Dióxido de cloro: qué es y por qué no se recomienda su consumo
LA NACION
El dióxido de cloro es un compuesto químico -es un gas que no se encuentra naturalmente en el ambiente- que se suele usar como agente blanqueador en plantas que manufacturan papel y en la potabilización del agua. Cuando se le agrega al agua, se llama clorito. En su presentación más popular, está presente en los preparados para piletas que se venden en ferreterías.
Tanto el clorito como el dióxido de cloro pueden ser tóxicos, dependiendo de la dosis y la vía por la cual estas sustancias entra en contacto con el organismo (no es lo mismo exponerse a un gas, que beber dióxido de cloro).
Bajo el nombre "suplemento mineral milagroso", el dióxido de cloro se ha promovido hace años fuera del ámbito científico como una supuesta cura para una variedad de enfermedades como alergias, alzheimer, cáncer y problemas de peso. La más reciente: el coronavirus. Según la ANMAT, se recomienda abstenerse de utilizarlo porque no ha sido evaluado ni aprobado y puede producir intoxicaciones, dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea.
"No hay ninguna evidencia cientifica que respalde su uso", advierte Florencia Cahn médica infectóloga y presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE). Su organización es una de las más de 60 que acaban de lanzar un comunicado alertando sobre la utilización de un tratamiento médico no autorizado, en referencia al juez que autorizó el tratamiento con dióxido de cloro para un paciente internado en grave estado en el Sanatorio Otamendi. Ese paciente falleció ayer.
Preocupación
"Observamos con suma preocupación la injerencia del poder judicial en un tema médico-científico con implicancia en la salud pública, sobre aplicación de dióxido de cloro en pacientes COVID-19, que obliga al equipo terapéutico a utilizar substancias no aprobadas por el ente regulador y formalmente contraindicadas por quienes sustentan su práctica sobre evidencias científicas irrefutables", dice el comunicado, que se difundió hoy.
Allí se detalla que tanto el Ministerio de Salud de Nación, como otras instituciones vinculadas a la salud (Sociedad Argentina de Medicina, Sociedad Argentina de Infectología, Sociedad Argentina de Pediatría, Asociación Toxicológica Argentina y Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, entre otras), se habían manifestado contraindicando su aplicación, "no sólo por su ineficacia sino fundamentalmente por su falta de seguridad".
"La justicia no debe obligar a los médicos a indicar una medicación que no tiene respaldo científico y que no está autorizada por los entes de regulación nacional e internacional, ni respaldada por las sociedades científicas nacionales e internacionales", reclaman.
"Desesperación de los pacientes"
El comunicado de las sociedades científicas hace un llamado a no ceder ante los pedidos de los pacientes cuando atentan contra su salud. "Si bien entendemos la desesperación de los pacientes y sus familias ante la presencia de una enfermedad, respetuosos de los principios de la bioética y reconociendo el principio de "autonomía" de los pacientes, damos a conocer que existen otros principios como el de "beneficencia" (en este caso ausente) pero fundamentalmente el de "no maleficencia": no dañar es un eje rector ante todo acto médico e implica no indicar productos sin evidencia científica. Ante estos hechos, repudiamos el accionar de aquellos profesionales de la salud que alientan estas medidas y no miden el daño de sus actos"
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