Denuncian una estafa con ventas de lotes en un barrio privado de Pinamar
Dos propietarios se presentaron a la Justicia para que se investigue a Pinamar S.A. “por perjudicar a cientos de familias”; desde la firma dicen que tienen el objetivo de “amedrentar”
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LA NACION
PINAMAR.— Diferencias por espacios de uso común en el tradicional barrio La Herradura de Pinamar derivaron en la apertura de una causa penal en tribunales de Capital Federal a partir de la denuncia por estafa que dos propietarios presentaron contra la empresa desarrolladora.
El abogado Diego Pirota recurrió a la Justicia para que se investigue a la firma Pinamar S.A., sus titulares y otros posibles coautores o partícipes por “perjudicar deliberadamente a cientos de familias y obtener así un rédito sideral”, según consta en la presentación que compartió con Eduardo Castiglione, el otro denunciante, y que ameritó la apertura de una causa que recayó en el Juzgado en lo Criminal y Correccional a cargo de Diego Slupski y el fiscal Eduardo Rosende.
Aclaran que si bien son dos los denunciantes, serían más de 300 los perjudicados en referencia al conjunto de titulares de lotes y viviendas en el barrio La Herradura, uno de los proyectos más reconocidos de esta ciudad, que se puso en marcha hace más de 20 años y son parte de los desarrollos impulsados por la empresa de la familia fundadora de esta ciudad balnearia.
El reclamo apunta a la decisión de la empresa desarrolladora de mudar las actuales canchas de tenis y fútbol a otro sector del barrio para disponer de esas tierras como nuevo loteo.
“Los desarrolladores buscan comercializar el área que comprende el sector deportivo para lotearlo y continuar vendiendo lotes individuales”, acusan Pirota y Castiglione. “Un verdadero disparate que evidencia el engaño del que hemos sido víctimas”, remarcan.
Desde Pinamar S.A. aseguraron a LA NACION que esta denuncia tiene por objetivo “un intento de amedrentar o generar presión en un tema que claramente resulta ajeno al ámbito penal”. Y recordaron que estas diferencias estaban abiertas y expuestas en una instancia de mediación con la Asociación de Propietarios del Barrio La Herradura.
Al respecto recordaron que han reiterado los contratos de comodato hasta tanto se acuerde y firme la transferencia definitiva de la cancha de polo, el club house y el área deportiva.
Loteos y propiedades
Pinamar S.A. confirmó a LA NACION que se trata este último de un sector de unos 10.000 m², que cuenta con zonificación para viviendas unifamiliares y se proyecta lotear para futuras propiedades. Y que las canchas de tenis y fútbol que allí funcionan se mudarán a otro sector del barrio, con similares e incluso mayores comodidades y servicios. “Un negocio inmobiliario fenomenal que al parecer no se encuentran dispuestos a dejar pasar”, apuntan los denunciantes.
La empresa desarrolladora ha hecho llegar a los propietarios una comunicación con respecto a esta causa en trámite. Allí les aclara que se intenta “cumplir con los compromisos asumidos, transferir en propiedad las áreas comunes a la Asociación [de Propietarios] y relocalizar el área deportiva a costo de Pinamar S.A., garantizándose en todo momento la disponibilidad de las instalaciones para el uso por parte de los vecinos”.
La denuncia alcanza a firmas Pinamar S.A., IMFI S.A, CAEC S.A, Enrique Guillermo Shaw y Jorge Enrique María Shaw. Según confirmaron fuentes judiciales, en esta causa se encuentran imputados y aclararon que la calificación podría ser estafa o alguna modalidad de defraudación. En el juzgado avanzaron con las primeras medias de prueba que incluyen pedidos de informes al Registro de la Propiedad Inmuebles y al municipio, entre otros pasos iniciales.
Los denunciantes también cuestionan que al momento de salir a la venta este desarrollo, a comienzos de 2003, se presentaba como un barrio privado, con todo lo que ello implica. “Desde siempre el barrio se comercializó de esta manera (es decir, con calles públicas), circunstancia que es de conocimiento público”, respondieron desde Pinamar S.A, más allá del avance de los últimos años con una autorización municipal que “permite el cerramiento del perímetro y el control de acceso al barrio”.
En este contexto también aparecen diferencias pendientes de resolución en cuanto a la citada transferencia de espacios comunes a la Asociación de Propietarios. Pinamar S.A confirma que en los últimos 4 años tampoco se pudo firmar el contrato de comodato por uso de esas instalaciones. “La Asociación se niega a renovar los comodatos por lo que actualmente se plantea una situación irregular de uso y explotación de los inmuebles por parte de la Asociación, sin pago de impuestos y sin un título que los habilite a su uso, con todos los riegos que ello conlleva para los vecinos”, aclaran en una nota que se envió a los vecinos de La Herradura y a la que tuvo acceso LA NACION.
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