El Estado admite su culpa por la muerte de Bulacio

El Estado argentino reconoció su responsabilidad en la muerte de Walter Bulacio, el joven de 17 años que falleció luego de ser golpeado en una comisaría de Belgrano en 1991 durante un recital del grupo de rock Los Redonditos de Ricota.

El Gobierno firmó ayer un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con la familia de la víctima en el que admite que violó los derechos humanos de Walter Bulacio, al ser detenido ilegalmente.

Además, el Estado pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que fije estándares sobre detención de personas, especialmente en los casos de menores, y se pronuncie sobre las causas y condiciones en que la policía puede hacer detenciones.

También se compromete a actualizar la legislación argentina sobre las facultades de la policía para hacer detenciones y determinar si las normas se compadecen con el Pacto de San José de Costa Rica. Por eso el Gobierno le pidió a la CIDH que forme una comisión de consulta para revisar, modernizar y adecuar la normativa a esos parámetros.

De este modo, se pone punto final al litigio internacional sobre la muerte del adolescente, que se convirtió entre los jóvenes en un símbolo de la violencia policial ilegal.

Sin culpables

La causa penal en la que se investigó la muerte de Walter Bulacio quedó en la nada, luego de que la Sala VI de la Cámara del Crimen resolvió el 21 de noviembre último que el caso estaba prescripto.

Así quedó librado de responsabilidad el ex comisario Miguel Angel Espósito, que estaba a cargo de la comisaría 35a., la noche del 19 de abril de 1991, cuando Bulacio fue detenido frente al Estadio Obras, con otros diez menores. El muchacho murió el 26 de abril en un hospital, luego de que se comprobó que fue golpeado en la cara, en los pies y en las piernas, supuestamente dentro de la seccional.

La admisión de responsabilidad por parte del Estado se dio en el contexto de la solución amistosa propuesta por la CIDH que fue aceptada por el Gobierno, para evitar así una segura condena internacional.

No obstante, el próximo 6 de marzo se realizará en Costa Rica una nueva audiencia en la que se fijará la reparación material que recibirá la familia por parte del Estado argentino.

También se podrá establecer una reparación simbólica que puede consistir en bautizar con el nombre del adolescente una calle, una plaza o colocar una placa en su memoria en la comisaría 35a. donde se le provocó la muerte.

Reconocimiento explícito

El convenio firmado ayer en la Procuración General de la Nación fue suscripto por el ministro de Justicia, Juan José Alvarez, el embajador Horacio Basabe, la abogada María del Carmen Verdú, representante de la familia, por Graciela Scavone, madre de Bulacio, y Víctor Abramovich, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), delegado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Alvarez, en una carta dirigida al procurador del Tesoro, Rubén Citara, entendió que la detención de Bulacio fue ilegítima y que se trató de un caso de privación ilegítima de la libertad. Además, reconoció que falló en su deber de custodia del menor, porque el Estado "debiera y posiblemente podría haber preservado" la vida del adolescente.

El caso llegó al tribunal internacional en 1997, con el aval del CELS, la Correpi y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). Es la primera vez en que un caso de violencia policial argentina llega ante esos estrados.

Los abogados de la familia Bulacio estaban exultantes: "Tras 12 años de lucha estamos satisfechos. Que después de tanto tiempo se reconozca que a Walter lo mató la policía es satisfactorio", dijo Daniel Stragá. Casi lo mismo que aún corean las bandas en los recitales de Los Redondos: "Yo sabía, yo sabía, a Bulacio lo mató la policía".

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