El Gobierno promete impulsar un plan nacional de desarme

El padre de Pablo Piccioli, que anteayer habría cumplido 19 años si no hubiese sido asesinado de un tiro en la autopista Panamericana por un asesor de una agencia de seguridad, luego de una discusión trivial por un problema de tránsito, obtuvo ayer del ministro del Interior, Aníbal Fernández, el compromiso que esperaba obtener: que el Gobierno dé participación a las organizaciones de la sociedad civil en la concreción de políticas públicas integrales que tengan por objetivo combatir la violencia armada, esa misma que segó hace dos meses la vida de su hijo.

Fernández aseguró que su intención es impulsar un proyecto de ley por el cual se declare la emergencia en materia de armas de fuego y municiones, en el marco de la cual se realizará, por el término de seis meses, un programa nacional de canje de armas, destinado a los que acepten deshacerse de las armas que posean en sus casas.

"Yo conozco mucho de armas, porque las he usado desde los 16 años. Y es por eso que sé que es necesario llevar adelante un plan de desarme", dijo el ministro a la comitiva encabezada por Dante Piccioli, a quien acompañaron ayer, en la Casa Rosada, dos abogadas de Fores (asociación dedicada a temas de justicia), el ingeniero Juan Carlos Blumberg, y representantes de las ONG Espacios (Mendoza), La Casa del Sur (Rosario), APP, Flacso y Fundación Lebensohn, entre otras integrantes de la Red Argentina para el Desarme.

Participantes de la reunión dijeron que, además de la oferta de escuchar las propuestas de las organizaciones de la Red que trabajan desde hace años en la problemática de la descontrolada proliferación de las armas de fuego y de las letales consecuencias de su uso, Fernández aseguró que desde su cartera, por estos días, se trabaja para completar un inventario de las armas en poder de las fuerzas de seguridad federales.

También confió un deseo que, de concretarse, podría cristalizar un cambio revolucionario: aseguró -dijeron concurrentes al encuentro- que en breve se reunirá con su par de Defensa, Nilda Garré, e intentará acordar con ella el traspaso del Registro Nacional de Armas (Renar) de la órbita de esa cartera a la de Interior.

Diagnóstico

Los representantes de las ONG (que durante la última semana mantuvieron una reunión de trabajo con otros integrantes de la Red, como Inecip, La Comuna y Red Solidaria, y las organizaciones internacionales Save The Children y Swefor), le dijeron a Fernández que el paso previo a la instrumentación de una política de Estado para abordar el problema de la violencia en general y la violencia armada en particular debe ser un diagnóstico vasto y serio sobre el número de armas existente, la cantidad real de personas que las poseen, y el verdadero impacto que causa su uso en la salud pública, en el desarrollo humano y en la seguridad.

Por eso propusieron (con la voz de Piccioli al mando) que se abriera "el tema a la sociedad civil, permitiendo que opine, y se debata con ella el proyecto de recolección de armas del Poder Ejecutivo [y que] se cree una mesa permanente de discusión hasta lograr medidas concretas que reviertan decididamente el creciente nivel de violencia armada que afecta a todos". Esto consta en la carta que le entregaron a Fernández ayer, a la que LA NACION tuvo acceso.

Piccioli, quien aseguró a este diario que nunca se había preocupado realmente por conocer los efectos del uso de las armas hasta que una le quitó a su hijo Pablo, le pidió al ministro que no dejara que el tema quedara fuera de la agenda política del Gobierno. "Que el tema no quede muerto, porque muerto ya está mi hijo", le dijo a Fernández.

Así, hizo propio el discurso de las organizaciones que lo acompañaron y opinó: "Hay mucha inquietud por la violencia armada. Es una cuestión con muchas patas, una de las cuales es desarmar lo que sea desarmable. Pero eso no es todo. Pretendemos seriamente que este tema sea tomado como una política de interés público, porque es un tema tan serio como la inflación".

Piccioli también hizo hincapié en que el problema no son sólo las armas ilegales, las que están en manos de los delincuentes. De hecho, se expusieron en la reunión los resultados preliminares de un trabajo de investigación que está realizando la Fundación Lebensohn, que da cuenta de que en lo que va del año murió una persona por día a causa de las armas de fuego y en el contexto de conflictos interpersonales, suicidios o accidentes por la manipulación peligrosa. "La gente de la Red dice siempre que las armas son un problema. Y si están en la casa, y cerca de niños, peor aún. Las armas sólo sirven para matar", concluyó Piccioli.

Cifras alarmantes

Más armas ilegales

En la Argentina hay 1.123.059 armas registradas y 635.822 legítimos usuarios, según cifras de este año. Sin embargo, hay 1.200.000 armas ilegales y 1.800.000 tenedores de esas armas.

Un muerto por día

Se registra un muerto por día en conflictos interpersonales, excluidos los homicidios por robo, casos de justicia por mano propia y enfrentamientos entre policías y delincuentes, según la investigación de la Fundación Lebensohn. El número supera a los muertos en accidentes de tránsito en la Capital.

Defensa personal

El 56% de las armas registradas son usadas para defensa personal, según las encuestas de victimización del Ministerio de Justicia; pero el 70% de los habitantes del área metropolitana está de acuerdo con un plan de desarme.

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