Diputados: convocan al ministro de Salud a explicar el cambio para acceder a los medicamentos gratuitos de PAMI

La decisión del Gobierno nacional de dar de baja las coberturas de medicamentos al 100% de medicamentos para sus afiliados que no puedan demostrar que tienen ingresos netos inferiores a $389.398 generó un gran rechazo entre los miembros de la Comisión de Acción Social y Salud de Diputados que se reunió esta mañana, de la que no participaron representantes de La Libertad Avanza ni del PRO. Y en cambio, sí se sumaron diputados que no pertenecen a la Comisión.

El encuentro concluyó con la firma de un documento por los distintos miembros de la comisión, perteneciente a distintos partidos de la oposición, rechazando la medida y convocando al ministro de Salud, Mario Lugones, para que brinde informes sobre la medida, en una nueva reunión para la semana próxima. También se convocó a la Defensoría del Pueblo y al Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, para que se evalúe la posibilidad de presentar un amparo colectivo en nombre de los jubilados de todo el país.

“Así como estamos no podemos pasar el verano, con miles de jubilados que van a estar sin su medicación. Vamos a convocar nuevamente al ministro de Salud, no creemos que venga, pero por ahí rompe la racha”, apuntó Pablo Yedlín, diputado de Unión por la Patria y presidente de la Comisión. “Este comunicado lo voy a firmar yo como presidente de la comisión para mandarle al presidente de la Cámara para que se lo mande a a las autoridades del PAMI”, explicó.

También, anticipó la diputada nacional de Unión por la Patria Luana Volnovich, ex titular del PAMI, que presentará un proyecto para que los medicamentos sean gratuitos por ley.

“Las autoridades integrantes de la Comisión de Salud Social de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación ante las recientes restricciones al acceso al 100% de cobertura de medicamentos para los más de 5 millones de afiliados al PAMI. Limitar esta cobertura y sumar más requisitos burocráticos como la obligación de que cada jubilado y pensionado haga constar personalmente su situación social es perverso, inhumano y atenta contra la salud de nuestros adultos mayores. Estas ‘reinscripciones’ se traducirán en un recorte de derechos y servicios esenciales para los jubilados y pensionados que ya enfrentan innumerables dificultades debido a las bajas jubilaciones y pensiones, el aumento de los costos de vida, de los medicamentos, etcétera.”, dice el documento.

Y sigue: “El acceso a los medicamentos no es un lujo sino un derecho fundamental para garantizar una vejez con calidad de vida por lo que resulta indispensable que las políticas públicas faciliten y no dificulten una adecuada protección de su salud. Poner más barreras para que los afiliados puedan acceder a los medicamentos en el PAMI, exigiendo que demuestren su situación económica es, además, innecesario dado que el Estado ya cuenta con la información requerida para evaluar las condiciones socioeconómicas de dicha población”, dice.

Y agrega: “Por lo opuesto, consideramos que esta medida es innecesaria y que solo agrega complejidades burocráticas, dificultando el acceso a los servicios de salud esenciales para quienes más lo necesitan. Reafirmamos nuestro compromiso de defender la salud pública y velar por el bienestar y el cuidado de los jubilados y pensionados. Solicitamos que se revierta esta decisión y que los beneficiarios puedan acceder a sus medicamentos sin demora ni obstáculos. Por todo ello, convocamos a las autoridades del PAMI a una reunión en el Congreso de la Nación el próximo martes 10 de diciembre a las 12.30 horas, con el objetivo de analizar las implicancias de esta normativa y trabajar en conjunto en la búsqueda de soluciones que prioricen los derechos y la salud de la población”.

Apoyos y firmas

El documento recibió el apoyo y la firma de distintos diputados miembros de la Comisión. Entre ellos, la radical Carla Carrizo. “No estamos en contra de que se hagan controles, sino de la arbitrariedad con la que se hace. Es una decisión súbita. No avisar, no dar tiempo para que los afectados puedan ver cómo hacen es cruel. En medio está la vida de un jubilado. El mecanismo no es correcto porque el Estado ya tiene los datos, porque el 80% de los beneficiarios de PAMI tienen la jubilación mínima, 260.000 pesos”, apuntó Carrizo.

Y agregó: " Con este certificado de subsidio social, lo que (el Estado) tendría que demostrar es la intensidad de la indigencia. No es cuánto le sobra al jubilado, sino cuánto le falta. Hubiese sido mucho más interesante que el Estado con los datos que tiene, que haga el control, cruzando los datos y viendo cómo, básicamente, el 15% del total de los jubilados que no tienen la básica, por ahí podría contribuir. Al revés, o sea, la modalidad no está bien planteada”, agregó.

La diputada Margarita Stolbizer también participó del encuentro, a pesar de no ser miembro de la Comisión y, ante la consulta de otros legisladores sobre la posibilidad de impulsar un amparo colectivo, propuso convocar a la Defensoría del Pueblo y al defensor de la Tercera Edad, en la reunión de la Comisión de la semana próxima. “Creo que lo que está haciendo esta comisión es pelear contra esa impotencia, por lo menos para demostrar que somos capaces de construir algo diferente, y aun cuando no tengamos la oportunidad de discutir el presupuesto, creo que no debemos renunciar a nuestras capacidades, potestades y responsabilidades en este Congreso, y por lo tanto activar desde este lugar todas las medidas que nos sean posibles”, dijo Stolbizer.

La lista de oradores fue de 19 legisladores, por eso la reunión se extendió desde las 11.30 hasta casi las 13.30. “Cuando propusimos este programa nos dijeron que se iba a desmadrar, que los jubilados iban a pedir cualquier medicamento por ser gratuito. Y no fue así. Cuando iniciamos, la estimación era que el consumo estaba restringido en un 30%, por razones económicas. Y con el programa el consumo creció un 30%, justamente. Es mentira que ´los viejos’ se aprovechaban del programa. Porque si hay un medicamento que no corresponde, hay un profesional que hizo esa prescripción, con una receta electrónica. El problema no es del afiliado, sino también del profesional. No es esto algo que justifique que el programa deje de existir. Además, el PAMI, como comprador mayorista podía negociar muy bien el precio de los medicamentos, cosa que ya no va ocurrir. Ahora los jubilados van a tener que comprar esos medicamentos que aumentaron el doble de la inflación.”, apuntó Volnovich. . Y anticipó que presentará un proyecto para que los medicamentos sean gratuitos por ley.

“Esto es inhumano. Se está poniendo a la gente ante una situación inhumana de sentir que ese medicamento que necesita para su vida no lo van a tener. Por eso nos pusimos de acuerdo los distintos bloques para decir esto no”, dijo la diputada Mónica Fein, del Partido Socialista.

“Lo que está buscando este gobierno es tener menos jubilados”, apuntó el diputado Nicolás del Caño. “Yo me pregunto qué va a pasar con los 500.000 jubilados de la Patagonia, que ya de por sí cobran más que el haber mínimo [por la ubicación geográfica, así se establece], entonces ningún jubilado de la Patagonia va a tener medicamentos gratis”, consultó Pablo Todero, diputado de la provincia de Neuquén por Unión por la Patria.

“Decir que los jubilados se tienen que empadronar, cuando el Estado tiene todos los datos es un acto de crueldad. A los jubilados no va decirles no hay plata. No darles los medicamentos es un gerontocidio. Ellos ya pusieron la plata, aportaron toda su vida. Hay que rendirles cuenta de dónde fue la plata de ellos”, agregó Fein.

A su turno, el diputado Daniel Gollán cuestionó la decisión y habló de que el impacto de esta decisión en el presupuesto nacional sería muy pequeño. “El gobierno hace meses que sabía esto. Se sabía que al levantar el impuesto PAIS, se cortaba este programa. El impacto en el presupuesto es muy marginal. Uno se pregunta por qué dejar morir a los adultos mayores si no genera ningún ahorro significativo. Ya los adultos mayores están al límite, cortan los medicamentos, los toman día por medio o deciden comprar medicamentos o comer. Es muy injusto”, dijo Gollán.

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