Detuvieron a un ex secretario de Estado

En lo que constituye el primer caso de un secretario de Estado del Gobierno que termina en prisión por corrupción, el ex secretario de Lucha contra las Drogas Gustavo Green fue arrestado ayer, acusado de haber estafado al fisco en una suma estimada en seis millones de pesos.

Ayer también fue detenido un ex asesor de Green, de apellido Puentes, nombrado por él en la función pública. Ambos serán indagados hoy por el juez federal Carlos Liporaci por los presuntos delitos de malversación de caudales y defraudación.

Green, quien asumió en la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico el 26 de octubre de 1995, luego de lograr que se revocara un procesamiento en su contra por lesiones, fue detenido por la Policía Federal, cuando caminaba por la calle Tucumán al 300, en el microcentro porteño, dijeron fuentes policiales.

Los efectivos de la División Seguridad Bancaria lo venían siguiendo desde que el juez Liporaci ordenó su captura, el año último, ante su rebeldía luego de reiteradas citaciones para que prestara declaración indagatoria, a las que no concurrió. Lo mismo ocurrió con Puentes.

Esposado y sorprendido

"No sé de qué se trata. Esto es un absurdo total. Es una maniobra para perjudicar mi carrera política", atinó a explicar Green, cuando efectivos identificados con camperas de nylon y gorras, con iniciales doradas, lo trasladaron en un Fiat Duna rojo, desde la sede de la división, situada en la casa matriz del Banco Nación, hasta el Departamento Central de la Policía Federal.

A pesar de la sorpresa del ex funcionario, el juez Liporaci lo indagará acerca de los contratos suscriptos cuando estaba en la secretaría correspondientes al Operativo Sol sin Drogas, que tuvo lugar entre diciembre de 1995 y el 15 de marzo de 1996.

Esa campaña, de la que participó Diego Maradona, tenía un presupuesto de 2.800.000 dólares, luego ampliado hasta llegar a los 6 millones, los cuales debían ser usados para publicidad, compras y contrataciones de diversas entidades encargadas de tratar a los adictos rescatados por el programa.

Liporaci, sobre la base de una denuncia anónima, comenzó a tramitar la causa, y en octubre de 1996, tras el alejamiento de Green de la función pública, pidió a la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, ya a cargo de Julio Cesar Aráoz, información sobre los contratos efectuados durante la gestión del ex secretario de Estado.

La investigación de Liporaci, el sumario administrativo paralelo que se realizó en el organismo y un informe de la Auditoría General de la Nación, a cargo de Enrique Paixao, permitieron establecer que durante esa temporada veraniega se pagaron millonarios subsidios, sin precedente en la secretaría.

"La media de los subsidios es de 30.000 dólares, pero en ese programa se dio dinero a fundaciones por más de 150.000 dólares", indicó a La Nación una fuente judicial. De este modo, con sólo cuatro contratos se agotó la mayor parte de la partida presupuestaria asignada al programa.

La maniobra investigada supone el cobro posterior de un retorno, que habría sido pagado por las entidades favorecidas a quien les permitió percibir el dinero y el incumplimiento de los servicios contratados, señalaron las fuentes.

Las fundaciones investigadas son la Asociación Salud y Vida, el Programa Hagalma, la Fundación Solidarios y la Fundación Pro Argentina.

Solidarios, por ejemplo, recibió 400.000 dólares para realizar un trabajo estadístico que nunca se efectuó, revelaron las fuentes judiciales.

También se estableció que ese verano se gastaron 290.000 pesos en remeras, gasto asentado con contabilidades desprolijas, donde no se menciona, por ejemplo, la cantidad de prendas adquiridas.

Pagos a Maradona

Las investigaciones de Liporaci permitieron establecer que, por ejemplo, Diego Maradona no fue contratado por la secretaría y no se encontró tampoco ninguna boleta por la que se le haya pagado dinero alguno.

Se desconoce bajo qué rubros se habría pagado al futbolista su controvertida participación en el programa durante ese verano.

El juez, el 23 de febrero último, dictó el procesamiento de cinco personas vinculadas con estas fundaciones, entre ellas los abogados Eduardo Obeid y Ernesto Fuentes. Este último es asesor legal de dos de las fundaciones investigadas, señalaron las fuentes. También fueron procesados Daniel Ancarani, de una fundación marplatense; Osvaldo Calvo, electricista, y Oscar Floriano, taxista de profesión.

Una carrera signada por la violencia

La accidentada asunción de Gustavo Green en la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico ya tenía escrito su final.

Cuando el 26 de octubre de 1995 el presidente Carlos Menem le tomó juramento como reemplazante de Alberto Lestelle, Green había sido sobreseído sólo 31 horas antes en una causa por privación ilegal de la libertad de dos jóvenes militantes del justicialismo en el partido bonaerense de Merlo.

Pero el 7 de febrero de 1996, Green fue nuevamente procesado por esa vieja causa, que data de 1993, y esto precipitó su renuncia.

A dos meses de haber asumido, Green, ex intendente duhaldista de la comuna de Merlo, dejó entrever su perfil más violento cuando amenazó al Concejo Deliberante local porque lo había cuestionado por su administración como intendente de esa comuna.

En febrero de 1997, ya alejado de la secretaría, fue procesado por el delito de amenazas contra la diputada justicialista Antonia Salino y se le dictó el embargo de diez mil pesos.

El magistrado de esa causa, Roberto Murature, dispuso que se investigara el presunto uso indebido por parte del ex funcionario de patentes oficiales en automóviles.

De su labor legislativa, como diputado nacional, se recuerda el proyecto de ley que presentó en junio de 1995 para autorizar los cambios quirúrgicos de sexo en travestis. La iniciativa no prosperó.

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