“Deberíamos haber salido con nuestros hijos”: en Córdoba, familiares de los bebés fallecidos reclamaron justicia y coparon el hospital
Liderados por el legislador García Moritán, ingresaron y fueron recibidos por el interventor; varias madres ya declararon ante el fiscal, quien rechazó a la gobernación como querellante
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CÓRDOBA.– “Desde acá deberíamos haber salido con nuestros hijos. Deberíamos haberlos tenido en nuestras casas. Pedimos justicia, que se investigue hasta el final. Es desgastante seguir poniendo el cuerpo y seguir peleando por justicia”. La que habla es Vanesa Cáceres, madre de uno de los bebés que falleció tras haber nacido sano en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba. La causa judicial avanza, con cinco muertes sospechosas entre más de diez analizadas, ocurridas entre marzo y junio pasados.
Las familias que perdieron a sus recién nacidos y sus allegados realizaron esta mañana un abrazo solidario al Neonatal pidiendo “justicia” y “respuesta” a las autoridades provinciales y a los Tribunales. Entre los carteles que llevaron los participantes del reclamo se leían mensajes como “Vamos por todo”, “Queremos respuestas”, “Justicia por todos los angelitos” y “Que no haya impunidad”.
Fran, el hijo de Cáceres, es el primer bebé que murió de manera sospechosa. Hoy, al lado de Vanesa estaba Raúl Calderón, el único padre presente en el “abrazo”. Otros cuatro fallecimientos permanecen bajo la lupa de la investigación, las dos últimos ocurridos el 6 de junio pasado. Ese día marcó un punto de inflexión.
“Nos parece una burla”, fue la respuesta de Cáceres cuando le consultaron por la decisión del gobierno provincial de ser considerado querellante en la causa que lleva adelante el fiscal Raúl Garzón. El pedido fue rechazado este mediodía. “A esta altura de la investigación, ha sido inadmitida”, indicaron.
Anoche, en un comunicado, la gobernación afirmó que ya puso y “mantendrá, como corresponde, la disposición total de brindar cualquier elemento que requiera el fiscal para aportar un pronto esclarecimiento de los hechos, incluyendo agentes y personal”.
Respecto de las hipótesis en el expediente judicial, que ponen a una enfermera en el centro de la escena, los familiares que se reunieron esta mañana en el reclamo aseguraron que ya no confían en “nadie. Todos son sospechosos”, indicaron. El abrazo no fue masivo; se limitó a familias y amigos de las familias involucradas.
Valentina Perea es tía de una beba que nació el 4 de setiembre de 2021. “Mi hermana estaba bien, empezó con dolores de parto. Supuestamente la beba nació muerta; nunca dieron la cara para darle explicaciones. Habían sentido los latidos pocos minutos antes de que naciera. Por eso venimos a pedir justicia”. La madre se sumará a quienes ya presentaron denuncias.
La presencia de cantidades elevadas de potasio en dos cuerpos revelada por sendas autopsias es lo que hace pensar a los investigadores que no se trata de mala praxis, sino de una acción intencional. Además, los bebés tenían marcas de pinchazos. Una tercera criatura, que sobrevivió el 6 de junio, pero necesitó internación durante un mes, tenía también –según indicó la abogada de la familia– altas cantidades de potasio y un hematoma en la espalda.
Ingreso a la guardia
En medio de la protesta de los padres, llegó al hospital el legislador porteño Roberto García Moritán (Republicanos Unidos), quien estaba en Córdoba por un encuentro relacionado con su actividad político. Pidió la presencia del fiscal –a quien calificó de “cobarde”– y del gobernador Juan Schiaretti. Con su ingreso al lugar, también entraron los familiares reunidos afuera.
La policía intentó evitar los tumultos, pero al final la gente entró pidiendo explicaciones. El interventor nombrado en el Neonatal tras el desplazamiento de la directora y la subdirectora a raíz de los hechos, Esteban Ruffin, recibió a los familiares que terminaron llegando hasta su oficina. Dijo que todo el equipo directivo que lo antecedió estaba en conocimiento de las muertes y “nunca obstruyó” la investigación. Evitó dar más detalles, al plantear que la Justicia sigue ahora la causa y es la que deberá dar las respuestas.
En silencio, también habían estado con los padres el legislador cordobés radical Marcelo Cossar y Soledad Díaz, dirigente del Partido Obrero.
El detonante de las denuncias
Ese 6 de junio, el médico de guardia se negó a firmar los certificados de defunción sin autopsias de por medio y así llegó la situación a la Justicia. Recayó en la fiscalía de Jorgelina Gutiez y ahora se unificó con la investigación de Garzón, que comenzó días después. Según sostuvo él, por la presentación de un “particular”. Esas son las autopsias que existen hasta el momento.
Las madres de los bebés muertos ya comenzaron a declarar ante la Justicia. Aunque desde la gobernación indicaron que la investigación empezó con la muerte del 18 de marzo, las familias damnificadas plantean que se “ocultó información” y que se debería haber dado un “alerta” para evitar más casos.
Todo indica que la evaluación de casos que primero se iba a extender a inicios de este año, alcanzaría también a 2021. En promedio, por mes, en el Neonatal fallecen unos tres bebés, según datos del Ministerio de Salud provincial. Las madres y familiares de las criaturas cuyas muertes están en investigación sostienen que nunca nadie los llamó desde el hospital para darles explicaciones.
En un primer momento, los empleados separados del cargo fueron 40; después, la restricción se mantuvo con 23 y ahora quedan nueve. Se trata de quienes participaron en los partos y/o controles de los fallecidos. Desde la Justicia insisten en que, por ahora, solo tienen “indicios” y no se pueden hacer imputaciones; ya trabaja un equipo de forenses para tratar de aportar más certidumbre.
Reclamo de JxC
Por su lado, Juntos por el Cambio Córdoba emitió un comunicado en el que pide las “renuncias pertinentes del caso al Ministro de Salud como máximo responsable de los hechos y al plantel directivo” del Neonatal, “además de las instrucciones necesarias para conformar una Comisión Externa, que “detalle verdaderamente cómo sucedieron los hechos, quienes están involucrados y las responsabilidades que le caben a cada uno de ellos”.
“¿Dónde estaba el Comité de Vigilancia de Mortalidad Infantil creado en Córdoba por resolución ministerial...? El Comité de Mortalidad Hospitalaria, Materna y Perinatal es el responsable de analizar y correlacionar la causalidad de la mortalidad hospitalaria en general, la materna y perinatal en particular, y establecer estrategias específicas para su reducción, previsibilidad y evitabilidad. Qué medidas implementaron..?”, se preguntan.
Agregan: “¿Cómo se explica la reciente participación del Ministerio Público y la Justicia ante una denuncia particular? ¿Es la investigación administrativa el medio para dilucidar posibles homicidios en serie? ¿Cómo es posible que una investigación de inusitada gravedad pueda ser llevada a cabo por probables implicados? ¿No existe un incumplimiento de los deberes de funcionario público que, al menos desde el mes de junio, han ocultado la complejidad de los hechos? ¿Por qué el nombramiento de un funcionario con título de abogado, en el mes de junio, cuando confirmaban que se estaba ante muertes que no se podían explicar aisladamente?”.
También los diputados nacionales de esa alianza solicitaron la intervención en el caso de Marisa Graham, defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes. “La gravedad de los hechos, abonada por escasa claridad del gobierno provincial en el manejo de información, evidencia deficiencias en el sistema de atención sanitaria de Córdoba. Esto atenta contra los derechos infantiles protegidos por la Constitución Nacional y por la Ley 26.061″, consignó la titular de la comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara baja, Roxana Reyes.
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