El fiscal lloró durante el alegato por la muerte de la azafata

CORDOBA.- El fiscal del Tribunal Oral Federal donde se realiza el juicio por la muerte de la azafata Lilian Almada fue el protagonista de una situación inusual: conmovido por la tragedia que le costó la vida a la joven de 28 años en 1995, tuvo que interrumpir su alegato final cuando, al borde del llanto, su voz se quebró.

El doctor Miguel Rizzotti enmudeció por unos instantes y bebió un trago de agua para reponerse. "Si no fuera por tanta negligencia, esa maldita puerta no se hubiera abierto", había dicho un minuto antes. Luego se justificó: "Perdón, uno se emociona".

El público también se emocionó, más allá del papel que cada uno juega en el proceso.

Sin embargo, el fiscal no titubeó para pedir penas de prisión en suspenso para cinco directivos de la desaparecida compañía aerocomercial Inter Austral, una subsidiaria de Austral que realizaba vuelos en el interior.

Las abogadas de la madre de la azafata habían requerido la máxima condena que contempla el Código Penal para la imputación que pesa sobre los representantes de la empresa: cuatro años de cárcel. También plantearon que se agrave la acusación, solicitud que implicaría penas mayores.

En el proceso se juzga el accidente que sufrió la azafata Almada, que cayó al vacío el 9 de agosto de 1995 al abrirse una puerta del avión de Inter Austral en el que prestaba servicios.

En el banquillo de los acusados la opinión pública no sólo sentó a los cinco imputados sino que colocó también a las compañías aéreas poco celosas de la seguridad. El fiscal señaló que en un informe ante el Congreso se reveló que Aerolíneas Argentinas registra 3700 observaciones anuales por fallas y LAPA, 1200.

Rizzotti habló durante cuatro horas. Dijo que quien "tiene mayor responsabilidad" es Javier Losa de la Cruz, gerente técnico de la empresa, a quien consideró autor responsable de accidente aéreo culposo, agravado por resultar muerta una persona, y solicitó que se lo condene a tres años de prisión con aplicación en suspenso "atento a su personalidad moral".

También requirió "por su incompetencia en el ejercicio de funciones" una inhabilitación especial de seis años para ejercer su profesión en la aeronavegación civil y comercial.

Por los mismos delitos, pidió dos años y seis meses de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para Alberto Muñoz, responsable de la gerencia de Aseguramiento de Calidad; Ricardo Embón, gerente de planeamiento e ingeniería, y Jorge Belarmino Fernández, gerente de mantenimiento.

Para Adolfo Luna, jefe de mantenimiento en el Aeropuerto Córdoba, imputado del mismo delito, reclamó dos años de prisión en suspenso y cuatro años de inhabilitación.

El fiscal sostuvo que "el estado de la puerta era aterrador" a pesar de una treintena de observaciones sobre las permanentes fallas que no fueron debidamente atendidas.

Hizo además un severo cuestionamiento del informe final de la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación, al que calificó de "grotesco" y de contener "errores monstruosos" porque refiere que el avión "estaba en perfectas condiciones" y no señala que la puerta se abrió en vuelo.

Criticó a la empresa por "recurrir a la ignorancia de los hechos", por inobservancia de los reglamentos y negligencia, y advirtió que "la culpa basada en el error imputable no la excluye de la culpabilidad".

Tuvo igualmente reproches para la Dirección de Aeronavegabilidad por la falta de controles y, al respecto, confesó: "Por eso no viajo en aviones".

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