El exjuez Reynoso autorizó insólitos traslados de cocaína
PARA LA NACIONGermán de los Santos
En el juicio contra el ex juez federal de Orán Raúl Reynoso apareció un extraño oficio que el exmagistrado había enviado en abril de 2012 al entonces jefe de la Aduana de esa ciudad fronteriza con Bolivia. En él autorizaba a sus empleados, entre ellos, a uno de sus ahora coimputados, a trasladar estupefacientes en sus autos particulares.
La sospecha de los investigadores es que durante los 11 años de gestión de Reynoso al frente del juzgado federal de Orán parte de la droga incautada en procedimientos desaparecía y luego se vendía, muchas veces en Bolivia. El hallazgo de este documento, que encontró el nuevo jefe de la Aduana de Orán en un bibliorato, es clave para avanzar en esta hipótesis.
El juez federal de Salta Jorge Bavio investiga desde hace más de un año la posible adulteración de la droga que era enviada a incinerar tras los secuestros en los operativos que ordenaba el juzgado conducido entonces por Reynoso. Un testigo oriundo de Yrigoyen, localidad situada a unos 15 kilómetros de Orán, denunció esas eventuales maniobras en el Juzgado Federal Nº 1 de Salta.
En la investigación se detectó que nunca se hacían los test con reactivos -como se prevé en los protocolos- para confirmar el grado de pureza de la cocaína. No se sabía lo que se quemaba. Para tener una dimensión de la cantidad de droga que se manejaba en el juzgado, solo en las nueve causas por las que ahora está siendo juzgado Reynoso se secuestraron 2000 kilos de cocaína, valuadas en unos 12.000.000 de dólares.
"Los vehículos particulares identificados con los dominios GPV271 y GZL299, pertenecientes a los empleados Néstor Conrado Acosta y Julio César Aparicio, se encuentran afectados a tareas del juzgado federal a mi cargo, entre ellas, el traslado de secuestros compuestos por estupefacientes", reza el oficio de abril de 2012 firmado por Reynoso y enviado al entonces jefe de la Aduana de Orán, Julio de la Vega.
Si ese oficio fue remitido a la Aduana es porque esos vehículos -que con aquella orden judicial estaban autorizados a transportar estupefacientes- posiblemente cruzaron a Bolivia por el paso cercano a Aguas Blancas, donde, conjeturan los investigadores, se iba a devolver la droga secuestrada a sus dueños a cambio de dinero.
Según fuentes judiciales, uno de los encargados de manejar el depósito donde se guardaba la cocaína de los secuestros era Aparicio, que ahora está siendo juzgado junto a Reynoso y que era una suerte de secretario privado y chofer del exjuez.
En una caja fuerte se guardaban el dinero incautado y las armas. Si la capacidad del juzgado de Orán se saturaba, la droga se derivaba al Escuadrón 20 de la Gendarmería.
El fiscal de Cámara Carlos Amad pidió ayer a los miembros del Tribunal Oral Federal que el oficio -al que tuvo acceso LA NACION- sea incluido como prueba en el juicio por asociación ilícita contra Reynoso y otros seis imputados, entre ellos, empleados del juzgado y abogados.
Está previsto que el funcionario del Ministerio Público presente hoy un requerimiento para que otros organismos, como Migraciones, la Policía Federal y la Gendarmería informen si recibieron el mismo oficio del juzgado federal de Orán en tiempos de Reynoso.
Otra particularidad es que ese oficio detectado en la Aduana no tenía copia en el juzgado federal de Orán, ni formaba parte de un expediente, como resulta de forma.
El fiscal pretende confirmar si otros oficios similares con nombres y apellidos puntuales de aquellos a quienes se autorizaba a trasladar cocaína fueron enviados a otros organismos y fuerzas de seguridad. Es que a lo largo de la extensa investigación que llevó adelante la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) desde noviembre de 2015 comenzaron a aparecer fuertes sospechas de que altos mandos de la Gendarmería también formarían parte de las maniobras ejecutadas por el exjuez en Orán.
En noviembre pasado, el fiscal Amad y Diego Iglesias, titular de Procunar, pusieron en la mira a los comandantes Ricardo Daniel Castillo y Fabio Waldo Benegas, al suboficial Sergio Nicolás Guaymas y a Reynoso. Sospechan que ellos formaban parte de una "alianza" que actuaba de manera aceitada para el cobro de sobornos.
Estos gendarmes habrían participado en el armado de causas contra narcos -muchas veces, con pruebas endebles- para que, en una segunda etapa, la judicial, recibieran fallos favorables a cambio de dinero.
El abogado David Leiva, el primero que denunció a Reynoso, ya había advertido de la supuesta complicidad de integrantes de la Gendarmería con la trama de sobornos montada en el juzgado de Orán.
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