Calles semidesiertas, hombres y mujeres con máscaras y barbijos, camiones desinfectantes, hospitales repletos, oficinas y escuelas vacías. En los primeros meses de pandemia nos acostumbramos a una realidad de cine de ciencia ficción en buena parte del mundo. Pero en Rosario las escenas apocalípticas suman otro ingrediente: el fuego. Por las noches las islas frente al Monumento a la Bandera se iluminan con llamas de un rojo intenso y parpadeante. Cuando el viento sopla desde el noreste, columnas de humo espeso y ceniza invaden la ciudad. Los vecinos y vecinas cierran las ventanas de sus casas para evitar ese aire que irrita los ojos y hace picar las gargantas y que durante agosto convirtió a Rosario en la ciudad con el aire más contaminado del mundo.
La quema de las islas puso en pie de guerra a una ciudad que abandonó sus casas en plena cuarentena y se movilizó para exigir medidas urgentes que pongan fin a los incendios y la sanción de una ley que proteja todos los humedales del país. La causa rosarina se convirtió en la bandera de un nuevo activismo en el que confluyen ambientalistas, científicos, trabajadores de la economía popular, feministas y representantes de pueblos originarios; hombres y mujeres de diferentes edades, experiencias y trayectorias políticas que reclaman la incorporación en la agenda pública y política de un debate central para el futuro pospandemia: la necesidad de transformar un modelo de producción y consumo que nos está llevando al colapso ambiental.
Las primeras manifestaciones contra los incendios surgieron en redes sociales. Imágenes del fuego y videos de animales muertos y otros que escapan en busca de refugio circularon por Twitter, Instagram, Facebook y WhatsApp. El 11 de julio, después de cinco meses de quemas ininterrumpidas, entre 100 y 150 personas se autoconvocaron en el puente Rosario-Victoria, en el límite norte de la ciudad. El punto elegido para la movilización estuvo cargado de simbología: el corte de la ruta que une el sur santafesino con la zona de islas de Entre Ríos fue una manera de exigir respuestas a las autoridades de las dos provincias.
Pero hay más: la construcción del puente, en la década del 90, permite explicar en parte las transformaciones económicas y ambientales en esa zona del delta. La traza partió en dos el humedal, transformó la fisonomía de costas y cursos de agua y borró del mapa ranchos y paradores de la zona. También facilitó el acceso a las islas y permitió que muchos productores del sur santafesino trasladaran el ganado allí para poder destinar sus campos a la producción agrícola. Poco a poco el modelo de producción de la pampa comenzó a replicarse en los humedales.
El fuego en las islas no es una novedad: la quema para la regeneración de pasturas es una práctica de los isleños desde hace cuatro siglos. Pero se intensificó en las últimas dos décadas. Tras la inauguración del puente, en 1999, y con el boom de la soja a principios de la década siguiente, la actividad ganadera en las islas creció a un ritmo vertiginoso. "Hay una relación directa entre el ingreso del monocultivo de la soja con la ganadería de las islas. La soja expulsó la producción ganadera del continente hacia las islas", explica el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié. Las 160.000 cabezas de ganado que había en las islas a mediados de los 90 pasaron a ser entre 1,5 y 2 millones en 2007. Junto con la producción crecieron los incendios.
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Cuando se habla del fuego en las islas los rosarinos y rosarinas recuerdan 2008. Ese año la bajante del río Paraná dejó sobre la superficie grandes extensiones de tierra y eliminó cortafuegos naturales. A eso se le sumó una importante sequía. Los incendios fueron imparables. Se extendieron por toda la zona de islas y quemaron más de 200.000 hectáreas. El viento noroeste arrastró el humo más de 300 kilómetros hasta la ciudad de Buenos Aires y provocó la indignación de los porteños. El debate llegó a los medios nacionales, y la destrucción de los humedales se convirtió en un tema nacional.
La presión de grupos ambientalistas, una parte importante de la opinión pública y representantes políticos de las provincias afectadas derivó en la creación del Piecas, el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná. Representantes de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires y del Ministerio de Ambiente de la Nación debían diseñar estrategias para garantizar la protección del delta del Paraná. El Piecas permitió hacer un diagnóstico y elaborar, en 2014, un documento que sentó las bases de gestión y uso sostenible de los humedales del delta. Ese plan, que debería haber evitado incendios futuros, nunca se implementó.
En 2020 el Paraná tuvo una nueva bajante histórica y una sequía provocada por el bajo caudal de los afluentes –según algunos estudios ambientales, sería consecuencia directa de los incendios de 2019 en el Amazonas–. Los primeros incendios aparecieron en febrero. Durante el otoño y los primeros meses de invierno la quema se intensificó.
"Entre febrero y septiembre se quemaron 300.000 hectáreas de islas", explica el ingeniero agrónomo Néstor Di Leo, del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). El cálculo, advierte, es provisorio y fue realizado en base a super imágenes satelitales de mediana resolución e imágenes térmicas de baja resolución. "Más del 90 por ciento de los incendios son intencionales", dice Di Leo. Se basa en el análisis de imágenes de drones en las que detectaron patrones de inicio del fuego. "Si fuese un fenómeno accidental la posición de los puntos de incendio sería totalmente aleatoria", agrega.
Desde el Observatorio creen que es posible analizar las imágenes de los drones junto con datos climáticos, como la orientación del viento, y así determinar los puntos exactos en los que se iniciaron los focos. Después, a partir de un cruce con información catastral, buscarán determinar quiénes son los dueños de esos campos.
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Hasta ahora el Poder Judicial ha demostrado su incapacidad para investigar a los responsables. En la justicia federal entrerriana hay al menos seis expedientes en los que se investigan los posibles responsables de las quemas. Siete productores fueron imputados por generar peligro de muerte en sus campos, "entorpecimiento del transporte por tierra, agua y aire; y contaminación de atmósfera o el ambiente en general mediante residuos peligrosos".
En marzo, la asociación civil Equística Defensa del Medio Ambiente presentó un amparo colectivo ambiental que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal ordenó la creación de un Comité de Emergencia Ambiental que deberá adoptar "medidas eficaces para la prevención, control, y cesación de los incendios irregulares" en el delta y exigió a la Cámara Federal de Paraná y a la corte enterriana que informen sobre los avances en las causas.
"Hasta ahora nadie fue preso por los incendios", critica Cabandié la inacción del Poder Judicial en la investigación. "Le pedimos a la justicia que solicite los registros catastrales para cruzarlos con información geolocalizada de los incendios, pero hasta ahora no lo ha hecho. La cartera de Ambiente no tiene facultades para prevenir los incendios", explica el ministro, y cita el artículo 124 de la Constitución Nacional, que otorga a las provincias "el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio".
Hasta mediados de agosto el Ministerio de Ambiente solo podía intervenir en materia de prevención y capacitación. A partir del decreto 706, el gobierno nacional revirtió un cambio de la gestión anterior y creó el Sistema Federal de Manejo del Fuego, que unifica nuevamente bajo la órbita del ministerio que conduce Cabandié las tareas de prevención y combate de incendios.
En la primera movilización frente al puente Rosario-Victoria los manifestantes cortaron el tránsito con contenedores de basura y bicicletas. Se acercaron los móviles de los canales de televisión locales, algunos concejales y un patrullero de Gendarmería.
—¿Quiénes son los cabecillas? —preguntaron los agentes.
Los manifestantes se miraron entre ellos. La convocatoria no tenía líderes ni referentes. La mayoría era la primera vez que se veía.
—Entonces, ¿con quién tenemos que hablar? —insistieron los gendarmes.
Un grupo de diez personas negoció con las fuerzas de seguridad y decidieron levantar el corte. Después se reunieron en asamblea y propusieron crear la Multisectorial Humedales, un espacio que nuclea a organizaciones ecologistas, activistas, científicos, estudiantes, artistas, trabajadores y trabajadoras y a todo aquel que desee acompañar la causa ambiental. También le pusieron fecha a una nueva convocatoria: al sábado siguiente eran 400 personas.
Las movilizaciones y la organización crecieron. La Multisectorial comenzó a reunirse en asambleas semanales y reunió el apoyo de concejales rosarinos. Aprobaron un acuerdo común con algunas exigencias básicas: poner fin a las quemas y conseguir el compromiso político de denunciarlas ante la justicia, la aplicación del Piecas y la sanción de una ley de humedales que incluya a la Multisectorial entre los órganos de control que garanticen un cumplimiento efectivo.
El 1° de agosto, el Día de la Pachamama, entre tres y cuatro mil personas cortaron el puente Rosario-Victoria: el acto central estuvo a cargo de comunidades de pueblos originarios. La semana siguiente ya eran seis mil. Ese día la consigna fue "unir el amor como un puente". La lucha fue construyendo una nueva narrativa: la destrucción de los humedales no enfrenta a santafesinos y entrerrianos, sino que los une en defensa del ambiente y a pescadores, apicultores, campesinos y otros trabajadores y trabajadoras cuya supervivencia está vinculada a la protección de los humedales.
La resistencia ambientalista convocó también a músicos, actores, muralistas, dibujantes e ilustradoras. El músico y productor litoraleño Lauphan grabó el single "Humedales", editado por el sello independiente Otro Planeta Records. "Si tocan al río me tocan a mí", reza el estribillo de la canción, que combina folclore litoraleño y sonidos urbanos. El sencillo está acompañado por una pintura de la artista entrerriana Victoria Ruiz Díaz y un video colaborativo realizado por los integrantes de la Multisectorial. Los músicos locales Belén del Greco, Pablo Parente, Facundo Leguizamón y Rodrigo Quinteros grabaron un video en el que reversionaron "Oración del remanso", esa canción-plegaria de los pescadores del Paraná que compuso Jorge Fandermole. El video busca conseguir firmas digitales para acompañar el reclamo por la Ley Nacional de los Humedales.
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La tarde del sábado 22 de agosto , Rodolfo Martínez, integrante de la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario y de la Multisectorial Humedales, recibió una serie de mensajes y videos grabados por pobladores de las islas. El fuego amenazaba con quemar los ranchos. Los primeros en llegar fueron pobladores de la zona, que lograron detener momentáneamente el avance de las llamas. La mañana siguiente Rodolfo y un grupo de kayakistas cruzaron a remo el Paraná. Otros se organizaron y viajaron en auto a través del puente. Por la tarde llegaron más voluntarios en taxi lanchas. Un grupo llevó un generador y una bomba de agua.
"Me bajé del kayak y no sabía por dónde empezar –cuenta Rodolfo–, el objetivo era claro: defender los ranchos y a la población". Con las palas cavaron fosas para hacer cortafuegos y lanzaron arena y tierra a las llamas. Otros compañeros y compañeras llenaron baldes en el río y los descargaron sobre el fuego. Al día siguiente 90 personas cruzaron el Paraná para atacar otro incendio en la zona de Los Benitos. Con los días el equipo de voluntarios se consolidó y empezaron a dictar capacitaciones de manejo del fuego.
Desde hace seis meses también trabajan en la zona de islas bomberos de la Policía Federal, efectivos de Prefectura, helicópteros de la policía y el Ejército y aviones hidrantes que tienen base en el aeródromo de Alvear, 14 kilómetros al sur de Rosario. "Los operativos demandaron 45 días: calculamos un gasto de 22 millones de pesos diarios", explica el secretario de Articulación Federal de la Seguridad de la Nación, Gabriel Fuks. El trabajo de brigadistas y voluntarios permite contener y apagar los focos, pero no evita nuevos incendios.
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Rubén Gabellini es ingeniero químico y laboral y docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. En marzo, casi un mes después de los incendios, comenzó a medir el impacto del humo en el aire que respira. En el patio y la terraza de su casa de zona sur instaló dos medidores de "material particulado en suspensión". Descubrió que las concentraciones de partículas en el aire quintuplicaban los límites establecidos por las leyes provinciales y la Organización Mundial de la Salud para tener un aire saludable.
El aire contaminado supone varios riesgos para la salud. Las partículas más pequeñas pueden ingresar en los pulmones y de ahí pasar a la sangre y distribuirse por todo el organismo. Además, al reducir la cantidad de oxígeno en el aire, facilita el ingreso de otros microorganismos y la transmisión de virus como el Covid-19.
Durante 15 días de junio, más de 845 rosarinos y rosarinas completaron una encuesta elaborada por la docente Julieta María Bernabé, integrante de la Multisectorial de Humedales: alrededor del 70 por ciento dijo haber sentido irritación ocular y de garganta a causa del humo. Otros tuvieron flema y sintieron falta de aire, dolor de cabeza, tos y fatiga.
"Los días que sopla el viento del este el olor es insoportable, lo sentís desde que te levantás hasta que te vas a dormir", cuenta Eduardo, que vive en el centro, a tres cuadras del río. "Es un olor a madera quemada que invade el baño, la habitación, la cocina. No alcanza con cerrar las ventanas: se cuela igual", dice. Durante agosto, el mes de incendios más intenso, Eduardo se acostumbró a ver cenizas en las calles y a barrer las hojas quemadas que caían en su terraza.
El humo no solo alcanzó zonas cercanas al río. "Había días en que no se podía salir, ni ir a correr ni a caminar", cuenta Renzo, que vive en el barrio que rodea al Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, en el límite oeste de la ciudad, a más de 10 kilómetros del Paraná.
Cada sesenta minutos, la torre de control del Aeropuerto recibe un informe con datos del estado del tiempo. Los días en que el viento sopla del noroeste el informe refleja una reducción de la visibilidad. Causa: "humo". De este dato depende el despegue y aterrizaje normal de los aviones.
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El taller Hacia un Inventario Nacional de Humedales , organizado en septiembre de 2016 por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible –luego adoptada por la Resolución COFEMA 329/2016–, define a los humedales como aquellos ambientes en los cuales "la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos".
El humedal del delta del Paraná es un mosaico de tres sistemas de vegetación: la vegetación flotante y pajonales inundables de las lagunas, los pastizales de la zona intermedia y los bosques de albardón en las zonas más altas. El fuego que encienden los productores ganadores afecta los primeros dos. "Son comunidades muy resilientes", explica la licenciada en Genética y doctora en Ciencias Agrarias de la UNR Graciela Klekailo, utilizando un término que el ecologismo tomó de la psicología para definir la capacidad de los ecosistemas para recuperar su estado previo a una perturbación.
A pesar de la capacidad de regeneración de la vegetación del delta, los estudios realizados después de los incendios de 2008 confirmaron un fuerte impacto en la cantidad de nutrientes y carbono orgánico presente en las primeras capas de suelo. "Se perdió la materia orgánica en los primeros 10 centímetros de suelo, eso hace que demore mucho más en recomponer la vegetación", explica Klekailo.
El impacto en la fauna es mucho mayor. En la zona del delta conviven 472 especies de vertebrados, más de 200 de aves, 36 de mamíferos, 29 de reptiles, 22 de anfibios y 185 de peces. El fuego genera un peligro para los reptiles como las yararás, las culebras verdes, falsas corales, la serpiente acuática ñacaniná, tortugas de río y laguna y lagartos vero, que tienen una movilidad reducida.
Mamíferos de movilidad intermedia, como mulitas, vizcachas, peludos y cuises, también están en riesgo. Las aves tienen mayor facilidad para escapar de las llamas. El principal riesgo lo corren las especies migrantes, que volverán en verano y no van a encontrar los pajonales donde nidificar. "Si no encuentran alimento y otro lugar para instalarse, terminarán muriendo", explica Klekailo.
En la lista de aves que habitan la zona están los cisnes de cuello negro, el cuervillo de cañada y la garza blanca. También dos especies amenazadas: el playerito canela y el capuchino garganta café. La destrucción del hábitat natural las dejaría cerca del peligro de extinción.
El impacto de los nuevos incendios todavía es incierto: "Dependerá de la intensidad y duración del fuego", explica Klekailo. En los seis meses de 2020 de incendios continuados el impacto ya superó al de las quemas de 2008.
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Los humedales representan el 6 por ciento de la superficie del planeta y el 21,5 del territorio argentino. En ellos viven miles de especies de aves, mamíferos, reptiles, peces e insectos. Además de ser fuente de agua dulce, tienen la capacidad de almacenar, filtrar y regular los flujos de agua. Esto les permite funcionar como protectores de inundaciones y sequías. También son los mayores sumideros terrestres de dióxido de carbono (CO2) del mundo.
La utilización de los suelos para ganadería y agricultura, la instalación de represas, diques y canales y la transformación para desarrollos urbanísticos son la principal causa de destrucción de los humedales. La sanción de una ley que establezca presupuestos mínimos de protección de los humedales (similar a la ley de bosques aprobada en 2007) es una demanda histórica que recobró fuerza tras los incendios en el delta del Paraná. En 2013 y 2016, dos proyectos presentados por los entonces senadores Rubén Giustiniani y Pino Solanas fueron aprobados en la Cámara alta y luego cajoneados en Diputados.
Actualmente en el Congreso de la Nación hay siete proyectos (dos en el Senado y cinco en la Cámara de Diputados). Las principales diferencias radican en la definición sobre qué se entiende por humedales y el plazo para la confección de un inventario nacional de los territorios protegidos. En Diputados los proyectos se discuten en la comisión de Ambiente que preside el peronista Leonardo Grosso, del Movimiento Evita. El proyecto que presentó Grosso tiene una diferencia con el resto: establece multas de hasta 843 millones de pesos y penas de hasta seis años de cárcel en caso de destrucción o degradación intencional de los humedales. En las sombras opera el lobby de empresas mineras, productores agrícolas, ganaderos, arroceros y forestales, desarrolladores inmobiliarios y funcionarios provinciales que sostienen que este proyecto pondrá un freno al desarrollo económico. "Estamos obligados a pensar en un marco productivo sostenible. La agenda ambiental no es obstáculo del desarrollo, es parte de la solución", dice Cabandié, uno de los funcionarios nacionales que acompaña la ley.
"La ley es fundamental: los humedales son un refugio enorme de diversidad, fuente de agua dulce y de recursos para todos los argentinos y reserva de identidad cultural de la gente que habita en estas zonas", explica Graciela Klekailo. "Cuando se trasladan las actividades productivas de manera masiva a los humedales se afecta la diversidad y la provisión de recursos a largo plazo y se destruye la identidad cultural de gente que vive en la zona, como los isleños que se dedican a la pesca artesanal, o los apicultores".
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En su Informe Especial sobre el Calentamiento Global de 2018 , el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de la Organización de las Naciones Unidas advirtió sobre las consecuencias catastróficas que tendría un aumento del calentamiento global de 2° C: inundaciones, incendios, eventos climáticos extremos, pérdida de cultivos y migraciones masivas. Si no se reducen las emisiones de dióxido de carbono, ese nivel se alcanzaría antes de 2030. No es el mundo de nuestros hijos o nietos el que está en riesgo: es el nuestro.
En este contexto preapocalíptico, irrumpieron en la escena pública nuevos líderes jóvenes, como la adolescente sueca Greta Thunberg y grupos de activistas que exigen un cambio urgente: "Tenemos la bala de plata", advierte Flavia Broffoni, politóloga y cofundadora de Extinción Rebelión Argentina, un movimiento de desobediencia civil nacido a imagen y semejanza de un grupo de activistas ingleses.
"Debemos asumir que el colapso ecológico y climático es inevitable", dice Broffoni. El objetivo de las transformaciones, explica, debería apuntar a ralentizar la destrucción que ya está en marcha y ganar tiempo para generar procesos de adaptación profunda. Plantea la necesidad de una transformación en el modelo de producción y consumo, frenar el avance de la agricultura y la ganadería industrial y reducir a la mitad el consumo de petróleo.
En esta lista no solo se incluye la producción ganadera, que genera incendios en las islas del delta del Paraná. También alcanza a los proyectos de megaminería, el posible acuerdo con China para la instalación en el país de granjas para la cría de cerdos, entre otros. Este modelo de producción y consumo, explica, es la causa principal de los incendios forestales, de la instalación de proyectos extractivistas en los humedales, del avance de la frontera agrícola y el desmonte de los bosques nativos. Y también de la destrucción de las economías regionales.
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