El Bolsón: el Gobierno enviará agentes federales a custodiar las más de 60 hectáreas tomadas

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Fuerzas federales custodiarán en las próximas horas la toma de tierras que unas 160 familias realizan desde la semana pasada en una reserva forestal de El Bolsón. Por el momento, no hay órdenes de desalojo y se apunta a una negociación entre las partes para reubicar a las personas en otro lugar. En tanto, el municipio y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), del que depende el área protegida, insisten en la necesidad de una acción más rápida para evitar que se continúe con el impacto ecológico en el lugar.

La fiscal federal de Bariloche que interviene en el caso es Sylvia Little, y a principios de esta semana tras la denuncia realizada por el INTA, solicitó al gobierno nacional la "cooperación para que las fuerzas de seguridad custodien el predio". La respuesta llegaría en las próximas horas, según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación. Si bien el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, insiste en el inmediato desalojo, hasta ahora ese accionar no habría sido avalado por la Justicia, que apunta en estas horas a la posibilidad de llegar a un acuerdo con las familias.

Gabriel Fuks, secretario de Articulación Federal de la Seguridad, confirmó a LA NACIÓN que "el Ministerio de Seguridad de la Nación va a cumplir con el requerimiento de la Justicia tal como ha sido solicitado". El INTA hizo dos presentaciones. La primera de ellas en el fuero penal apenas ocurrió la toma más grande el viernes pasado y por el que surge el pedido de custodia; y, la otra fue en lo civil el lunes pasado, que es una medida cautelar para no innovar. Esta última, que aún no fue respondida, apela al valor ambiental y turístico del lugar, y es por la que el organismo espera se solicite el desalojo.

Zona frágil

Mauro Sarasolo, director de INTA Bariloche, entidad a cargo de la reserva forestal, confirmó a este diario que el área no es adecuada para una urbanización. "Es una zona frágil, está en una loma que abajo tiene barrios privados que podrían verse afectados por algún desmoronamiento, y, además en verano, tiene un alto riesgo de incendio", precisó.

Consultado sobre las consecuencias ambientales que la ocupación pudo provocar, indicó que si bien no hubo una tala masiva de árboles, "ya hay un impacto muy importante, que a veces es difícil de apreciar para otras personas, pero cortaron muchos árboles medianos y chicos que son los que permiten la regeneración del bosque. Esto en unos años va a ser muy visible".

La primera ocupación fue hace 10 días y la realizaron cerca de 30 familias sobre dos hectáreas en Lomas del Medio, algunas de ellas sobre un predio que es usado como cancha de fútbol, que el INTA había cedido al Club El Refugio. La segunda toma –que comenzó el viernes último– se realizó sobre la reserva forestal de usos múltiples, en la denominada Cabeza del Indio y Mirador del Azul, donde se instalaron alrededor de 130 familias en una zona que se calcula incluye 60 hectáreas. Se trata de un pulmón verde de la ciudad, muy usado por los residentes para hacer caminatas y paseos, así como por numerosos turistas que llegan a la región.

Problemática habitacional

Hoy en el Concejo Deliberante de El Bolsón se avanzó con dos ordenanzas tendientes a dar un principio de solución a esta y otras ocupaciones que surgen de la problemática habitacional que hay en la zona.

Por un lado, se aprobó el pedido de afectación de unas 370 hectáreas en Lomas del Medio a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que pertenecían también al INTA y fueron ocupadas por otras 1500 familias en 2011. Según el municipio, allí podría haber un sobrante de unas 20 o 30 hectáreas para reubicar a algunas de las nuevas familias que están en la reserva forestal. Por otro lado, se avanzó en la creación de un registro único abierto a toda la comunidad para avanzar con loteos sociales.

La propuesta del municipio a los ocupantes de la reserva forestal es integrar este listado y retirarse del área protegida en un plazo de 10 días. En tanto, hasta ahora no hubo respuesta favorable de los referentes, aunque algunos estarían de acuerdo en movilizarse si tuvieran garantías de un nuevo espacio donde levantar sus viviendas. Según Pogliano, habría que analizar bien la situación de todas las familias porque "algunos están vendiendo por las redes sociales".

El municipio insistió hoy en la necesidad de tener respuestas más rápidas por parte de la justicia federal. Tal como había adelantado ayer a este diario, Pogliano indicó que se buscará la presentación de un amparo ambiental para que haya intervención de la Provincia.

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