El Gobierno oficializó la eliminación de programas del ex Ministerio de Ciencia
A través de la Resolución 2025/10 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno anunció la evaluación y baja de programas de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología que no cumplan con objetivos estratégicos o presenten irregularidades
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El Gobierno decidió la eliminación de programas y convenios vinculados a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología que “deban rendiciones, que estén vencidos y no aporten al crecimiento del país”.
Según la Resolución 2025/10 publicada en el Boletín Oficial, la medida busca optimizar los recursos públicos y redirigir las políticas científicas hacia sectores prioritarios como agroindustria, energía, minería, economía del conocimiento e innovación en salud. Además, se prevé la recuperación de fondos de aquellos programas que no alcanzaron niveles mínimos de ejecución.
“Todas las áreas del ESTADO NACIONAL deben procurar un análisis minucioso de las cuentas, propiciando eliminar los gastos innecesarios, inconvenientes o no urgentes, en pos de destinar los fondos escasos a las reales y urgentes necesidades de la población. Existe la imperiosa necesidad de reducir el gasto público, y establecer medidas para racionalizar los recursos públicos y redirigirlos hacia áreas estratégicas”, dice el texto publicado hoy en el Boletín Oficial. Según cálculos realizados por LA NACION, la eliminación de los primeros programas y convenios de una lista de 70 bajo la lupa generará un ahorro total de 1.867.449.931 pesos o 1.753.474 dólares, considerando el valor del dólar oficial.
El organismo encargado de evaluar cada programa y definir su continuidad o baja será el responsable de identificar convenios vencidos sin ejecución, transferencias de fondos inutilizadas y proyectos que duplicaban funciones con otras áreas. En caso de detectarse incumplimientos, se exigirán devoluciones económicas con intereses y, de ser necesario, se procederá a iniciar acciones legales, según informaron desde la secretaría de Ciencia.
La resolución responde a un contexto de emergencia económica y financiera decretado en diciembre de 2023. Según los fundamentos del documento oficial, el país enfrenta una crisis de gravedad inédita que obliga a adoptar medidas urgentes para reducir el gasto público y optimizar los recursos disponibles. En este contexto, las políticas científicas fueron reorientadas para alinearse con el Plan Estratégico 2024-2025, que prioriza sectores vinculados al crecimiento económico y al desarrollo estratégico nacional.
El objetivo principal, según el texto, es equilibrar las cuentas públicas y destinar los recursos escasos a necesidades urgentes de la población, y responde a una instrucción de Jefatura de Gabinete a todas las áreas del Estado a realizar un análisis exhaustivo de sus estructuras presupuestarias para identificar gastos innecesarios o superpuestos.
La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que actualmente depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros, fue creada el 6 de junio de 2024, con Darío Leandro Genua como secretario y Guillermo Francos a cargo de la jefatura. Este cambio marcó el paso del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que había funcionado durante la presidencia de Alberto Fernández, a su actual formato como secretaría. De esta manera, la Jefatura de Gabinete, bajo la conducción de Francos, define los recursos para el área de Ciencia y Tecnología.
Programas afectados
Un total de 70 programas están siendo evaluados, de los cuales algunos ya han sido identificados para su eliminación. Aunque estos ejemplos no representan el monto total de los recursos involucrados, corresponden a una parte de los programas que ya tienen definida su baja, mientras que el resto continúa en proceso de evaluación.
Uno de los principales programas que será eliminado es Juventudes en Ciencia y Tecnología, diseñado para fomentar la participación de jóvenes de entre 16 y 40 años en actividades científicas. Este programa buscaba desarrollar contenidos de comunicación científico-tecnológica en formatos no convencionales, promover actividades que orientaran vocaciones científicas y facilitar la cooperación interdisciplinaria con organismos públicos y privados.
Se dividía en dos iniciativas principales. La primera era Proyectos de fortalecimiento y creación de clubes de ciencia y clubes digitales, cuyo objetivo era desarrollar espacios recreativos y educativos para realizar actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología. Entre los proyectos adjudicados y que fueron dados de baja se destacan el Club PEÑI ANTU MAPU en La Pampa, con un monto adjudicado de $950.000; el Club SE-PA-RA la Basura en Chaco, con un monto igual; y el Club Misterios de la Ciencia en Chubut, con un monto adjudicado de $939.173.
La segunda iniciativa, denominada Ciencia por contar, buscaba fomentar la divulgación científica desde la perspectiva de las juventudes, utilizando formatos no tradicionales. Entre los proyectos adjudicados y cancelados se incluyen Tecnoriginaria: Saberes de los Pueblos Originarios en Salta y Curar el monte: restauración ecológica de la Reserva Guaraní en Misiones, ambos con un monto adjudicado de $350.000. También figura el proyecto Efemérides de Historia Obrera Laufer en CABA, con un monto adjudicado de $210.000.
Sin embargo, ambas actividades presentaban superposiciones con otras iniciativas desarrolladas por distintas áreas dentro del ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que motivó su eliminación.
Según el análisis oficial, la medida que da de baja a estos dos programas, “Proyectos de fortalecimiento y creación de clubes de ciencia y clubes digitales” y “Ciencia por contar”, permitirá un ahorro de $72 millones.
El Programa de Subsidios Institucionales, que financiaba el sostenimiento de instituciones no estatales sin fines de lucro dedicadas a la investigación científica y tecnológica, también será dado de baja. Este programa destinaba fondos públicos para cubrir gastos operativos, salarios, mantenimiento y alquileres de estas instituciones. En 2023, se otorgó en promedio $1.300.000 a organizaciones como el Centro de Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina, para cubrir gastos de funcionamiento, incluidos luz, gas, salarios, servicios administrativos, alquileres, mantenimiento, seguros y vigilancia. Su eliminación representará un ahorro de $36.849.830.
El Programa de Subsidios Extraordinarios, diseñado para cubrir gastos imprevistos en actividades científicas, será eliminado tras detectarse que muchos de los subsidios otorgados no cumplían con los criterios de imprevisibilidad que justificaban su existencia. Entre los beneficiarios de este programa se encuentran la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, que recibió $39.955.000 para el diseño museográfico de la Casa por la Identidad; la Universidad Nacional de La Plata, que obtuvo $42.620.000 para una muestra cultural; y la Universidad de Buenos Aires (UBA), que recibió dos desembolsos, uno de $33.179.949 y otro de $57.834.090.
En total, según informó el Gobierno, la eliminación de este programa de subsidios extraordinarios les permitirá un ahorro de $491.600.101.
Los Proyectos de Cultura Científica, cuyo objetivo era desarrollar actividades para evidenciar el valor social de la ciencia y la tecnología en todo el país mediante iniciativas de carácter asociativo e interinstitucional, también serán eliminados. Esta decisión responde a la existencia de canales y programas ya establecidos que, para criterio oficial, se superponían con estas iniciativas.
Este programa financiaba actividades promovidas por universidades, asociaciones civiles, museos y dependencias gubernamentales. Algunos ejemplos incluyen Abremate ida y vuelta, adjudicado a la Universidad Nacional de Lanús por $1.000.000; Derribando mitos de la sociedad argentina desde una perspectiva sociológica, que recibió $2.992.353 en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA; y Con(s) ciencia teatral, que obtuvo $1.863.500 a través de la Fundación Tati, arte y cultura en Tucumán. Su eliminación, informaron, permitirá un ahorro de $67 millones.
Revisión de convenios
La resolución también incluye medidas específicas para revisar los convenios suscritos bajo los programas afectados. Los convenios vencidos o sin ejecución significativa serán rescindidos de manera unilateral o renegociados en casos puntuales. Por ejemplo, la resolución establece que los convenios con transferencias realizadas que no alcancen el 30% de ejecución deberán ser rescindidos, y las jurisdicciones involucradas estarán obligadas a devolver los montos no utilizados más los intereses. En caso de incumplimiento, se instruirá a las áreas competentes para iniciar acciones legales.
Entre los casos destacados se encuentran proyectos vinculados a la Economía Popular, que habían recibido financiamiento para la compra de equipamiento, viáticos y servicios técnicos por un total de $1.200.000.000. Uno de estos proyectos fue la plataforma digital para la recreación infantil, adjudicada por $6,4 millones a la Asociación Civil Amanecer de los Cartoneros. Otro ejemplo es el taller de madera financiado por $10 millones a la Asociación Civil Néstor Vive Varela. Estos proyectos, según el análisis oficial, no alcanzaron los resultados esperados y serán dados de baja.
El Plan Estratégico 2024-2025 establece que solo continuarán los convenios que se ajusten a las áreas prioritarias definidas por el Gobierno. Para los casos de renegociación, se permitirá la readecuación de plazos y objetivos siempre que no implique un aumento en los montos originalmente asignados. En caso de no llegar a acuerdos, se procederá a la rescisión y recuperación de fondos.
Próximos pasos
La Secretaría de Innovación deberá publicar informes detallados sobre los resultados de las evaluaciones realizadas a cada programa. Estos documentos estarán disponibles en el portal oficial del Gobierno y contendrán información sobre los convenios revisados, los criterios de evaluación y las decisiones adoptadas en cada caso.
En paralelo, se intensificarán las auditorías para garantizar que los fondos recuperados sean reinvertidos en áreas prioritarias. Según el texto de la resolución, la supervisión de estas acciones estará a cargo de la Jefatura de Gabinete, que también se encargará de coordinar la implementación del Plan Estratégico 2024-2025.
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