El conflicto que enfrentó a los colegios privados y las familias y que en muchos casos todavía no se resolvió

No fue fácil. Y en muchos casos, todavía el conflicto está en pleno desarrollo. La crisis inédita que se desató en los colegios por la firma (o la no firma) del acuerdo escolar, y que puso a varias instituciones contra las cuerdas significó un punto de quiebre para el mundo de los colegios privados sin subvención.

De tal tamaño fue la crisis que la Secretaría de Comercio de la Nación decidió prorrogar la fecha de entrega del acuerdo escolar a la última semana de diciembre, para que los colegios y los padres tuvieran más tiempo de sentarse a negociar. Sin embargo, los resultados fueron dispares. A esta altura del año, con gran parte del alumnado, como ser los estudiantes del secundario, ya finalizando la cursada, no había que dejar pasar el tiempo.

La gran mayoría de los colegios ya logró a esta altura cerrar y entregar el acuerdo escolar, explica el secretario ejecutivo de Aiepba y de la Junta Nacional de Educación Privada, Martín Zurita. Pero llegar a ese punto no fue sencillo y agregó un estrés adicional a este último tramo del año, tanto para autoridades como para las familias.

¿Cómo se dieron los acuerdos? Algunos colegios tuvieron que disponer de una dotación especial de becas para las familias numerosas y para aquellos que el monto resultara impagable, sin necesidad de que las familias acrediten con una asistente social insolvencia o pérdida del trabajo, como solía hacerse en otras condiciones. “Impulsamos reuniones individuales y logramos entendernos con las familias. Fueron un porcentaje no tan grande de la comunidad escolar, y en octubre lo presentamos. La gente entendió, la inflación fue mostrándose. No modificamos el contrato general. Solo lo hicimos si alguna familia pidió algún descuento adicional, o por situaciones puntuales”, explicó un directivo de un colegio de San Isidro.

Otros, como el Southern Cross, también de San Isidro, según pudo saber LA NACION por padres de la institución, se abrieron mesas de diálogo colectivas e incorporaron una cláusula de ajuste por inflación al contrato original, siempre a favor de los padres, esto es, si para marzo la inflación fuera menor a la estimada, se comprometen a reintegrar la diferencia a favor de los padres. Si fuera mayor, el número no sube salvo que el Gobierno autorice el aumento. En otros, directamente, fueron infructuosos los pedidos de los padres, de ser recibidos colectivamente o de rever los valores que habían comunicado inicialmente. Ante esa situación, muchas familias decidieron cambiar a sus hijos de colegio.

Un caso paradigmático

En otros casos, como ocurre en el Villa Devoto School, todavía están insistiendo en instancias administrativas, legales e institucionales para ser oídos. Incluso en ese colegio, un grupo de familias pidió a la Secretaría de Comercio que audite la cantidad de cartas firmadas que realmente tiene el colegio porque tienen dudas sobre la autenticidad de la declaración jurada que se presentó ante ese organismo. LA NACION dialogó con esos padres y también con las autoridades del colegio, que aseguraron tener el acuerdo escolar homologado por sus abogados. También se consultó a la Secretaría de Comercio, sobre este caso y si hubo otras denuncias similares pero en el momento no hubo respuestas.

Según dicen los padres, un 75% de las familias de los casi 800 alumnos del colegio habrían firmado en disidencia, aunque después, algunos fueron aceptando los términos que se proponían. Los padres descreen, en base a sus propios registros, que se haya superado el 50% de las cartas de aceptación, tal como manda el decreto que regula los aranceles de las escuelas privadas, pero la escuela asegura tenerlas en su poder.

“El 28 de septiembre mandaron el mail con los aranceles 2024. El número nos impactó, empezamos a hablar y se decidió armar una asamblea de padres. Armamos una nota pidiendo que renueven la matrícula y revean los montos, que tenían un aumento del 240% de marzo a marzo. Pero a pesar de que pedimos una mesa de diálogo, nunca nos la dieron. En cambio la única estrategia del colegio fue ofrecer una bonificación del 50% en la matrícula para los que firmaran el acuerdo escolar y con un vencimiento que tuvo como objetivo captar voluntades. Nosotros dijimos que no era suficiente. Pedimos dialogar pero no quieren recibirnos. A muchas familias que no firmaron anticipadamente no se les otorgó el descuento, y esto es discriminatorio. En una carta dijeron ‘no vamos a alentar ámbitos representativos que no permitan distinguir con precisión la dificultad que enfrenta cada familia, y que aún sin intención promuevan decisiones que potencialmente pueden provocar un daño irreparable al proyecto educativo e institucional’, eso nos escribieron”, explica Mariana Metzger, que junto con otros padres como Fernando Scotti, Alan Cardiff, Marcelo Corti, Guillermo Comelli, Tagiane Luiza Trojahn, Lorena (madre de dos alumnas) participaron de una entrevista con LA NACION.

“Presentamos el reclamo en el Ministerio de Educación, en la Secretaría de Comercio, en Defensa del Consumidor, y también en la Inspección General de Justicia, donde nos informaron que se adeudan balances de hace cuatro años”, apunta Trojahn.

“Pedimos que intervengan también en la inspección de escuelas, y en todos lados nos reciben pero no nos sentimos escuchados. Los números de hoy y los que se proyectan en el año nos preocupan”, explica Cardiff.

Lo que los preocupa es que, si durante el año próximo el ritmo de los aumentos que autoriza el Gobierno sigue el de este año, la cuota que para marzo rondaría los 500.000 pesos, según el nivel, informó el colegio, llegaría para fin de año a los 950.000 pesos.

“No somos millonarios. Mandamos a nuestros hijos a un colegio, hacemos esfuerzos para pagar la cuota, porque creemos en los valores de esta institución, pero aún así no nos sentimos escuchados”, dice Scotti. “Pagamos las cuotas, somos los que mantenemos a la escuela, pero no nos reciben ni prestan atención a nuestro reclamo”, dice Tagiane.

“Todo esto se traduce en mucha angustia para los chicos, que no saben qué va a pasar con ellos el año que viene. Los chicos, en lugar de jugar, en los recreos se la pasan hablando de quién se va y quien se queda. Es muy triste”, apunta Mariana.

“Este decreto habría que derogarlo, pero bueno, al menos sirve para que el que no pueda pagarlo, sepa con tiempo y pueda cambiarse de colegio”, dice Raúl Sanguinetti, tesorero del Devoto School.

“Nosotros atendimos a los padres en reclamos puntuales. No vamos a realizar reuniones colectivas. Los números son producto de un mes y medio de análisis y de evaluar cinco escenarios posibles, elegimos ni el presupuesto más alto ni el más bajo, porque lo que no vamos a negociar es la calidad educativa. Hoy la relación costo beneficio está al tope, no hay otro colegio que ofrezca lo que nosotros damos a estos valores, porque estamos a la altura de los colegios más caros del país, pero con una cuota más baja”, justifica. “El nivel educativo es top. Siempre tratamos de mejorarlo. La mayoría de los padres lo entienden. Yo entiendo que puede haber algún padre que no lo pueda comprar. Se puede buscar otro colegio. Si no te podés comprar un Vento tenés un Kia, o una moto o andás en subte”, dice.

El mayor desafío, confían los distintos directivos consultados, fue desactivar la instancia colectiva de los padres organizados, y tratarlos como casos puntuales y particulares para evitar que el rechazo fuera masivo, se explicó.

“Creo que los colegios tienen todavía una gran deuda y a la vez oportunidad en reenfocar cómo comunican lo que ellos hacen. El contexto indica que tienen que repensar cómo comunican su propuesta de valor. Hay un divorcio entre la comunicación que los colegios hacen con respecto a esto que los padres necesitan saber. A la hora de lograr retener a cierto porcentaje de alumnos, cuando los padres, en determinado momento de su vida necesitan replantearse el esfuerzo económico que hacen para mandar a cada chico a un determinado colegio, la comunicación es fundamental”, apunta Carlos Meira, que dirige una consultora, que lleva su apellido, que asesora a escuelas privadas de primer nivel en su estrategia de comunicación.

¿Cómo se llegó a esta situación?

Se la llamó la rebelión de los padres. Hace dos meses y medio, cuando las familias de las escuelas bilingües del segmento ABC1 recibieron la notificación del valor de la matrícula y de la cuota del año siguiente quedaron shockeados: los aumentos alcanzaban en algunos casos el 300% y en otros, llevaban las cuotas por cada alumno a valores que iban entre los 350.000 al millón de pesos. En las familias con varios hijos, incluso cuando los padres estuvieran en una buena situación económica, con trabajos jerarquizados, se volvía muy difícil poder pagar. “El año que viene voy a tener que pagar por los cuatro 2,6 millones de pesos. No sé si lo voy a poder pagar. Es mucho”, decía Mercedes, que trabaja en una empresa con un puesto gerencial y su marido tiene una empresa familiar y manda a sus hijos a una escuela bilingüe de Pilar.

En aquel momento, la suba fue tan elevada, que en la mayoría de los colegios del corredor norte los padres decidieron organizarse junto a otros, de distintos colegios e intercambiar información. Así, se armaron comisiones de padres y madres contadores, abogados, entre otros, que armaron un documento compartido en el que comparaban los valores de las cuotas y los aumentos de los distintos establecimientos, hecho que quebraba un tabú histórico, el de las cuotas de los colegios más caros del país. Pero no solo eso. Se asesoraron y encontraron que en el artículo del decreto que regula las cuotas de los colegios privados, aparecía una cláusula que les podía jugar a su favor: ese papel que firmaban sin prestar mucha atención todos los años, para darse por notificados de los valores del año siguiente, no era una nota más del cuaderno de comunicados. Era un documento oficial, que la escuela necesitaba para poder cobrar esos valores al año siguiente.

Dicho de otra forma, el acuerdo escolar se debía hacer firmar por todas las familias del colegio. No solo para renovar la matriculación. Se requería como documento para presentar ante la Secretaría de Comercio de la Nación, órgano que regula los convenios comerciales entre privados. Deben firmarlo al menos el 51% de los padres. De no ser así, de no conseguir ese aval, la escuela podía verse obligada a tener que respetar los valores del año anterior. Esto, de llevarse a las últimas consecuencias, con los actuales niveles de inflación, podría significar la quiebra de muchos colegios.

Otro dato que preocupa por estos días a los padres es el aumento de salario recientemente aprobado por las paritarias de docentes porteños, que ronda los 216% anual y que se traduce en diciembre en un nuevo aumento de las cuotas, por encima de lo firmado en el acuerdo escolar y que eleva aún más los montos para marzo.

“En contextos de tanta inestabilidad e incertidumbre proyectar la situación de marzo, es muy complejo. Tenemos que ofrecer a los padres un escenario cierto, brindar certezas, y no las tenemos. Entonces creo que la calidad de la comunicación resulta clave. Lo que estamos promoviendo es que las referencias a los aranceles surjan de lo que las jurisdicciones autorizan como cuota, pero también que sean claros respecto de que esas proyecciones pueden variar en función de cómo se muevan las estructuras de costos de los colegios. Me parece que tanto padres como colegios tienen que poder sostener esa alianza escuela-familia que hace que se funcione bien”, apunta Rodolfo De Vicenzo, director de la Confederación Argentina de Instituciones Educativas Privadas (Caiep).

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