Declaró el periodista Salinas López ante el juez Garzón
MADRID.- El periodista argentino Juan José Salinas López declaró ayer ante el juez Baltasar Garzón que "hay un claro hilo conductor entre los crímenes de lesa humanidad perpetrados" por la última dictadura militar y los atentados posteriores contra la embajada de Israel en Buenos Aires y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
Salinas agregó que los responsables de ambos atentados fueron encubiertos por jefes policiales que hoy ocupan cargos importantes en el aparato de seguridad argentino y que tomaron parte "de lleno" en la guerra sucia.
El atentado contra la embajada se produjo el 17 de marzo de 1992 y causó 28 muertos y unos doscientos heridos. El atentado contra la AMIA tuvo lugar el 18 de julio de 1994 y hubo que lamentar 86 víctimas fatales y cerca de trescientos heridos.
Salinas, que investigó ambos atentados con el patrocinio de la AMIA durante tres años, acaba de publicar sus conclusiones en un libro ("AMIA. El Atentado. Quiénes son los culpables y por qué no están presos") editado por Planeta de Argentina.
La publicación, entregada a Garzón con otros materiales, forma parte del testimonio del periodista en el juicio que el juez instruye sobre los desaparecidos españoles durante la dictadura militar en la Argentina.
Salinas denunció ante Garzón a una serie de jefes policiales y militares vinculados, supuestamente, con el empresario postal Alfredo Yabrán y a grupos y logias policiales de extrema derecha que, explicó, detentan enorme poder en la Policía Federal y la policía de la provincia de Buenos Aires.
Según Salinas, "el atentado contra la AMIA supuso el relevo de toda la plana mayor de la Policía Federal y la entrada en escena de una nueva cúpula encabezada por el comisario Juan Adrián Pelacchi", a quien también vincula con el empresario telepostal.
Yabrán y Al Kassar
Entre los personajes más señalados por Salinas en relación con ambos atentados se cuentan Yabrán y Monzer al Kassar. "Yabrán es sospechoso de haber coordinado las operaciones de encubrimiento puestas en ejecución para evitar que se individualice y detenga a los terroristas que atentaron contra la AMIA -afirmó-. Al mismo tiempo, crece la sospecha de que Monzer al Kassar pudo haber sido el autor intelectual del atentado. Y también que Al Kassar y Yabrán integran una misma internacional del crimen".
Salinas recordó al juez Garzón que éste detuvo en Madrid, en 1992, a Monzer al Kassar y al ciudadano chileno-bosnio Yamal Edgardo Batich ("fichado por la DEA como narcotraficante y comerciante de armas").
Garzón encarceló a ambos, en efecto, bajo la acusación de "colaboración con banda armada, tenencia ilícita de armas, asesinato frustrado, falsificación de documentos públicos, tráfico de autos robados y contrabando de metales y piedras preciosas".
Sugestivamente, fue el actual fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, que hoy cuestiona la legalidad del juicio que instruye Baltasar Garzón sobre los desaparecidos en la Argentina, quien acusó a Monzer al Kassar, en 1992, como recordó este viernes el diario barcelonés La Vanguardia. Y lo hizo, afirmó el diario, "utilizando argumentos totalmente contrarios a los que ahora sostiene".
Controversia
Fungairiño, que esta semana justificó por escrito los golpes de Estado de la Argentina (1976) y Chile (1973) y provocó reacciones airadas en la judicatura y un escándalo político mayúsculo, alega que la legislación española no contempla que un juez local pueda juzgar a extranjeros por hechos ocurridos fuera de España, aunque se trate de delitos tipificables como genocidio.
Sin embargo, en 1992, Fungairiño impulsó el procesamiento de Al Kassar argumentando que la justicia española era competente para juzgar a un ciudadano sirio al que se creía cómplice en el asesinato de un norteamericano que viajaba a bordo del Achille Lauro, un barco italiano secuestrado por un comando palestino en aguas internacionales del Mediterráneo. Al Kassar, se creía, fue quien proporcionó las armas al comando en cuestión.
En aquel juicio, el tribunal español fue considerado competente por todo el mundo, y Fungairiño, vinculando a Al Kassar con el fundamentalismo islámico, argumentó que el terrorismo es un delito de jurisdicción internacional, lo mismo que hoy sostiene el juez Baltasar Garzón.
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