El fin del derecho a la intimidad

Nunca antes en la historia de la humanidad, las personas hemos estado tan expuestas y el flujo de información personal de cada uno de nosotros ha sido tan grande. Sería un error abordar el tema desde la individualidad de cada uno de los casos o tecnologías en particular. Lo cierto es que estamos ante un escenario donde la intimidad de las personas como bien social está en riesgo ante un sistema sociotécnico que se basa esencialmente en la obtención y procesamiento de datos personales como jamás hemos visto.

Existe hoy la posibilidad de construir perfiles de personas, grupos y relaciones sociales sólo analizando datos crudos, en lo que algunos autores ya denominan "vigilancia de datos".

No es una tecnología en particular, sino el entramado que ellas configuran y las prácticas sociales que se generan a partir de éstas, lo que efectivamente pone en riesgo la privacidad y, con ella, la libertad de las personas. No es sólo la posibilidad de rastrear datos personales a través del teléfono móvil, sino también la práctica social de los usuarios de manifestar a cada paso dónde están, con quién y qué hacen en las redes.

Nuestro mundo y nuestra vida social están plagados de dispositivos y sistemas que permiten detectar, vigilar, rastrear los actos de las personas y procesarlas para obtener información valiosa de esos movimientos, acciones y relaciones. Modelos de negocios de empresas exitosas se basan justamente en procesar este tipo de información con diferentes fines, mayoritariamente comerciales, pero en muchos casos de control social y político.

En un día normal de nuestras vidas, es sorprendente la frecuencia con la que somos monitoreados y rastreados. En el preciso momento en que iniciamos nuestra computadora y navegamos por la Red, alguien está obteniendo datos sobre esos movimientos. Cada vez que llamamos por teléfono o enviamos un mensaje de texto, la empresa guarda información y la procesa. Cuando salimos a la calle, decenas de cámaras de vigilancia registran nuestra imagen. Cuando hacemos nuestras compras, o usamos la tarjeta de acceso a una oficina, somos registrados y mapeados.

Como si todo esto fuera poco, el Estado argentino está a la vanguardia en la incorporación de tecnologías de monitoreo y vigilancia social, especialmente basados en sistemas biométricos como la base de Sibios (Sistema Integrado de Identificación Biométrica) para la seguridad, lanzado por Cristina Fernández de Kirchner en noviembre de 2011.

Este sistema tiene como objetivo construir una base de datos biométricos de toda la población argentina, incluidos los bebes nacidos desde enero de este año. Este es el sistema que se utiliza cada vez que entramos o salimos del país y dejamos nuestra huella digital en migraciones. El Estado cruza estos datos con, por ejemplo, las bases de datos biométricas de la AFIP para saber quiénes salen o entran del país. Las razones para estar preocupados y comenzar a tomar acciones concretas contra estos sistemas son más que evidentes.

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