El Gobierno dio luz verde a las represas sobre el río Santa Cruz

El Gobierno dio vía libre para que avance el proyecto de las polémicas represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz. Así lo confirmaron en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en donde se indicó que, mientras se hace el informe de impacto ambiental ordenado por la Corte Suprema de Justicia, "no hay impedimento para avanzar".

Ésta es una buena noticia para el presidente Mauricio Macri, que el lunes próximo llegará en visita oficial a China, país que aguarda por la inversión en estas obras desde que la Justicia las suspendió, hace un año.

Las represas, cuya construcción sobre el río Santa Cruz está suspendida por la Corte, amenazan con modificar el último río glaciario de la Patagonia y ponen en riesgo así el hábitat de especies valiosas para la biodiversidad local. Entre ellas, la endémica y críticamente amenazada ave macá tobiano.

"En cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 21 de diciembre de 2016, y en el marco de la ley 23.879 (de obras hidráulicas), los dos organismos nacionales Ministerio de Energía y Minería y de Ambiente y Desarrollo Sustentable y sus pares provinciales completarán el procedimiento de evaluación para luego remitir la documentación al Congreso de la Nación. Éste convocará a una audiencia pública a fin de efectivizar los mecanismos de participación ciudadana e información pública ambiental. Sólo el cumplimiento de los procedimientos mencionados podrá dar lugar al levantamiento de la medida cautelar y al inicio de la etapa constructiva correspondiente", indicaron fuentes del organismo ambiental.

Mientras en esa cartera se trabaja en el informe de impacto ambiental, se indicó que ante la inminente aprobación del proyecto se diseñarán medidas más exigentes de mitigación y compensación de consecuencias incluidas en un plan de gestión ambiental del nuevo estudio de impacto ambiental. Y se detalló que entre ellas están la creación de áreas protegidas en zonas críticas para la conservación del ecosistema y la cesión por parte de la provincia de Santa Cruz de la jurisdicción de las tierras que conformarán el Parque Nacional Patagonia.

La coalición de ONG formada por el Banco de Bosques, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn) y Aves Argentinas, entre otras, rechazaron las declaraciones oficiales de forma contundente.

"Se están cometiendo los mismos errores que en la gestión anterior. Es un proceso en el cual la evaluación de impacto ambiental sigue siendo una informalidad. Y acá no ha habido participación de nadie más que funcionarios y empresas. Se dice que va a ser acotado el impacto en el glaciar Perito Moreno, pero no se dice por qué; se dice que no va a impactar en la biodiversidad, pero se están negociando compensaciones futuras. Está todo puesto al revés", indicó Andrés Nápoli, de la Farn.

Preocupación

Ayer, la coalición celebró que la justicia federal hiciera lugar a una medida cautelar que suspendió una audiencia pública que iba a realizarse en Santa Cruz hoy. "Suspéndase la audiencia hasta tanto se implemente por parte del Estado nacional el proceso de evaluación de impacto ambiental y audiencia pública", sostiene el fallo del juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2. Se refiere a la audiencia que deberá tener lugar en el Congreso.

Hernán Casañas, de Aves Argentinas, indicó: "Que el Gobierno adelante una información así es irresponsable. No se conoce el estudio de impacto y no se celebró la audiencia pública. Allí puede aparecer un estudio con un impacto negativo y qué se hace con todo eso. Nosotros estamos presentando información sobre lo biológico que claramente indica que el proceso puede llevar a la extinción a una especie símbolo, como es el macá tobiano, y a otras especies de la región que están en problemas".

"El total de la población del macá tobiano depende durante un período puntual del estuario del río Santa Cruz. Un cambio en las condiciones o características de este estuario, producto de las represas, podría afectar a la totalidad de la especie en muy poco tiempo", indica el informe que elaboró la ONG.

Para Nápoli, la Argentina "no está dispuesta a discutir las cláusulas que exige el contrato con China". Este país es el responsable del financiamiento del complejo hidroeléctrico por unos 4700 millones de dólares y está vinculado al proyecto del ferrocarril Belgrano Cargas por otros 2400 millones de dólares. Es decir que están relacionados por cross default: si se cae uno, también el otro.

Este contrato, heredado de la gestión kirchnerista, fue rediseñado y se le quitaron dos turbinas para que tuviera menor impacto ambiental. La UTE Represas Patagónicas es la encargada de llevar adelante la obra, que se prolongará por cinco años. La asociación de empresas está compuesta por Electroingeniería y la firma china Gezhouba. Según pudo saber LA NACIÓN, ellos habrían presentado 16 estudios de impacto ambiental al ministerio encabezado por Sergio Bergman, cuyos técnicos trabajan en el dictamen final. Sólo luego de ese paso se discutirá en audiencia pública.

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