El destino de un terreno en el corazón de Puerto Madero destapa una fuerte interna en la Iglesia
En un predio donado hace tres décadas para la creación de una iglesia y un colegio la Diócesis porteña cedió una parte del terreno a una empresa privada para explotarlo durante 40 años; la Santa Sede había aconsejado no avanzar
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LA NACIONMauricio Giambartolomei
En la tierra más cara de la Ciudad de Buenos Aires, donde el valor del metro cuadrado puede trepar hasta los 4000 dólares, el uso que se le dará a uno de los pocos lotes disponibles genera acusaciones cruzadas y denuncias de traición por el incumplimiento de viejas promesas que se remontan a 1993, bajo el ojo del Vaticano como juez observador.
En Puerto Madero, con la naturaleza como uno de sus principales activos, un predio que había sido donado para la construcción de un colegio y donde ya funciona una iglesia y la vivienda de sacerdotes, incorporará una actividad nunca antes allí desarrollada. Hay vecinos furiosos que avanzan con un plan en la Justicia para intentar frenar la instalación de una estación de servicio que, consideran, pondría en riesgo todo el ecosistema y también la presencia de los alumnos por la manipulación de fluidos peligrosos.
La trama se vuelve aún más compleja porque todo ocurre en dos hectáreas pertenecientes al Arzobispado de Buenos Aires, ubicado entre las calles Rosario Vera Peñaloza, Aimé Painé, Julieta Lanteri y Encarnación Ezcurra, en el Dique 1. El predio había sido donado por la Corporación Puerto Madero en 1993, antes del desarrollo del nuevo barrio, pero con cargo, es decir, con la obligación de construir allí el colegio y la iglesia, pero no para la explotación de otras actividades comerciales.
En una jugada que sorprendió a la Santa Sede, y poco tiempo después de un informe realizado por los enviados de la Congregación para el Clero del Vaticano que aconsejaba no vender ni intervenir ninguna de sus propiedades en la ciudad, el Arzobispado cerró un acuerdo con una empresa privada para la explotación del predio por 40 años.
La polémica transita por dos caminos: la tensión en el barrio con los vecinos, que se oponen a los nuevos usos y que llevaron el reclamo a la justicia; y la tirante relación entre la Iglesia porteña y el Vaticano, desde que el año pasado la auditoría de la Santa Sede advirtió sobre presuntas irregularidades en operaciones inmobiliarias que involucran al Arzobispado porteño. Lo que ocurre hoy en el predio de Puerto Madero, que forma parte de ese informe, cierra uno de los capítulos de esta historia.
Sospechas
Camiones, máquinas que emparejan el terreno y cuadrillas de obreros ya están trabajando en el predio que se encuentra vallado en su perímetro. Las obras comenzaron hace poco tiempo, a pesar de que la audiencia pública se realizó en diciembre de 2020, en plena pandemia, con poca difusión y con los participantes del debate realizado por zoom. En esa audiencia Manuel Antonio Fernández Menéndez y Fernando José Torretta, de la empresa Lomfako SA, confirmaron el acuerdo para explotar el predio durante 40 años a cambio de una compensación económica que el Arzobispado no deja trascender. LA NACION intentó contactar a la empresa Lomfako, pero no logró dar con sus responsables.
Fuentes cercanas al Vaticano y al Papa Francisco, confiaron a LA NACION que esa cesión de tierras fue a dedo y sin respetar el reglamento interno de la Iglesia para la administración de sus propiedades. En el documento de la Congregación para el Clero del Vaticano, firmado por su titular, el arzobispo surcoreano Lazzaro You Heung-sik –escrito al que tuvo acceso este medio–, se establece que el Consejo de Consultores y el Consejo de Asuntos Económicos deben analizar la venta o intervención de inmuebles del Arzobispado por valores de entre U$S30.000 y U$S300.000 y que para valores superiores a U$S300.000 se debe tener, además, la licencia o el permiso del Vaticano. Para el terreno de Puerto Madero, afirman, no hubo consulta a la Santa Sede.
En la escritura de donación del 9 de agosto de 1993 entre la Corporación Puerto Madero (CPM) y el Arzobispado porteño se estableció “el cargo de construir una iglesia bajo la advocación de Nuestra Señora de la Esperanza, casa parroquial, viviendas para sacerdotes y el colegio parroquial”. La iglesia y la casa parroquial ya se construyeron; faltaba el colegio al que le sumaran, en el mismo predio, una estación de servicio y un shop.
“El colegio se construirá, es parte de lo que se está haciendo. El proyecto es más grande para el sostenimiento económico de la Diócesis de Buenos Aires que contempla colegios en las villas y otras actividades. Tenemos que hacer viable todo el funcionamiento de la Diócesis”, explicaron a LA NACION desde el Arzobispado.
“Los permisos se están trabajando desde hace cuatro años y todo está en regla, no hay nada fuera de lugar. Se profundizó en la jurisprudencia con dos juristas reconocidos y concluyeron que no hay oposición al cargo con el proyecto de la estación de servicio boutique y el shop. Si el Gobierno de la Ciudad no dictamina una contradicción, no hay ningún impedimento y el proyecto avanza”, agregan los voceros. Después de la sesión por 40 años, aclaran, el predio volverá al Arzobispado.
En el Gobierno de la Ciudad sostienen que el acuerdo entre el Arzobispado y la empresa “es heredado” de gestiones anteriores y que, cuando se presentaron los permisos de obras, “no había impedimentos para admitir todo lo que se pedía construir sobre el lote”. Entre los usos solicitados se pidió jardín de infantes, escuela primaria y secundaria de gestión privada, estación de servicio (combustibles líquidos y/o GNC), actividades admitidas en estación de servicio, oficina comercial o consultora, garaje, automotores (embarcaciones y aviones), alimentación en general y gastronomía.
“La Corporación, en su momento, donó la tierra al Arzobispado con cargo de construcción de la Iglesia, la casa parroquial y el colegio y tienen plazo hasta fines de 2031 para realizarlo. El que autoriza qué se puede construir es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo al Código Urbanístico y según el cuadro de usos”, respondieron desde la Corporación Puerto Madero, desligándose del tema. “Entendemos que hay una demanda judicial y hasta que no sea parte, la Corporación no va a emitir opinión sobre el particular”, agregaron.
Sin embargo, hay un recurso de amparo en curso contra la Corporación y el gobierno porteño iniciado por el consorcio de propietarios del edificio Puerto Madero Plaza, ubicado frente al lote de la polémica. El fallo de primera instancia del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°14 rechazó una media cautelar hasta que no haya sentencia definitiva. Esa acción podría haber ordenado, por ejemplo, paralizar la obra.
“Es llamativo que la Corporación diga que no tiene nada que ver porque hay un juicio en marcha”, dice Malala Melzner, habitante del edificio Puerto Madero Plaza y una de las impulsoras del recurso de amparo. “El perjuicio es grande porque todas las familias que nos mudamos acá lo hicimos sabiendo que se iba a construir una escuela y eso no pasó en 30 años. Nos sentimos engañados por la Corporación, por el Arzobispado y por Ciudad”, agrega la mujer, que intenta sumar adhesiones de otros consorcios para darle más fortaleza al reclamo.
El 29 de noviembre pasado Mario Poli, el cardenal arzobispo de Buenos Aires, cumplió 75 años y según las normas canónicas de la Iglesia a esa edad se debe poner fin a las tareas como autoridad eclesiástica. La renuncia de Poli ya está en el Vaticano y espera la decisión del Sumo Pontífice. “Lo de Puerto Madero fue una de las últimas jugadas de Poli antes de su renuncia. Sin una medida cautelar, el proyecto se terminará haciendo”, acusan fuentes ligadas al Vaticano.
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