El homicidio de Lucio: por qué falló el sistema médico en identificar y denunciar las señales de maltrato

Fueron al menos cinco consultas médicas en las que los especialistas deberían haber detectado la situación de violencia y malos tratos a los que era sometido Lucio Dupuy, de apenas 5 años, y evitado así el peor de los finales. Pero nada ocurrió. El 15 de diciembre de 2020 fue atendido por “traumatismo de miembro superior” en el Hospital Evita de Santa Rosa, La Pampa, y el 18 de ese mismo mes en el Hospital Molas le diagnosticaron “fractura a nivel de la muñeca y de la mano”, según un informe que publicó la agencia Télam. El 22 de enero de 2021, en la posta del barrio Río Atuel, los médicos constataron “traumatismos de miembro superior”. El 1° de febrero volvió al Hospital Evita por un “código T14-1″: un traumatismo en el cuerpo. El 23 de marzo, en la historia clínica del Hospital Evita el médico anotó “mallet finger”, un dedo desviado por una fractura de la falange. Curiosamente, ninguna de esas consultas médicas derivó en denuncias.

Ahora, además del homicidio, la Justicia deberá investigar también por qué los médicos pasaron por alto las señales de alerta. Según el Código Penal y la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, les podrían corresponder penas por incumplimiento del deber de funcionario público, mala praxis, abandono de persona y hasta encubrimiento. Los profesionales podrían desde perder sus matrículas y recibir sanciones civiles hasta tener que cumplir penas de prisión efectiva, según informaron distintos especialistas consultados por LA NACION.

Lamentablemente, no se trata de una práctica infrecuente. La subdenuncia de casos de abuso y malos tratos por parte de los efectores de salud y también de docentes es parte de la compleja trama que perpetúa el calvario silencioso de los chicos que los padecen.

Apenas el 15% de las denuncias por abuso o maltrato que llegaron al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes porteño (Cdnnya) este año se originaron en escuelas, hospitales y juzgados. El resto corresponde a vecinos, familiares y a las propias víctimas. Pese a la pandemia, el número creció con respecto al año anterior, a partir de que se implementó un sistema de guardia jurídica. En la provincia de Buenos Aires, solo el 6,3% de las denuncias se originaron en el sector de la salud y apenas el 10,7% en el sistema educativo, según estadísticas de 2018 del Organismo de Niñez y Adolescencia provincial.

“Las víctimas que no rompen el silencio también piden ayuda. Sus dibujos, su carácter, sus conductas y su salud hablan por ellos. Sin embargo, muchas veces los que detectan esos indicios los pasan por alto, por cuestiones culturales, por creer que lo que pasa dentro de la familia es del ámbito privado y porque temen quedar involucrados. Los médicos y los docentes son clave para detectar estos casos, porque el maltrato se produce en dentro de la familia. Si no, ¿quién va a ayudar a esos chicos? Ellos pueden salvar una vida. Si hay situaciones que ponen en riesgo la vida de los chicos, ya no son hechos privados. Por eso están obligados por ley a denunciar, pero lamentablemente no hay castigo para los que hacen la vista gorda”, explica Paula Wachter, directora de la Fundación Red por la Infancia.

Wachter fue una de las impulsoras la modificación en 2018 del artículo 72 del Código Penal, que antes consideraba que estos delitos eran de orden público, pero de instancia privada. Significaba que ante una denuncia, los padres debían ratificar la presunción de delito, algo que imposibilitaba la investigación ya que, en la mayoría de los casos, el agresor es parte del entorno familiar. A partir de este cambio, el Estado está obligado a actuar de oficio ante los delitos contra menores que ocurren en el ámbito de la familia.

Obligados a denunciar

En la Argentina, por ley (la 24.417, de Protección contra la Violencia Familiar, en su artículo 2) todos los docentes y directores de escuelas, trabajadores sociales, personal de salud de establecimientos privados y públicos, además de los funcionarios, tienen la obligación de hacer la denuncia ante la sospecha o certeza de un caso de maltrato contra una niña, un niño o adolescentes.

El caso de Lucio encendió una alerta en el sistema de salud. Desde la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) informan que son habituales las consultas jurídicas de los médicos sobre cómo proceder ante estos casos. “Todos los que trabajamos con chicos tenemos la obligación de garantizar sus derechos además de la atención médica. Nuestro deber es tomar una intervención activa para hacer cesar la vulneración de derechos y dar intervención a la Justicia”, explica Susana Ciruzzi, abogada y secretaria del Subcomité de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la SAP.

“Existe un protocolo de actuación. Al detectar una situación, si hay elementos físicos o un relato de agresiones se debe intervenir. Si está en riesgo la vida, directamente se debe recurrir a la instancia judicial. Cuando uno detecta lesiones de antigua data, más lesiones recientes con explicaciones confusas, esto es un semáforo rojo. Los médicos deben denunciar ante la comisaría, la fiscalía o el juzgado y dar intervención al Consejo de Derechos del Niño para que el peligro que corre el chico cese de forma inmediata. No hace falta que el médico tenga certeza del abuso ni debe actuar como forense. Lo que él debe denunciar es la presunción del delito. Quien debe investigar es la Justicia”, detalla Ciruzzi.

Sin embargo, en la práctica son pocas las sospechas de los médicos que se transforman en denuncias. “En los hospitales públicos es más sencillo si hay un protocolo y una asesoría jurídica. En los consultorios particulares el médico se siente solo, tiene temor a malinterpretar la situación o a represalias. De todas formas, los delitos de maltrato y abuso siempre tienen un subregistro de denuncias por parte de médicos, es histórico”, reconoce Ciruzzi. “Pero es un error, es el deber de los médicos denunciar. No hacerlo puede ser considerado incumplimiento de los deberes de funcionario público o mala praxis, ya que el abuso y el maltrato físico son patologías agudas que deben ser detectadas en la consulta médica. También podría corresponder la figura de encubrimiento”, apunta la especialista.

Virginia Berlinerblau, médica forense de la justicia nacional, explica que si bien existen líneas a las que puede llamarse para pedir asesoramiento y otros recursos del Estado, predomina un “resquemor” a involucrarse, además de falta de información sobre cómo actuar. “Muchas veces piensan que, si llaman, se van a meter en problemas, temen quedar involucrados en la causa o que se tomen represalias”, dice.

Protocolos en hospitales

En los hospitales porteños Garrahan y Gutiérrez, ambos pediátricos, existen protocolos específicos de actuación ante la sospecha de abuso o malos tratos. En ellos se detalla cómo debe ser la intervención tanto judicial como familiar. Se indica que, ante la sospecha, los médicos deben consultar a solas al niño o niña víctima de las agresiones para estimar factores de riesgo familiares y dejar constancia de sus dichos en la historia clínica. También, que la intervención se debe activar ante la sola sospecha de maltrato o abuso y que debe ser el profesional que recibió al paciente quien debe firmar y dejar constancia de todo el proceso.

Además, el documento “Abordaje de las violencias contra niños, niñas y adolescentes” del Ministerio de Salud de la Nación establece: “En cuanto a las responsabilidades legales, es importante destacar que los miembros de los equipos de salud que tengan conocimiento de la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescente, deberán comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa de protección de derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión”. Sin embargo, ante la consulta de LA NACION, el Ministerio de Salud no informó cuántas intervenciones se iniciaron por omisiones como esta.

¿Qué debería pasar cuando llega un posible caso de violencia a los hospitales? Silvia Ongini, psiquiatra infantojuvenil del Departamento de Pediatría del Hospital de Clínicas, cuenta con un protocolo específico sobre cómo actuar ante una sospecha de maltrato. “Los profesionales de la salud tienen que dar intervención a los organismos de protección de derechos, además de realizar una revisión completa. También hay que tener en cuenta que muchas veces los niños protegen al agresor, esto es muy frecuente”, explica la psiquiatra, justamente porque llegan al hospital bajo amenazas. Si no cuentan con un espacio de contención adecuado, es muy difícil que puedan poner la violencia en palabras. Recuerda el caso de un niño que llegó con hematomas múltiples en el cráneo y otras lesiones, y los padres dijeron que se había caído de la cama. “En ese caso se internó al niño, que seguía sosteniendo el discurso de ‘nadie me hizo nada’. Se le dio un espacio psicoterapéutico, con un marco de confianza, contención y escucha, y esa fue la forma en que pudo pedir ayuda”, detalla Ongini.

Historia clínica unificada

La inexistencia de una historia clínica unificada y digitalizada en hospitales públicos favorece casos como el de Lucio, donde los padres acuden a la atención médica en distintos centros para evitar que el maltrato se detecte.

“El síndrome del niño apaleado es el ABC de la formación en materia de maltrato infantil. Los ámbitos de la salud y de la educación son los principales actores para la detección temprana. Un niño que, como Lucio Dupuy, estuvo en cinco oportunidades en centros de salud por diferentes lesiones sin activar ninguna alerta es prueba elocuente del incumplimiento de obligaciones básicas por parte del hospital. ¿Es posible que no se lo haya detectado? La detección temprana hubiera permitido activar la intervención del sistema de protección integral. El maltrato no solo es por acción, sino por omisión”, apunta Marisa Herrera, abogada de familia y una de las redactoras de la reforma del Código Civil que trajo cambios en la concepción de los derechos de la infancia. “¿Por qué hay subdenuncias? Por varias razones: falta de compromiso de los profesionales de la salud, presumir que denunciar implica involucrarse en un proceso judicial y que ello traerá aparejado una cantidad de intervenciones que no se quieren asumir y por no dimensionar las consecuencias negativas de la falta denuncia, entre otras”, agrega Herrera.

El subregistro de denuncias por delitos contra la infancia es un grave problema, apunta Marisa Graham, designada Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación hace casi dos años. “En este caso, no hubo denuncias de ningún tipo. Ni en órganos administrativos, ni de una ONG, ni en el organismo de protección de los niños de La Pampa, ni ninguna actuación administrativa ni judicial”, dice. Existió una denuncia de una vecina que solo llegó a la comisaría local. “Los defensores no pueden adivinar qué está pasando en la casa de cada niño”, apunta. “No nos olvidemos que hubo más de un año sin escuela, que es la que suele dar la mayoría de alertas tempranas en casos de violencia. La pandemia sacó ese factor de alerta y nos preocupó porque sabíamos que había muchos niños y niñas encerrados con sus agresores”, explica.

Durante 2020, en la Capital las llamadas a la Línea 102 de Niños y Niñas se duplicaron en relación a 2019; de 2722 consultas referidas a situaciones de vulneración de derechos que implicaban a 3095 niños, niñas y adolescentes, se pasó a 4575 llamadas que involucraron a 6386 chicos. Muchas de las denuncias fueron efectuadas por los propios menores. El 25% de las llamadas denunciaron situaciones de conflicto en las relaciones familiares, mientras que las situaciones de maltrato físico o psicológico alcanzaron a un 20% de las consultas. Con la flexibilización de las medidas de confinamiento y la apertura de centros de referencia, como ser espacios educativos, recreativos, de contención y terapéuticos, entre otros, los contactos con la Línea 102 tuvieron un leve descenso.

Con la colaboración de María Ayuso y María Ayzaguer

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