Decibe insiste: la solución es el arancelamiento

La ministra de Educación, Susana Decibe, propuso a los rectores de las universidades nacionales "emitir señales concretas" para mejorar sus arcas presupuestarias y los instó a no abroquelarse detrás de "las reglas de oro de la autonomía universitaria y la gratuidad". Sugirió el arancelamiento o el aporte voluntario del estudiantado como vías alternativas para descomprimir los alicaídos presupuestos de las universidades públicas.

Ayer, durante la reunión del Consejo Interuniversitario Nacional, donde los resultados de la reunión fueron informados por los integrantes del comité ejecutivo al resto de los rectores nacionales, no hubo reacciones unívocas frente a la sugerencia ministerial. Aunque más allá de sus adhesiones ideológicas, los académicos refirmaron su voluntad de hacer prevalecer la autonomía y no mostraron voluntad de arancelar los estudios universitarios.

El rector Oscar Shuberoff, uno de los más críticos contra la política universitaria del Gobierno, no estuvo en la reunión por encontrarse en los Estados Unidos.

El CIN dio mandato a su comité ejecutivo para elaborar un documento sobre la situación prespuestaria de las universidades nacionales. Asimismo, en un plenario por realizarse antes de fin de mes, los rectores debatirán la convocatoria a una audiencia pública, con la presencia de los medios de comunicación y los legisladores.

Ofensiva propuesta

La convocatoria propuesta tiene dos objetivos: uno social y otro político. "Se trata de informar a la opinión pública sobre el compromiso de las universidades nacionales con el proceso de transformación del país, así como participar activamente en el aporte de soluciones a las graves crisis sociales en el país", dijo a La Nación el rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Alberto Cantero Gutiérrez.

"Esto significa que podemos poner la tecnología y la ciencia al servicio de nuestro pueblo, para contribuir a la solución de los problemas sociales. Y para esto debemos contar con más recursos", añadió.

El rector, uno de los oradores más entusiastas junto con el radical Hugo Storero, de la Universidad Nacional del Litoral, reflexionó en voz alta si la respuesta del ministerio sería: "Quédense con el arancel, si los rectores exhibimos un plan concreto de acciones para aportar nuestras soluciones en la actual situación social del país".

Subrayó luego que "el Gobierno podría contratar nuestros servicios, en lugar de las consultoras. Debemos evitar las trampas. En la desesperanza todo se vende".

También el rector de Mar del Plata, Jorge Petrillo, confirmó que "la propuesta de la ministra fue la de pedir una contribución voluntaria de unos 20 pesos mensuales por alumno. Desde el CIN debe partir una estrategia común para el futuro. La audiencia pública es una buena iniciativa para que los legisladores conozcan nuestra situación antes de votar el nuevo presupuesto".

Cuando todavía se discuten los magros recursos del presupuesto en ejercicio, Storero expuso su temor por el del año próximo. "Temo que lleguemos al 30 de junio con las puertas cerradas para sensiblizar a los legisladores que deben votar la ley de presupuesto", dijo el rector más firme a la hora de defender la idea de la audiencia pública.

Por cierto, los rectores afines al oficialismo dieron versiones diferentes de las de sus pares radicales. En principio, defendieron la gratuidad de la enseñanza universitaria, pero con otros matices.

Puntos de vista

El rector Carlos Alberto Petignat, de la Universidad de Lomas de Zamora, estimó que "hubo interpretaciones personales de algunos colegas. La ministra no habló de arancelar, sino que sugirió cuáles son los esfuerzos por plantear para obtener más recursos. Fue cuando dio el ejemplo del aporte voluntario de los alumnos".

En igual sentido, el titular de la Universidad de La Matanza, Ernesto Cartier, dijo que "no hubo sugerencia de arancelamiento. Defendemos la autonomía y la gratuidad universitaria y no tenemos pensado arancelar. El conglomerado urbano donde está ubicada nuestra universidad es mayoritariamente careciente. Nuestras necesidades superarían el aporte de los voluntarios".

Varios rectores reiteraron la necesidad de que el Gobierno cumpla con la ley federal de educación, que prevé duplicar en cinco años la inversión en educación, a un ritmo del 20% anual. En la reunion de anteanoche, la ministra había rechazado hacerse cargo de "las deudas de gestiones anteriores". En realidad, la deuda proviene del incumplimiento de la ley.

Otro de los conflictos abordados por el CIN fue la demora en el envío de las partidas globales a algunas universidades, correspondientes a abril y mayo últimos.

"Son fondos afectados al pago de servicios. Hay universidades que no recibieron los recursos de abril y mayo, y otras recibieron todos sus fondos en término. Creemos que se produce un desequilibrio en el trato de las casas de estudios", dijo el rector Storero.

Como se advierte, el ahogo financiero parece agudizarse, conforme caen las hojas del calendario electoral.

La ministra recibirá hoy a la FUA

En plena controversia por el arancelamiento, la ministra Susana Decibe recibirá hoy, a las 10, al presidente de la Federación Universitaria Argentina, Rafael Veljanovich.

Ambos habían mantenido durante las últimas semanas un duro contrapunto político, luego de la marcha educativa nacional, que se suavizó en el programa "Puntos de vista", conducido por Nelson Castro por Radio Del Plata, donde ambos fumaron la pipa de la paz.

Consultado sobre la propuesta oficial del arancel, Veljanovich expresó que "se vulnera la gratuidad de la educación consagrada en la Carta Magna como responsabilidad del Estado. Por esta vía se desalienta el acceso a la Universidad de los sectores más carecientes, al tiempo que se consagra la desigualdad de oportunidades".

"Mejor sería -continuó- que el Gobierno dijera que la meta es no financiar más al sistema educativo, a lo cual conduce el desfinanciamiento".

Una sugerencia compulsiva

Presupuesto: los rectores recibieron anteanoche, en el despacho de la ministra, el pedido para establecer contribuciones voluntarias en los estudios universitarios de grado.

En el encuentro con los rectores, junto con la sugerencia de cobrar arancel, la ministra Susana Decibe transmitió el compromiso de que ello no implicará liberar al Estado de la responsabilidad de atender la enseñanza universitaria.

Así lo confirmó a La Nación el secretario de Políticas Universitarias, Eduardo Sánchez Martínez, quien recordó que la ley de educación superior prevé la incorporación del arancel.

"Los rectores plantearon las dificultades económicas que tienen para atender los salarios docentes y los gastos de funcionamiento, y la ministra les pidió un esfuerzo solidario para mejorar la situación de los docentes", explicó Sánchez Martínez a La Nación , al reconstruir el encuentro de Decibe con el comité ejecutivo del CIN.

La reunión se prolongó durante una hora, anteanoche, en el despacho de la ministra y concurrió el comité ejecutivo del CIN, integrado por su presidente, Carlos Arenzo (La Pampa), y los rectores Hugo Storero (Litoral), Esther Picco (San Luis), Luis Nicolini (Centro de la Provincia de Buenos Aires), Carlos Petignat (Lomas de Zamora) y Luis Delfederico (Misiones).

Sánchez Martínez aseguró que en la reunión con los rectores no hubo manifestaciones de carácter ideológico o doctrinario por la sugerencia oficial de aplicar aranceles.

Compromiso no cumplido

"El Gobierno es consciente de que la recaudación que se podría obtener a través de una contribución estudiantil sería inferior a lo que necesitan las universidades, pero en tiempo de escasez de fondos, ayudaría", precisó el funcionario.

El responsable del área universitaria en el equipo de Decibe admitió que el aumento del presupuesto para la enseñanza superior es una deuda que se mantiene desde hace dos años.

Reveló, así, que en el presupuesto de 1995 se estableció una cláusula en la que el Gobierno se comprometía a incrementar los recursos asignados a las universidades en el ejercicio del año siguiente, promesa que no se cumplió.

"Los recursos para este año asoman los $ 1600 millones y los rectores piden $ 1840 millones", graficó Sánchez Martínez, al explicar que la intención de las universidades es recomponer los salarios de los profesores con dedicación simple, que son críticos y representan más del 70 % de los 100.000 docentes que integran la planta académica de las 36 universidades nacionales.

Destacó, al respecto, la contribución voluntaria de 8 pesos mensuales que paga la mayoría de los estudiantes de la Universidad de Córdoba, que ayuda a cubrir la atención de los servicios destinados a los estudiantes, como la biblioteca y el equipamiento informático.

"La ministra prometió pelear en el Gabinete por más presupuesto, pero el primer paso lo deben dar los rectores, con una actitud solidaria", interpretó el secretario de Políticas Universitarias, al transmitir una decisión que muchas universidades, las más reacias a la política oficial, percibieron como una condición compulsiva.

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