Diez rectores de universidades públicas nacionales van al Congreso por el recorte del presupuesto

Diez rectores de las universidades públicas nacionales en representación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) fueron hoy al Congreso para pedir ayuda con el presupuesto universitario.

Las autoridades de las distintas instituciones se reunirán esta tarde con las autoridades de la comisión de Educación, presidida por el diputado de Pro Alejandro Finocchiaro, para presentar el estado de situación de las Universidades Nacionales y pedir que se trate en el parlamento la actualización presupuestaria para las universidades.

Se trata de un proyecto presentado a principios de marzo por la diputada radical Danya Tavela –y acompañado por diputados de la UCR y Hacemos Coalición Federal–en donde, además de proponer declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario, plantean que las partidas de los gastos de funcionamiento se actualicen en base a la inflación.

Proponen que estos gastos se actualicen bimestralmente con una combinación de la variación de el índice general de precios al consumidor (50%), la variación de la cotización de la divisa de referencia para importación (25%) y la variación promedio de las tarifas de servicios públicos (25%).

Asimismo, solicitan una adecuación de las partidas presupuestarias al 1 de enero de 2024 en base a este criterio.

“No es un reclamo solo de las universidades, queremos poner en el centro de la agenda la importancia del financiamiento de la educación que es lo que necesita a nuestro juicio las bases estructurales del país. Para mejorar, hay que priorizarlo como política pública e implica jerarquizarlo económicamente”, dijo a LA NACION Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, quien hoy asistirá al Congreso.

Con una inflación interanual de 287%, las universidades –al igual que tantas otras áreas del Estado– deben funcionar con el presupuesto 2023 prorrogado, dado que el presupuesto 2024 nunca se aprobó en el Congreso nacional. Con la intención de reducir el efecto del primer paro convocado para el pasado 14 de marzo, el Gobierno anunció un día antes un aumento del 70% para los gastos de funcionamiento a partir de marzo.

“Yo no veo la decisión de estancar el presupuesto de las universidades”, afirmó el Secretario de Educación Carlos Torrendell en una entrevista en LA NACION con Luciana Vazquez. “Los gastos de funcionamiento estaban congelados nominalmente, excepto algún refuerzo parcial que hubo, desde septiembre de 2022. Luego de un año y medio de ese congelamiento nominal se lo ha elevado un 70%”, agregó.

Y afirmó: “Estamos empezando a corregir en un contexto de restricciones lo que no se corrigió en un contexto de emisión”.

Sobre este punto, Bartolacci dijo a LA NACION: “Por supuesto que fue un año complejo 2023. Es muy difícil que nosotros podamos garantizar con normalidad las actividades de todo este año si la situación no se revierte. Por supuesto que siempre algo es mejor que nada, pero es insuficiente el en este contexto que hay un 300% de inflación. Pedimos tener lo mínimo e indispensable que os permita funcionar”.

Pago de salarios

De las partidas que reciben cada mes las universidades, cerca de un 90% se destina al pago de salarios que se renegocian a través de paritarias. Mientras que el 10% restante representa los gastos de funcionamiento, que corresponden a todos los esenciales para mantener cuestiones básicas –luz, agua, limpieza, mantenimiento y erogaciones desde comprar una computadora hasta proveer papel higiénico– que se mantuvieron congelados nominalmente durante enero y febrero.

De cara al ciclo lectivo 2024, las universidades públicas implementaron diversas estrategias para sobrevivir. La mayoría optó por recortes en limpieza y seguridad. En algunas, incluso, como la Universidad de Hurlingham, limitaron el máximo de materias para inscribirse en primera instancia y también suspendieron becas para apuntes o equipamiento.

Solo a modo de ejemplo en la UNR mencionan que la boleta de energía que pagó la universidad en el bimestre enero-febrero de 2023 fue de $50.507.624 de pesos, mientras que la del mismo período de 2024 $128.640.719, contado con el mismo presupuesto.

Los rectores de las universidades públicas nacionales, y también el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, ya informaron que no cuentan con los fondos para garantizar el normal funcionamiento de las instituciones.

“Se comprende y entiende la coyuntura, se entiende el contexto de ajuste y de sinceramiento de variables macroeconómicas, y de la necesidad de no recurrir al déficit, pero también es necesario garantizar el acceso a la educación superior y las funciones de docencia. Investigación, salud y extensión que cumplen las Universidades Nacionales”, apuntan en los fundamentos del proyecto firmado por 21 diputados.

También mencionan el impacto de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) que la Casa Rosada oficializó hace dos semanas mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 280/2024. “Las Universidades Nacionales tuvieron el impacto de la no continuidad del FONID, que afecta a la veintena de colegios preuniversitarios que dependen de las Universidades Públicas de nuestro país, colegios muy reconocidos, respetados, históricos, formadores de grandes líderes”.

Con una inflación acumulada desde diciembre a febrero del 71,33%, la propuesta del Gobierno en las paritarias docentes para febrero fue una actualización del 16%, seis puntos por encima de lo que marcaba la paritaria vigente. Para marzo ofrecieron un 12%, que fue rechazado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales.

“Hay aumentos salariales todos los meses que se le están dando a los docentes y no docentes, como sucede con el resto de los empleados estatales en porcentajes muy similares por lo tanto no hay un congelamiento salarial”, dijo Torrendell.

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