absuelto o condenado a prisión, ya que se piden hasta cuatro años por parte de la fiscalía. Lo que se sabe, es que a la naturaleza le llevará 35 años por lo menos regenerarse de los daños sufridos.

Para la fiscalía y los científicos involucrados, este caso sienta un precedente enorme para el país, por lo que hay marcado interés hacia el trabajo de la fiscal Gómez por parte de las fiscalías ambientales de otras provincias.

Podría ser la primera vez que se llegue a una condena de este tipo e incluso esto podría derivar en reformas a la redacción del Código Penal, que presenta un enorme atraso en materia ambiental y de cuidado de la fauna y la flora.

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