Delta. La postal turística que es una pesadilla para los isleños y pronto podría desaparecer

No es fin de semana, pero la estación fluvial de Tigre por la tarde es un hervidero. Allí se concentra el 80% del tráfico de la población de las islas del Delta que todos los días viaja por rutas pavimentadas con agua. Grupos de personas esperan una “colectiva”, las lanchas con casco de madera que son la insignia del lugar y decoran toda postal turística, adornos y recuerdos que los artesanos tigrenses venden en la estación. La bandera argentina ondea sobre la cabina de la que está próxima a partir. Los pasajeros forman fila en la estación y descienden por una rampa metálica hasta el transporte. Dos operarios arriba de la embarcación reciben el equipaje, bolsos, mochilas, bicicletas, bidones de agua, carbón y compras de supermercado que ubican en el techo. Otro asiste a la gente para que no caiga al canal durante el embarque. Un testigo desprevenido imaginaría un éxodo, o personas que se están mudando. No son turistas. Se trata de trabajadores que vuelven a sus hogares después de una jornada laboral, familias que viajan con sus hijos después de ir a la escuela en Tigre, e isleños que fueron al médico del “continente”, el modismo que usan para referirse a la ciudad y la tierra firme. Dentro, al bajar por la escalera hay un dispositivo de SUBE con la luz apagada que los pasajeros ignoran antes de tomar asiento. Una vez llena, la colectiva ruge y su chimenea expide humo negro por el diesel que quema el motor. La lancha viaja por el Sarmiento, un nexo troncal que hace de avenida acuática, deja la ciudad, pasa por el Parque de la Costa y los astilleros y areneros de la zona hasta adentrarse en un humedal selvático. Las ventanas vibran por la presión del agua, contra la madera del casco, que ese día tiene un color leonado ante la subida del Río de la Plata. Un operario que controla los boletos se abre paso entre la muchedumbre y el equipaje del interior. El que no pudo guardarse en el techo de la cabina se acumula sobre una tarima que cubre el sistema de propulsión del embarque ubicado por encima de la línea de crujía. Está caliente al tacto y los bolsos allí apilados también levantan temperatura. El empleado corta a mano los boletos de cada persona para marcar que ya fue chequeado. La lancha se mueve entre los juncos con ritmo cansino y desprende una estela aceitosa. Los pasajeros vociferan. El sonido del motor ahoga las conversaciones y ahuyenta garzas y cardenales a su paso. Se vuelve ensordecedor cuando se hacen las maniobras para levantar nuevos pasajeros de los diferentes muelles de camino hacia el Paraná.

La lancha es una de las 68 embarcaciones de una flota histórica que en 73 años no fue renovada. La imagen que para los no residentes es una postal, para los isleños se trata de un transporte que sufre averías constantes, con horarios de llegada y salida inciertos y frecuencias que se redujeron desde la pandemia. A esa realidad se suman los paros recurrentes de transportistas -casi una huelga por mes-, la falta de dragado en los canales principales y arroyos que inmovilizan el tráfico en la isla y los deja aislados. La red de transporte del Delta se encuentra hoy en crisis. Para la mayoría de los residentes poseer una embarcación propia es una ilusión por los elevados costos de las lanchas, de las amarras y guarderías, así como del combustible. Ser dueño de una lancha no mejora la ecuación. La escasez de surtidores en la enorme extensión de islas instaló una práctica de “contrabando de combustible”, actividad prohibida por la Prefectura por los riesgos que implica, pero que los propietarios confiesan realizar para no quedar varados en las zonas más alejadas. Ante la falta de medios alternativos, toda situación que afecte el transporte público se vuelve crítica: los alumnos no asisten a las escuelas, los trabajadores pierden la jornada y en casos de emergencia no hay garantía de llegar a tiempo a los hospitales. El servicio lo operan pocas empresas que dependen de los subsidios estatales para que el negocio y la rentabilidad se mantenga a flote. Frente al panorama, los vecinos reclaman al Estado que ejecute un proyecto diseñado por la Universidad de San Martín que propone retirar las clásicas lanchas colectivas de madera y reemplazarlas por catamaranes. “Estamos aislados. Seguimos con las mismas lanchas de 1952. No renuevan la flota, viajamos como ganado porque sube más gente de la que tiene que subir. Son muy lindas para el turismo pero para el isleño el sistema se quedó en el tiempo. Con la escasez de combustible se acortó la frecuencia de las lanchas. Cada vez tenemos menos transporte, y menos posibilidades de salir a comprar, ir al médico o tener vida social”, dice Giovanna a LA NACION. La isleña es ayudante terapéutica y reside en el barrio Tres Bocas, uno de los más poblados de la primera sección del Delta, muy concurrido en temporada alta por sus restaurantes. Llegó hace 36 años desde Uruguay y se instaló en la zona. Hace una semana se propuso con la ONG que gestiona llevar a 40 chicos del barrio para que conozcan el Parque de la Costa por primera vez. “Nos subimos a la lancha en el muelle de Tres Bocas y a los pocos minutos se rompió con todos los chicos arriba, más el resto de los pasajeros. Nos quedamos varados media hora en el agua, los chicos ansiosos, hasta que mandaron un refuerzo para pasarnos a otra lancha y poder llegar a Tigre. Se murió el motor, algo que sucede muy a menudo”, agrega Giovanna. Restricciones para movilizarse La isleña relata las restricciones para movilizarse dentro del Delta, sobre todo en situaciones de emergencia. “Si no tenés embarcación propia es imposible moverte. Y tenerla es muy cara. En casos de emergencia médicas tenemos dos lanchas ambulancias para todo el Delta, cuando funcionan, pero si el agua está baja no entran en la mayoría de los arroyos”, cuenta. Giovanna tuvo que ser atendida de urgencia en una oportunidad por un fuerte dolor de pecho que se le manifestó muy entrada la tarde. ”Como la ambulancia no andaba me trasladó la Policía de Isla, que tienen la obligación de hacerlo en los casos que no funciona la ambulancia. Me llevaron hasta el hospital del continente. Después de los estudios, el alta médica me lo dieron a las 9 de la noche. Antes había una lancha colectiva en ese horario, pero la frecuencia ya no existe”, dice. Como no tuvo medio para volver a su casa pasó la noche en un banco de plaza en Tigre, a la espera que retome el servicio de transporte a las 7 de la mañana.

Lidia, tiene 60 es jubilada, reside en el arroyo Espera y vivió la mayor parte de su vida en el Delta. “Las lanchas que ves ahí, yo viajaba en el techo cuando era chiquita y siguen siendo las mismas. Es la misma que usaba mi mamá. Nunca las arreglaron, nunca las renovaron”, cuenta. El transporte es un problema muy grande para los residentes, dice. “El servicio ya era deficiente y durante la pandemia quitaron lanchas que no volvieron a reponer. Los días que hay paros de operarios nos quedamos aislados. Sabemos que al día 4 o 5 de cada mes si no les pagaron a los empleados el sueldo a tiempo van a parar el servicio. Estamos atentos siempre por esas fechas porque seguramente van a parar. Es una práctica que se hizo muy común desde la pandemia”. Para Lidia hay un “Delta turístico” y uno “de vivienda”, con realidades muy diferentes. “Se está dejando caer el Delta para que los que vivimos en la isla lleguemos al momento en que no podamos vivir acá. No tenemos transporte, y no tenemos facilidades ¿En qué otro lugar del mundo hay un Delta como este a solo 40 minutos del microcentro? Se está dando un fenómeno de gentrificación para expulsar al isleño”, denuncia. Con ella coincide Virginia, docente de música en del jardín de infantes 912 del Delta, que conoce en profundidad y experimenta diariamente las afectaciones del transporte al sistema educativo isleño. “Me manejo siempre con el transporte público. El problema es grave. Hay razones naturales, como la niebla, la marea y la falta de agua, y otras que se podrían evitar. Con los paros nunca sabés si es de la patronal, de los marineros, porque falta gasoil, o no se paga el subsidio, pero la realidad es que por una razón u otra no hay servicio y nos quedamos sin clases. El año pasado ocurría, pero este año ya se instaló como una práctica de todos los meses. A veces paran 4 o 5 días seguidos y no se dan clases porque no hay otra forma de llegar. Esos días se pierden. Es un problema porque los chicos comen en la escuela, así que esos días no comen”, dice Virginia. A los alumnos les afecta que haya pocas lanchas destinada para las escuelas, y que la incertidumbre con los horarios hace que tengan que esperar en los muelles durante varios minutos, incluso horas, y en algunos caso no llega nunca.

Un paro extendido por cinco días a principio de abril, motorizado por el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) generó la reacción de los isleños. Decidieron formar una asamblea que reunió en su primera audiencia a 300 vecinos para reclamar a las autoridades. “Esos cinco días fueron para sufrir. No se podía hacer las compras, no se podía ir al hospital, no se podía ir a la escuela. Fue la gota que rebasó el vaso. Nos organizamos como emergencia”, dice Omar Espíndola, miembro de la Asamblea de Vecinos del Delta. Desde entonces participaron en movilizaciones activas frente a la Estación Fluvial y la Dirección Provincial de Islas, que representa al gobierno de la provincia de Buenos Aires en esa zona. Las marchas generaron la intervención del gobierno bonaerense con los armadores (empresas dueñas de las lanchas) para encontrar una solución y abrieron el camino a discutir la reconfiguración de la red de transporte público en reuniones que empezaron a tener con el ministerio de Transporte provincial. En el Delta hay 5 empresas operadoras que controlan 42 rutas. Una encuesta vecinal mostró que más del 90% de los isleños viaja por la empresa Interisleña. El resto lo hace por Líneas Delta y El Jilguero, que realizan recorridos muy específicos. El 90% de las embarcaciones son de madera y tienen una capacidad máxima para 36 pasajeros, aunque es normal que viajen excediendo el límite . El motor se encuentra en la sección media de las lanchas, donde viajan los ocupantes. Son propulsados mediante sistemas de diesel muy antiguos, de alta emisión de gases invernaderos y no cuentan con diseños para transporte de pasajeros con discapacidad. El servicio de lancha -por tramo- tiene un costo de $135 para viajar hasta la primera sección del Delta, la más cercana a la ciudad de Tigre., mientras que ir hasta la zona más remota el precio es de $495. Los isleños cuentan con una tarifa diferencial para residentes que está subsidiada por el estado. El pasaje a la primera sección lo pagan $35 y hasta la última, $125. Uno de los reclamos más inmediatos es la falta de implementación de la SUBE. “Cuando queres pagar con la Sube por más de que está instalado el sistema no te la aceptan. A veces te la aceptan para volver, pero no para ir al continente”, dice Daniel Bracamonte, de 65, periodista e isleño. Desde la empresa Interisleña no contestaron las consultas de LA NACION.

“Se viaja muy mal, todos encimados, amontonados con los bolsos. El sistema de transporte está agonizante. El problema es que agoniza con nosotros arriba. Ya hubo casos de lanchas que se prendieron fuego. Ayer me volví en una a la que le salían chispas”, sostiene Espíndola. Desde la asamblea reclaman que se ejecute un plan de modernización que elaboró la Universidad de San Martín (Unsam) a pedido del gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El diagnóstico preliminar del informe de la Unsam al que accedió LA NACION constató: mal estado de los muelles, los principales arroyos están afectados por las bajantes del río y hace muchos años que no se realizan tareas de dragado para remover los sedimentos acumulados por las corrientes. Sobre el servicio, registraron bajas frecuencias y falta de cumplimiento en los horarios. Falta de comunicación entre usuarios y las empresas. Mala atención personal de las últimas. Problemas con las embarcaciones, en especial averías y daños, relacionados a la antigüedad de la flota, que generan demoras o la pérdida de frecuencias. De una encuesta que realizaron a los usuarios desde la universidad, para recabar en el informe, recopilaron reclamos relacionados con los conductores, con situaciones de maltrato verbal a los pasajeros, malos tratos del personal de las empresas y situaciones reiteradas de falta de detención en los muelles. En cuanto al servicio de lanchas para las escuelas, identificaron que no cuentan con celadores que acompañen a los alumnos en el trayecto. La mayoría de los recorridos son muy largos, en algunos casos los estudiantes viajan entre 3 y 4 horas por tramo para llegar a la escuela. También registraron demoras de hasta una hora con chicos esperando en los muelles con bajas temperaturas. El diagnóstico final de la universidad determinó que para modernizar la flota se necesita cambiar las lanchas clásicas por barcos de tipo catamaran, preferiblemente con diseños de propulsión eléctrica. Desde el ministerio de Transporte provincial sostuvieron a LA NACION que el costo estimado para renovar todas las embarcaciones es de US$50 millones. La falta de dragado en los canales y arroyos llevó a los vecinos a cotizar por su cuenta un presupuesto con una empresa privada. Desistieron de avanzar porque el valor por la tarea -que requiere estudios de impacto ambiental y tareas de sanamiento antes de pasar la draga - implicaba un desembolso de US$800.000. Para los operarios de las lanchas la falta de dragado es el principal problema que afecta a la red de transporte, porque las embarcaciones no pueden llegar a la mayoría de los arroyos que se están volviendo innavegables y solo entran lanchas particulares de muy poco calado. En cuanto a la problemática del pago de sus salarios fuera de término y las medidas de fuerza adoptadas, LA NACIÓN se comunicó con Guillermo Centurión, secretario de la seccional de San Fernando del S.O.M.U, que regentea toda la zona del Delta, buques areneros, de La Plata a Zárate. “El tema de las lanchas está muy latente, hace bastantes años que venimos con este problema. Las empresas aducen que les llega tarde el subsidio, que no llegan a cubrir toda su estructura de costos. Cuando el subsidio no les llega a las empresas, nosotros no cobramos los salarios. Cuando no pagan a tiempo tomamos una medida de acción directa, haciendo una retención de tareas hasta que aparezcan los salarios de los trabajadores. Para nosotros no es grato llegar a estas medidas, porque sabemos el inconveniente que es que perjudica a la gente de la isla, los chicos que no pueden ir al colegios y también a nivel sanitario, pero tenemos que llevar adelante estas medidas de acción para ser escuchados y se nos pague”, dice. También se refiere al estado de las lanchas: “pasaron a ser obsoletas, son lanchas artesanales de muchos años, cada vez que salen a seco los trabajos de mantenimiento lo hacen artesanos porque la madera hay que trabajarla en el estado natural que tiene la embarcación. Que renueven la flota sería importantísimo para el sector, los usuarios y los trabajadores. Gastan mucho combustible. Hubo accidentes, se incendiaron lanchas con gente a bordo por los motores que están en la mitad de la embarcación donde los pasajeros viajan habitualmente”.

LA NACION también se comunicó con Jorge D´Onofrio, ministro de transporte de la Provincia de Buenos Aires. “Hoy tenemos un sistema preparado para cuando habían 60.000 habitantes en el Delta y hoy viven 12.000. Ahí tenés la primer causal en el deterioro con lo que tiene que ver con el transporte público en el Delta. No hay empresas que puedan hacer rentable el negocio. Por eso en tantos años no se renovó el parque flotante. No hay la actividad económica que había en otras épocas, no existe la población que iba a trabajar a las islas, antes tenías producción frutícola y hasta ganadera. Salvo la maderera, no hay prácticamente ningún tipo de producción interna. Llevar energía a la zona también es complicado y costoso”, explicó. D`Onofrio señala que los subsidios que reciben las empresas de lancha colectiva representan el 30% del total de sus ingresos. El otro 70%, lo obtienen del servicio transporte escolar, que en parte también lo subsidia la provincia. De acuerdo con el ministro proyectan inyectar más subsidios al sector. “Es un tema político que se mezcla con lo socio ambiental”, sotiene Martín Nunziata, ecologista y vecino histórico del Delta, que impulsó acciones para que se declare la zona como un humedal. “Las lanchas son del siglo pasado. Son todas muy viejas y de los mismos empresarios y sus hijos que fueron heredando las empresas. Por eso tienen las mismas mañas y se resisten a cualquier intento de cambio o mejora, inversión y actualización. El transporte público acá no está declarado esencial, lo que quiere decir que a diferencia de otros lugares, acá cuando hay huelgas no hay ningún medio alternativo en el cual viajar. No podemos caminar arriba del agua”, dice Nunziata.