Distintas formas de asistencia
Apenas recuperó los reflejos que lo tuvieron ausente en el derrumbe, Mauricio Macri anunció que propondrá un proyecto de ley de expropiación del inmueble para dar a los damnificados dinero suficiente para comprar una vivienda similar a la que tenían. No se conocen más detalles.
Es poco probable que en la Legislatura encuentre freno cualquier plan de ayuda económica a esa gente para que pueda salir del paso y conseguir, al menos en la urgencia, dónde vivir. Pero seguramente aquella idea de Macri encontrará resistencia.
La primera duda surge a la hora de establecer qué se expropiará, ya que el edificio será sólo ruinas y lo único disponible será el terreno; así, parece imposible realizar legalmente una valuación certera de los departamentos, puesto que ya no existen.
La siguiente discusión que se vislumbra es qué contraprestación se exigirá a quienes reciban el producto de la expropiación para comprar otra casa. Los damnificados tienen derecho a litigar; seguramente lo harán contra la constructora que realizaba las excavaciones que precedieron al daño irreparable, con buenas posibilidades de éxito. Tarde o temprano, deberían recibir dinero de esa empresa.
Pero, además, nada les impide accionar contra el Estado. Por eso, es posible entrever detrás del anuncio altruista que habrá alguna cláusula que, contra entrega del dinero, bloquee las acciones legales contra el Estado. Así expresado, leerse como una indemnización anticipada. Un segundo resarcimiento a los dañados.
Pero la ayuda económica no es la única que necesitan los damnificados de Bartolomé Mitre al 1200. El gobierno local ha dispuesto asistencias primarias e,incluso, algunas empresas privadas han hecho su aporte, como una conocida casa de comidas rápidas, que les da alimento gratis.
En cambio, no se conoce públicamente, hasta ahora, que el gobierno nacional les haya dado asistencia alguna. No debiera ser la cuestión jurisdiccional una excusa: la Nación no sólo otorga subsidios a ciudadanos porteños por distintos motivos, sino que ha prestado ayuda a personas que, afectadas por problemas habitacionales, han participado de usurpaciones de espacios públicos.
Pero no todo es el dinero: por caso, seguramente varios se han quedado sin documentación; el Ministerio del Interior podría enviar a la zona sus móviles para resolverles rápidamente ese problema. Eso también urge.
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